Bloque ADN y sus aliados en la Asamblea aprueban la ley urgente para regular fundaciones en Ecuador
La facción de Pachakutik, cercana al gobierno de Daniel Noboa, se volvió a dividir en la votación en la Asamblea de Ecuador. El PSC dijo que con los últimos cambios hechos en el informe, la ley es una 'metida de mano' a los recursos del IESS.
El Pleno de la Asamblea en sesión del 26 de agosto para debatir y votar la Ley de Transparencia Social.
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PRIMICIAS.
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La Asamblea Nacional se reunió este 26 de agosto para tratar y votar el informe para segundo y definitivo del proyecto de Ley de Transparencia Social, enviado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como económico urgente.
Tras poco más de dos horas de debate en el Pleno, finalmente la ley fue aprobada con 78 votos, de la bancada de ADN y sus aliados.
La propuesta llegó al Pleno en medio de cuestionamientos de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), organización que sostuvo que la propuesta está encaminada a vigilar y controlar a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.
A esas críticas se unió el Partido Social Cristiano (PSC), que advirtió que si el proyecto era votado en un solo bloque, ellos se pronunciarán en contra.
El asambleísta del PSC, Alfredo Serrano, aseguró que se están creando dos nuevos impuestos. "Se castiga con un impuesto a las empresas que deciden reinvertir sus utilidades para hacer crecer los negocios, esto es absurdo y abusivo", señaló.
Mientras que la legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), Mishel Mancheno, negó que se estén implementando tributos nuevos y justificó la obligatoriedad de que las empresas paguen un impuesto sobre sus dividendos.
"Las empresas han pagado el Impuesto a la Renta por su dividendos toda la vida. Lo que se está haciendo es obligarles a que paguen, porque muchas empresas se quedan con los dividendos guardados, ni reparten, ni invierten o pagan impuestos y eso afecta a la economía del país", explicó Mancheno.
La bancada gobiernista de ADN sostiene que la propuesta busca combatir el lavado de activos y la posible infiltración del crimen organizado en fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
'Metida de mano' al IESS
Liliana Durán, de la Revolución Ciudadana, aseguró que el proyecto, tal como estaba escrito, tiene como objetivo perseguir a líderes sociales y activistas y hasta revelar datos privados.
Pero, además, calificó a la propuesta como una nueva 'Ley Trole', porque en el informe para segundo debate se incluyeron reformas a la Ley de Minería, al mecanismo de liquidación de Empresas Públicas, entre otros.
Alfredo Serrano también lamentó que se esté "haciendo costumbre" en la Asamblea que un texto sea el que se conoce para el primer debate y en el segundo informe llegan cambios que no tienen nada que ver con la propuesta central.
El legislador socialcristiano alertó de una reforma que se incluyó en las transitorias del proyecto de ley que afectaría directamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Se refiere a la transitoria sexta que señala que el IESS "no podrá cobrar multas o recargos a las instituciones del Estado o empresas públicas que reciban como pasivos los pagos de aportes, fondos de reserva y demás que corresponda a los trabajadores, empleados o servidores públicos, de las instituciones del Estado que, por liquidación pierdan o se elimine su personería jurídica".
Agrega: "Esta disposición incluye obligaciones de capital adeudado, intereses y demás recargos legales a los que hubiere lugar".
Serrano recordó que la Constitución dice que los recursos de la Seguridad Social son propios y distintos a los del fisco. Por lo que, "ninguna institución del Estado podrá intervenir y disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio".
"Este artículo es inconstitucional y no se lo va a resolver con una marcha contra la Corte Constitucional. No le metan la mano a los recursos de los afiliados", agregó Serrano.
Otra votación exitosa de ADN
Luego de varias intervenciones, la legisladora Mancheno, que actuó como ponente del proyecto de ley elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, propuso que se vote el texto integro y no como proponían algunos grupos políticos.
En una primera instancia, la propuesta fue aprobada con 78 votos, incluyendo el de la legisladora alterna de Nanki Lauro, Saant Juank, de la Revolución Ciudadana.
El correísmo alegó que hubo un error de Ruby Quezada, por lo que pidió la rectificación de la votación. En el segundo intento, el proyecto volvió a contar con 78 votos, porque se sumó el de una asambleísta de ADN que también se equivocó y en principio se abstuvo.
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