Con inspección por videollamada a los equipos, Celec pagó USD 53 millones a Austral por central eléctrica que aún no opera

La Contraloría General del Estado detectó irregularidades técnicas, legales y contractuales en la contratación de emergencia realizada por el holding estatal Celec, a través de su Unidad de Negocio Termoguayas, para instalar una planta térmica de 91 megavatios (MW) en Esmeraldas. 

El contrato fue adjudicado el 9 de agosto de 2024 por un valor de USD 89 millones, sin IVA, a la empresa de origen uruguayo Austral Technical Management SAS, en el contexto de la emergencia eléctrica decretada por el Gobierno ante la crisis de cortes de luz de hasta 14 horas al día que vivió el país.

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Pese a que tenía que entrar en operación en enero de 2025, la central aún no entrega electricidad al sistema nacional.  

¿Qué se contrató y por qué?

El objetivo de la contratación era instalar una central termoeléctrica terrestre, móvil o estacionaria, con una potencia de 90 MW, que permitiera abastecer el sistema eléctrico nacional durante el estiaje 2024-2025. 

Esta obra debía ejecutarse en 140 días en el sector de La Propicia, provincia de Esmeraldas, y contribuir a superar la emergencia energética declarada en abril de 2024 mediante acuerdos ministeriales.  

La contratación fue realizada bajo emergencia, sin concurso público. 

Austral ganó, aunque no cumplía con todos los requisitos

Una de las principales conclusiones de la Contraloría es que el proceso pre contractual permitió que la empresa presente su oferta conforme a la realidad de los equipos que disponía y no a las necesidades de Celec. 

Por ejemplo, menciona que el objetivo inicial era contratar entre 100 a 150 megavatios para atender la crisis eléctrica y que aunque se presentaron tres cotizaciones que cumplían esa necesidad, el Comité de Calificación dijo que esas ofertas no se ajustaban al presupuesto ni al plazo y sugirió disminuir el rango de potencia de 100 megavatios a 90 megavatios. 

Eso motivó a que se presenten cotizaciones de 15 empresas; entre ellas, Austral. Sin embargo, Austral no habría cumplido con todos los requisitos. Así, Austral no acreditó experiencia en generación de al menos 90 MW, un requisito obligatorio.

Más bien presentó documentos de otras empresas (aunque no tenía contratos con ellas) como si fueran propios.

Aun así, fue calificada como la mejor oferta, sobre todo por su promesa de plazo corto y resultó adjudicada con el contrato. Pero aunque el plazo original para poner en marcha la planta se cumplió en enero de 2025, la central aún no entrega electricidad al sistema nacional. 

La empresa ha argumentado causas de fuerza mayor como la Guerra en Medio Oriente y el sismo de Esmeraldas como factores que han retrasado la puesta en marcha de la central.

Además, Austral ha dicho que está en fase de pruebas de sincronización unos 30 megavatios, correspondientes a la primera isla de la central eléctrica.

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De hecho, según la Contraloría, la única empresa que cumplió todos los requisitos fue Latam Energy, que había ofertado un plazo de 120 días para levantar la planta, menor al ofertado por Austral. Sin embargo, en la documentación de Celec apareció que Latam Energía había ofertado un plazo 240 días. 

La Contraloría cuestionó que no se haya exigido solvencia económica en el proceso pre contractual. Según la Contraloría, Austral es una empresa creada en Uruguay en abril de 2024 y que acredita un capital social de solo USD 240, como lo reveló PRIMICIAS en un reportaje.

La inspección de equipos fue por videollamada

La observación central del informe de Contraloría apunta a la inspección que debía realizarse a los equipos antes de proceder con el pago del 60% del valor del contrato, que era de USD 53 millones.

Una adenda al contrato realizada en octubre permitió, según Contraloría, que la inspección y verificación sea solo visual.

Inicialmente, Celec intentó hacer esa verificación a través de una videollamada desde Ecuador, pero debido a "fallas de internet" no se pudo concretar y se sugirió coordinar una nueva videollamada.

Sin embargo, el subdirector jurídico de Electroguayas llamó la atención a los funcionarios señalando que la verificación debía hacerse a través de una verificadora internacional, según el contrato. Celec pidió a Bureau Veritas hacerlo.

Esta inspección solo fue visual y no se consideró realizar pruebas ni verificar el cumplimiento técnico de alguna especificación o norma. Bureau Veritas respondió a la Contraloría que siguió las indicaciones de Celec para realizar la inspección. 

Textualmente el informe de Contraloría dice que una comunicación de Bureau Veritas de abril de 2025 ratifica que: "La inspección del 5 de octubre de 2024 fue realizada de forma remota, con revisión aleatoria de equipos mediante videollamada, bajo las condiciones logísticas previamente aprobadas por Celec".

Además, la inspección fue aleatoria, es decir, solo a un grupo de equipos y no a todos. 

En el informe enviado por Bureau Veritas a Celec se detalla que un grupo de electrógenos están calibrados a 50 HZ, aunque en Ecuador los equipos eléctricos funcionan a una frecuencia de 60 HZ, problemas que han llevado a una serie de ajustes técnicos en 30 equipos.

Pese a todo eso, Celec pagó los USD 53 millones a Austral.

Los equipos tienen siete años de antigüedad

En cuanto a la parte técnica, una de las observaciones centrales de la Contraloría es que los generadores entregados por Austral tienen siete años de antigüedad, ya que fueron fabricados en 2017, aunque la invitación a participar en el concurso exigía expresamente que fueran nuevos y que no tengan más de cuatro años de fabricación.  

Además, según la Contraloría, no hay información documental ni certificados de origen ni pruebas operativas que hayan acreditado el estado de los equipos y la condición de equipos como nuevos con cero horas antes de que se adjudique el contrato.

Esto, pese a que Austral manifestó que los equipos de la marca MAN fueron "paquetizados y modularizados por la empresa Aggreko".

Pero la Contraloría no encontró evidencia de una garantía emitida por el fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado de los turbogeneradores ni de MAN ni de Aggreko. De hecho, la contratista (Austral) no presentó documentación de que sea la fabricante de estos equipos.

En total, según la Contraloría, se realizaron pagos por USD 58,4 millones hasta octubre de 2024, sin que existiera garantía de cumplimiento ni evidencia de que los equipos funcionen en condiciones reales.

Austral aún no ha emitido un pronunciamiento sobre el informe de Contraloría.