Contralor entrega informes sobre Progen y ATM a Asamblea, mientras se cae pedido de juicio político

El contralor General del Estado, Mauricio Torres, entregó este martes, 5 de agosto de 2025, los informes sobre los exámenes especiales realizados por este organismo frente a los fallidos contratos eléctricos con Progen y con Austral Technical Management (ATM).

En su comparecencia, que tomó hora y media, Torres detalló las irregularidades detectadas. En el caso de Progen, el perjuicio asciende a USD 100 millones por los contratos para instalar generadores en Quevedo y El Salitral.

Aunque Torres dijo que la ley le impide revelar nombres, sostuvo que las responsabilidades recaen en el gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y los gerentes de las unidades de negocio de ElectroGuayas y TermoPichincha.

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"Las responsabilidades recaen en el gerente general y también en los gerentes de las unidades de negocio, porque son ellos los que se encargan de la contratación", respondió, al ser interrogado por los asambleístas sobre la participación de ministros. 

"Ya en el ámbito penal, las investigaciones podrán determinar quién adicional puede haber tenido responsabilidades, pero en nuestro trabajo técnico, lo que se constata es que el gerente general delega a los gerentes de las unidades de negocio y son ellos, con la comisión técnica, los que adjudican los contratos, violentando ciertas normas y procedimientos que hemos determinado", sostuvo.

En el caso Austral, la Contraloría General del Estado, tras concluir el examen especial sobre la zona La Propicia, en Esmeraldas, determinó indicios de responsabilidad penal, recomendó establecer responsabilidad administrativa por USD 123.280 y señaló responsabilidades civiles por USD 53.958.000.

Respecto del caso Progen, relacionado con la generación eléctrica en las estaciones El Salitral y Quevedo, la Contraloría recomendó responsabilidades administrativas por USD 130.750  y responsabilidades civiles por USD 69.058.000.

Entre las irregularidades figuran:

• Solicitudes de manifestación de interés sin respaldo documental.
• Informes técnicos sin condiciones mínimas cumplidas.
• Resoluciones de inicio sin estudios de mercado ni certificación presupuestaria.
• Invitación directa a proveedor sin capacidad técnica acreditada.
• Especificaciones técnicas incompletas y sin mecanismos de verificación y control.
• Condiciones de pago, comunicación y cláusulas sancionatorias débiles.

En medio de la comparecencia, Blasco Luna, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) reclamó que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) no diera paso a un pedido de juicio político impulsado por su bancada contra la ministra de Energía, Inés Manzano.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Transparencia, la asambleísta del oficialismo, Diana Jácome (ADN), aseguró que no habrá "impunidad para nadie" en la fiscalización de este tema, tras recibir los informes del Contralor.

El contralor general del Estado agregó que se encuentra en curso un examen especial relacionado con la central termoeléctrica de Catamayo.

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