Caso 'Celu': Pablo Celi seguirá con arresto domiciliario por nuevo proceso penal

Al tercer intento, la tarde del 25 de junio de 2024, en la CNJ se desarrolló la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Celu. Los procesados son Pablo Celi y Luis Miño, excontralor y exdirector de Responsabilidades en la Contraloría.

Al concluir la diligencia, el juez de la causa acogió el pedido de la Fiscalía y dictó arresto domiciliario para el excontralor Celi por su condición de adulto mayor. El exfuncionario ya mantiene esta medida debido a una condena de 13 años de cárcel por delincuencia organizada en el caso Las Torres.

Además, el juez del caso Celu dictó prisión preventiva para Miño. Y ordenó la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes, por USD 50.000, informó el Ministerio Público.

En la diligencia, la fiscal Diana Salazar presentó los indicios recopilados en la etapa de investigación previa, que apuntan a Celi y Miño, quien era uno de sus hombres cercanos en la entidad de control.

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La teoría de la Fiscal

En el arranque de la audiencia, la fiscal Diana Salazar precisó que, además de Celi y Miño, en la causa también es investigado Hans Coloma, otro exfuncionario de la Contraloría General, que también habría participado en la trama del desvanecimiento de la glosa a favor de la telefónica móvil Conecel (Claro).

La funcionaria recordó que, en los últimos años, la Contraloría ha sido víctima de intereses particulares y que sus autoridades han alejado a la entidad de su rol como tribunal de cuentas del Estado, convirtiéndola en un "centro lobista de desinstitucionalización del país".

Salazar relató que, en septiembre de 2018, la Contraloría emitió un informe de auditoría sobre un examen especial a la adenda para la adjudicación de la frecuencia adicional a favor de Claro, que constaba el contrato original.

Con base en ese informe, según Salazar, se estableció una responsabilidad civil o glosa por USD 111,9 millones, ya que el costo de las bandas adicionales debió ser de USD 291 millones y no de USD 180 millones, que fue el monto aprobado por el Ministerio de Telecomunicaciones y la Arcotel de la época.

Es decir, la diferencia de precio que era de USD 111,9 millones fue considerado como un perjuicio para el Estado, que debía ser cubierto por los involucrados públicos y privados en ese proceso contractual.

Consultorías a la carta

Tras la predeterminación de la glosa por parte del equipo auditor, la sanción debía ser ratificada por la Dirección de la Responsabilidades, que en esa época era dirigida por Luis Miño. Además, se requería la firma del Contralor General del Estado.

En medio de ese proceso de análisis para la ratificación o el desvanecimiento de la glosa, dijo la fiscal Salazar, los responsables intentaron justificar la rebaja en el precio del contrato. Es así que Claro había introducido informes de tres consultores contratados la misma empresa.

La conclusión de esos informes fue que ya era no procedente la determinación de las bandas a raíz del contrato original, por lo que la diferencia de la glosa ya no era aplicable.

"Este acto fue el inicio de las influencias para desvanecer glosa"

Diana Salazar

Ese caso habría recaído, vía sorteo, en el escritorio de Nelson V., quién era analista de Responsabilidades en la Contraloría. Sin embargo, este exfuncionario se negó a desvanecer más glosas, pese a los pedidos de Miño y Coloma, ya que argumentó que las consultorías presentadas por Claro estaban en copias simples y era imposible certificar su validez y legalidad

Según su versión, Nelson V. habría sido convocado por Miño y Coloma a una reunión, en la que le pidieron explicaciones por haber preparado un proyecto con el que se ratificaba la glosa. Y le dijeron que, por disposición de Pablo Celi, se debía eliminar la predeterminación.

Sin embargo, el analista se habría negado y fue sacado de la oficina de Miño con un descontento notorio. Dos semanas después fue cambiado de puesto de trabajo y tiempo después desvinculado definitivamente de la Contraloría General del Estado. Incluso, Nelson V. dijo que se reunió con Celi y que este le había dicho que esa glosa era un "exceso" de los auditores.

Ya sin Nelson V. en el medio, Miño y Coloma habrían ejecutado el desvanecimiento de la glosa, decisión que tiene la firma del entonces contralor Pablo Celi. "Todos los ejercicios de influencia se ejercieron bajo el amparo de Pablo Celi de la Torre y se canalizaba a través de Miño hacia sus subalternos", dijo Salazar.

Según Coloma, una vez que Nelson V. fue separado del caso, Miño le entregó un proyecto de resolución con el que se eliminaba la glosa y le indicó que lo analizará a la brevedad, ya que por orden de Celi esa decisión tenía que salir en un plazo de 24 horas.

Los chats de Celi

Durante la exposición de los elementos de convicción, la Fiscalía informó tiene en su poder la transcripción de un chat entre el excontralor Pablo Celi y una exfuncionaria de la Contraloría llamada Daisy G.

Ella fue directora de Auditoría Interna Gubernamental, supervisora de Responsabilidades Civiles y administradora de Gestión de Responsabilidades Administrativas. Era la supervisora directa de Nelson G.

Daysi G. estuvo en la entidad hasta noviembre de 2020. Un mes después de su salida, el día de Navidad, la exfuncionaria expresó su gratitud a Celi a través de un mensaje de chat y se despidió asegurando que no entendía las razones de su desvinculación. Celi no respondió.

Tres meses después, el 25 de marzo de 2021, la exfuncionaria le volvió a escribir. En esta ocasión, la mujer le reclamaba al Contralor porque su hija y su sobrino también fueron despedidos. Su despido, relataba la exfuncionaria, le había provocado una dura crisis y tuvo que emigrar hacia Estados Unidos.

"Pese a esto jamás me atrevería a morder la mano de quien, en su momento, me dio de comer. (…) jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada, de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó y aun en el caso de Claro que sé que está en la Fiscalía", le escribió la exfuncionaria a Celi.

Tras su exposición, la fiscal Diana Salazar pidió que se ratifique el arresto domiciliario que pesa en contra de Pablo Celi por los casos Las Torres y China CAMC. Mientras que para Miño, que aún es funcionario de la Contraloría, solicitó prisión preventiva.

La respuesta de los procesados

Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, no se refirió a los alegaciones hechas por la Fiscal en contra de su cliente. Tampoco tuvo reparos con el pedido de arresto domiciliario. Su postura fue respecto a las medidas cautelares de carácter real, con las que Salazar pidió el congelamiento de las cuentas de Celi.

Ron pidió excluir de ese pedido una cuenta en específico, ya que en esa el excontralor recibe ahí su pensión jubilar, que es su "único medio de subsistencia". Agregó que las pensiones son un derecho inviolable.

Por parte de Luis Miño, el abogado Teodoro Coronel expuso que su representado sigue siendo funcionario de la Contraloría. También recordó que Miño ya fue detenido por el caso Las Torres, en el que rindió versión y se convirtió en testigo protegido.

Por lo que desde el 28 de abril de 2021, Miño forma parte de Programa de Protección a Víctimas y Testigos, ya que la información entregada fue importante para obtener la sentencia de 13 años de cárcel en contra de Pablo Celi y otros.

Ademas, Coronel indicó que su cliente tiene un nivel de riesgo del 32% debido al testimonio en el caso Las Torres. También señaló que el funcionario ha acudido a todos los llamados de la Fiscalía para versiones y diligencias en varias investigaciones.

Por esta razón, el abogado defensor pidió descartar el pedido de prisión preventiva en contra de Luis Miño y que en su lugar se dicten medidas alternativas como la presentación periódicos y la prohibición de salida del país.

La versión de Claro

El 25 de junio de 2021, cuando se difundieron los primeros indicios de este caso, PRIMICIAS consultó a Conecel, a través de un correo electrónico, su versión sobre estas presuntas irregularidades.

Entonces la empresa Claro respondió asegurando que "no tuvo participación ni injerencia, en la determinación de las condiciones económicas, técnicas y legales para dicha asignación de espectro, mismas que fueron definidas por el Estado ecuatoriano en su totalidad".

Y que si bien inicialmente se determinó una glosa por este contrato, luego de evaluar las pruebas aportadas a través de la intervención de expertos internacionales para la validación del proceso, la Contraloría desestimó la predeterminación.