¿Para qué sirve la contratación pública y por qué es importante su control? El Gobierno plantea una reforma

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) es el ente rector en la materia. Y, desde 2008, el Estado ecuatoriano utiliza un 'nuevo' sistema para las compras públicas, que incluye una plataforma tecnológica, donde reposan la mayoría de procesos contractuales.

Sin embargo, ni el Servicio, ni el sistema tecnológico, ni la Ley de la materia han podido mantenerse al día con los avances en las necesidades del Estado, de la ciudadanía y del mercado nacional e internacional. 

En general, la contratación pública se divide entre el régimen común, el especial y "otros procedimientos". Estos engloban todas las formas en las que las entidades públicas pueden contratar o comprar obras, bienes y servicios, y consultorías, que son las tres grandes categorías definidas por el Estado.

Solo en 2024, la contratación pública del país sumó un monto de USD 8.000 millones. El régimen común concentró el 69% de las compras, el especial el 17% y los demás el 14%.

En ese mismo año, el gobierno central y las empresas públicas del Ejecutivo contrataron USD 4.500 millones, pero los gobiernos locales y sus empresas no se quedaron atrás, con USD 3.000 millones.

Y los principales gastos fueron en servicios (USD 3.000 millones), bienes (USD 2.7000 millones), obras (USD 1.7000 millones), seguros (USD 200 millones), consultorías (USD 190 millones) y fármacos (USD 170 millones).

Todo el sistema público se apalanca en la contratación pública. Es decir, cualquier oficina pública necesita, por ejemplo, comprar papel, esferos, sellos, sillas, escritorios, computadores, sistemas tecnológicos, impresoras, tarjetas, dar mantenimiento a sus instalaciones, contratar seguros y seguridad, vehículos y por ende combustible, reparaciones, repuestos, mantenimientos.

Y así, en cada área, las instituciones de educación, por ejemplo, contratan desayunos escolares, impresión de textos, mantenimiento de sus instalaciones, computadoras, servicio internet. Los hospitales, por ejemplo, necesitan miles de medicamentos, y cientos de equipos e insumos médicos, desde las batas para los pacientes, hasta el equipo de seguridad para el personal de salud.

Los municipios necesitan comprar los camiones para la recolección de basura o contratar el servicio, así como para pavimentar las calles o construir cualquier otra obra, así como para mantener la administración local en marcha.

No importa el área, ni el tamaño de la entidad pública, todas llevan a cabo decenas o cientos de procesos de contratación al año. En promedio, en 2024, el Estado ecuatoriano contrató o compró bienes y servicios por más de USD 30 millones en cada día laborable.

La contratación pública ha sido el principal epicentro de la corrupción estatal durante años. Los sobreprecios, el direccionamiento, los sobornos y el tráfico de influencias han sido pan de cada día. Incluso durante las peores emergencias del país, los funcionarios y proveedores corruptos han aprovechado para negociar con bienes, obras o servicios de mala calidad o que nunca se entregaron o completaron.

Todos los gobiernos han tenido que enfrentar, en mayor o menor medida, escándalos de este tipo. Sobreprecios en carreteras o refinerías, en mascarillas, bolsas para cadáveres y hasta kits de emergencia, compras de equipos médicos inservibles o contratos de provisión de energía incumplidos.

No hay ninguna institución pública que pueda, manualmente, controlar los miles de procesos contractuales que se ejecutan cada semana en el país. Sin contar con los casos de corrupción que involucran a los mismos funcionarios de las entidades contratantes o del Sercop o cuando las autoridades de control miran hacia otro lado.

El principal problema que el Gobierno del presidente Daniel Noboa pretende enfrentar con su propuesta de reforma urgente al sistema de contratación pública es la complejidad y permisividad de los tipos de contratación existentes. Sin embargo, tampoco lo plantea en profundidad.

El secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, explicó a PRIMICIAS que el objetivo es modernizar el sistema y simplificar los procesos que más se utilizan y que más recursos públicos utilizan: el régimen ordinario de obras, servicios y consultorías.

La idea es, según el funcionario, que cada entidad pueda escoger "el mejor valor por dinero". Es decir, no tener que restringirse a montos específicos para cada categoría, sino poder contratar según la conveniencia de la entidad, sea si se busca el producto más barato o el mejor servicio.

Por lo tanto, el proyecto de ley se enfoca en mantener la ínfima cuantía, la licitación y la subasta inversa en general, sin subcategorías. Esto implica la eliminación también de la división de "bienes o servicios normalizados y no normalizados", que se trata de aquellos que tienen características estandarizadas u homologadas oficialmente (como los combustibles) o no.

Mientras que, en las consultorías, el Ejecutivo planea dejar solamente dos categorías: de contratación, por ínfima cuantía y por concurso público. Según el Jurídico, esto impedirá el direccionamiento o la contratación 'a dedo'.