Alcaldía de Guayaquil, en la mira de la Contraloría, tras auditorías en municipios de Quito y Cuenca

Después de dos años de gestión, la Contraloría General del Estado (CGE) auditará el manejo económico de la administración del alcalde Aquiles Alvarez al frente de la municipalidad de Guayaquil, una de las cinco entidades que más contratos adjudicaron en 2024. 

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Para la auditoría, la Contraloría inició, el 28 de noviembre de 2025, la búsqueda de una firma consultora externa que revise los estados financieros del municipio, correspondientes a los ejercicios económicos de los años terminados 2023-2024, según señalan los documentos del proceso subidos al portal del Servicio de Contratación Pública, Sercop.

La Contraloría busca detectar “aquellos hechos que pudieran afectar la posición económica financiera” de esta alcaldía o que revelen el manejo de los recursos por parte de los funcionarios de la entidad. El concurso público se encuentra en la etapa de la entrega de propuestas por parte de las empresas interesadas en participar en el proceso de contratación.

La auditoría intenta, además, “examinar el manejo de los recursos financieros del municipio como ente contable, para establecer el grado en que sus servidores administran y utilizan los recursos y si la información financiera es oportuna, útil, integral, adecuada y confiable”, según los informes de la entidad de control.

Para el análisis financiero, la Contraloría pidió al municipio de Guayaquil la información financiera pendiente por auditar de 2023 y 2024. Esta solicitud se hizo en marzo de 2025, pero no fue aceptada en primera instancia por la entidad de control debido a observaciones determinadas en los balances financieros del municipio.

La Contraloría pidió que la institución corrija la documentación que tenía observaciones, lo que se cumplió en mayo de 2025, se señala en los documentos. Así, el departamento financiero de la municipalidad entregó los balances económicos definitivos de la ciudad para su análisis.

Incremento en ingresos municipales

En los informes se detallan todos los rubros de ingresos, gastos, inversiones, pagos y activos del municipio de Guayaquil. Los estados de resultados revelan que, en 2023, el municipio registró ingresos por USD 578.364.595, en comparación con los ingresos de 2024, en que se ubicaron en USD 1.217.797.461. 

En los balances constan las contrataciones realizadas por el GAD guayaquileño, que cada año consta en el top 10 de las entidades que más compran a escala nacional. En 2024, por ejemplo, este municipio se ubicó en el puesto cinco de las instituciones con más adjudicaciones.

Según el Sercop, la alcaldía reportó 462 contratos por un valor de USD 159,7 millones el año pasado. En este monto no constan las compras realizadas por sus entidades adscritas o empresas públicas como la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), la Autoridad Portuaria de Guayaquil (AAG), la Dirección de Acción Social (DASE EP) o la Fundación Terminal Terrestre.

Contratos por USD 203 millones

Este año 2025, hasta octubre, la municipalidad ha realizado 288 compras por un total de USD 203 millones. De estos, el mayor contrato (USD 54,5 millones) corresponde a la construcción del sistema de agua potable del tramo 1 del Quinto Acueducto, desde la planta potabilizadora la Toma, en el kilómetro 24 de la vía a Daule hasta el reservorio Ciudad Victoria, en el noroeste de la ciudad.

El Sercop ha objetado este año al menos 16 procesos de contratación iniciados por la gestión de Aquiles Alvarez, los mismos que fueron suspendidos y que corresponden a adquisiciones para servicios de publicidad municipal, valorados en USD 4,3 millones.

“La comunicación institucional es parte de las obligaciones del Estado con su población, y cuando el Sercop paraliza sin justificaciones los procesos destinados a difundir información pública, se interrumpe el derecho de más de tres millones de guayaquileños a estar informados”, respondió la municipalidad al Sercop.

En la mira de la Contraloría

La auditoría que contratará la Contraloría para evaluar las cuentas del municipio guayaquileño tiene un presupuesto referencial de USD 62.570, recursos que provienen de los fondos de la municipalidad, según señala la certificación financiera emitida el 13 de noviembre de 2025.

La firma consultora que resulte elegida tendrá un plazo de 84 días para presentar su informe ante al Contraloría. Los primeros 70 días se destinarán a la auditoría de campo y culminarán con la conferencia final de comunicación de resultados.

“Los siete días posteriores serán para que los vinculados con la auditoría presenten información explicativa, documentos justificativos, comentarios y puntos de vista al borrador del informe”; y los siete días siguientes serán para la revisión e inclusión de la información de respuesta por parte de los servidores o exservidores”. La Contraloría tiene previsto adjudicar la auditoría hasta el 4 de febrero de 2026.

En este año, la Contraloría ha realizado auditorías a varios gobiernos municipales, entre ellos el de Cuenca y Quito, y en ambos determinó indicios de responsabilidad penal, por lo que los expedientes se remitirán a la Fiscalía General del Estado para que inicie una indagación.

El 4 de diciembre, la Contraloría hizo público un informe que halló presuntas irregularidades en varias contrataciones de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, a la que auditó sus cuentas en el periodo del 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2024.

El examen especial sugirió glosas por USD 5,7 millones y concluyó que se evadieron procedimientos de contratación pública. La auditoría de la Contraloría involucra a las administraciones del exalcalde Jorge Yunda y del actual alcalde Pabel Muñoz, del movimiento Revolución Ciudadana (RC).

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Otro alcalde del correísmo, Cristian Zamora, del municipio de Cuenca, también fue señalado por la Contraloría con sanciones administrativas e indicios de responsabilidad penal, por inconsistencias en contrataciones y por la compra de un vehículo blindado para uso del alcalde.

La entidad de control difundió el 5 de diciembre de 2025 un informe que determinó que el carro blindado se compró sin que se detallaran los sustentos técnicos en sus reportes de necesidad. El vehículo costó USD 176.800 más IVA y más USD 4.669 mensuales por mantenimiento durante los primeros 10 meses de la adquisición.