¿El correísmo persiguió a la familia de la vicepresidenta María José Pinto? Esta es la historia

En su discurso de posesión presidencial del 24 de Mayo, Daniel Noboa expresó que tiene en común con la vicepresidenta María José Pinto el hecho de que su familia también fue perseguida por el gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Cuál fue el origen de esto?

Hay que remontarnos a agosto de 2008, cuando Rafael Correa llevaba año y medio en el poder. En esa época, un tribunal de Quito ordenó la prisión preventiva del empresario Mauricio Pinto, padre de María José Pinto, quien ese momento tenía 22 años. La razón: un supuesto delito tributario cuando él era representante de la empresa de aviación Club Vuelos Privados Vip.

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El fiscal Wladimir Jaya pidió la prisión de Mauricio Pinto por haber tramitado, en 1997, el internamiento temporal de dos aviones para uso privado y transferirlos después a vuelos comerciales de la empresa de aviación que representaba. El juez penal de Quito, David Altamirano, acogió la petición del fiscal y ordenó la detención del empresario, quien fue ministro de Economía en el Gobierno de Sixto Durán Ballén y que se había convertido en un crítico de la gestión de Correa.

Los dos aviones tenían un permiso de la Dirección de Aviación Civil (DAC) para realizar vuelos privados nacionales y eventualmente internacionales; sin embargo, las aeronaves habrían sido utilizadas en viajes comerciales, dijo el fiscal al solicitar la prisión contra Pinto.

Los dos aviones estaban sometidos a un proceso de "reexportación", ordenado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, pero esa acción "no les exime de responsabilidades" a Pinto y otros involucrados en el caso, agregó el fiscal.

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Jorge Zavala Egas, abogado de Pinto, dijo en ese entonces que la investigación que se abrió contra su defendido fue "ultra secreta", pues no fue notificado, y denunció una "persecución política" contra Pinto. Además, se pedía la prisión sin haberse iniciado los trámites procesales previos, lo que impedía a Pinto defenderse. Se dijo que el proceso, en realidad, buscaba intimidarlo.

Pinto, además, había sido denunciado meses por el Ministerio de Trabajo por despedir a 102 personas de la fábrica textil de su propiedad y no acoger el mandato constitucional que establecía la estabilidad laboral de trabajadores subcontratados. La multa del Ministerio fue de USD 400.000.

El empresario criticó el mandato de la Asamblea Constituyente, que eliminó la tercerización o subcontratación laboral, al tiempo que ordenaba a las empresas mantener en sus puestos de trabajo al personal contratado bajo esa modalidad. La empresa de Pinto decidió terminar la relación con el personal que no estaba en nómina. "Eran contratos a término", explicó Pinto a Mundo Diners en 2015.

La orden de prisión fue revocada un mes después.

Mauricio Pinto fue ministro de Industrias, de Economía, representante ante la Junta Monetaria y presidente de la Consejo Nacional de Modernización del Estado en el gobierno de Sixto Durán Ballén.