Conflicto entre la CTE y los consorcios que operaban los radares en carreteras se resolverá en arbitraje

Casi cinco meses después de que el Gobierno denunciara supuestas irregularidades en dos contratos de delegación de radares para la red estatal vial, adjudicados por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el problema aún está lejos de resolverse. Los consorcios que tenían la delegación han entrado en un proceso de arbitraje por la suspensión de sus contratos.

Esos contratos para la operación de radares fueron adjudicados en julio de 2023, en el Gobierno de Guillermo Lasso, a los consorcios Seviecu y Ecutransit y preveían la instalación de 232 radares en todo el país, para el control de velocidad y emisión de multas.

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Sin embargo, el Secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, denunció supuestas irregularidades en junio de 2024 y, desde entonces, los contratos están suspendidos. Hasta ese punto, Seviecu había instalado tres radares, y Ecutransit, 36. 

Los consorcios se defienden, y a su favor tienen un informe de la Procuraduría que dice que el proceso de delegación fue el correcto. Y, por ello, ahora piden que la CTE responda por sus acusaciones.

La posición de Seviecu

Pedro Maldonado, gerente del consorcio Seviecu, aseguró a PRIMICIAS que el contrato se encuentra suspendido por "una disposición arbitraria de CTE sin fundamento legal ni contractual". Por esa razón, activaron la clausula contractual de solución de controversias.

La CTE fue citada primero a una mediación, pero no acudió. Por lo que, actualmente, están en fase de arbitraje, "de lo cual resultará en una posible indemnización del Estado en favor del privado por incumplimiento de contrato", aseguró Maldonado.

Seviecu considera que la suspensión no tenía ninguna razón de ser. Maldonado explica que la denuncia de Neira nació de una investigación del asambleísta oficialista Adrián Castro, que señala que el proceso de delegación del servicio de los radares debía tener aprobación de la Secretaría de Alianzas Público Privadas. Pero, esto ya fue descartado por la Procuraduría en su informe.

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Maldonado también cuestiona que Neira asegurara que los recursos obtenidos de las multas debían haberse destinado a proyectos de seguridad vial. Pero esto era competencia de la misma CTE, no de los consorcios que operaban los radares.

Según Maldonado, Seviecu no ha cobrado "ni un centavo" de las multas que sus tres radares emitieron en los nueve meses que estuvieron en operación, aunque la inversión que hicieron es de más de USD 1,5 millones. Por el contrario, advierte que han prescrito una gran cantidad de multas que no fueron notificadas a infractores, lo cual genera un perjuicio al Estado y a Seviecu. Esto ya fue notificado a la Contraloría.

Más allá de los problemas y denuncias

La organización Justicia Vial presentó, el 26 de septiembre de 2024, una acción de protección para revertir la suspensión a los radares a escala nacional. En el escrito, firmado por Guillermo Abad, pide que se reactiven los controles de velocidad y se cese el proceso de terminación de los convenios con los gobiernos autónomos para el uso de radares.

Abad justifica su pedido con cifras de los accidentes de tránsito en el país. Argumenta que en 2023 hubo 20.994 siniestros de tránsito, lo que derivó en 18.605 heridos y 2.373 fallecidos, es decir que hubo un lesionado cada 28 minutos y un muerto cada cuatro horas.

El escrito señala que, a pesar de esta alta siniestralidad, no hay una "política pública adecuada que permita disminuir este grave problema", y por el contrario, la CTE, la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Transporte incumplen con la Ley de Tránsito al anular los controles a través de medios tecnológicos (radares).

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Abad especifica en la acción de protección que los radares han demostrado ventajas, entre ellas la reducción de siniestros, el cumplimiento de límites de velocidad, prevención y disuasión, y además proveen datos para hacer análisis.

"No usar estos dispositivos viola la seguridad jurídica como una certeza mínima a lo que los ciudadanos tenemos derecho para circular seguros en las vías", asegura el documento.

La acción de protección busca mantener activos los controles a través de radares, emitir sanciones por exceso de velocidad, que se realice una planificación nacional de control de tránsito y que se mantengan los convenios con los GAD para que puedan usar radares.