Asamblea: UAFE podrá revisar finanzas de funcionarios que dejen el gobierno, según ley para regular fundaciones

La mayoría gobiernista y sus aliados en la Asamblea Nacional se aprestan a aprobar el cuarto proyecto económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa, en los 100 días de funcionamiento del nuevo Legislativo.

El martes 26 de agosto está convocada la sesión para conocer el informe para segundo debate de la ley para regular y controlar a las fundaciones, bautizada como "Ley de Transparencia Social".

La Comisión de Desarrollo Económico trató y aprobó la propuesta en tiempo récord: le tomó 18 días, de los 30 días que le da la ley, para modificar y dar forma a gran parte del texto enviado por Noboa.

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Como sucedió con las otras leyes urgentes —Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia—, que enfrentan demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, en esta los legisladores también incluyeron reformas que no guardan relación con la propuesta central. 

Siete normativas modificadas

El informe que se vota el martes 26 de agosto en el Pleno de la Asamblea contiene 18 artículos que se refieren a la parte específica de promover la transparencia en las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSSFL) que operan en Ecuador, según la visión del Gobierno.

El documento establece que las fundaciones serán clasificadas "según su nivel de riesgo" y que estarán bajo la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Todas estarían obligadas a proporcionar información clara, veraz, accesible y oportuna sobre su estructura organizativa, fuentes de financiamiento, proyectos y resultados.

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Para hacer funcional la Ley de Transparencia Social se propone modificar la Ley de Economía Popular y Solidaria; y la Ley de Participación Ciudadana.

Pero hay otros cambios normativos que se alejarían del objetivo central. Algunas de las leyes a las que la Comisión de Desarrollo propone reformas son: 

1. Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos

   • Análisis financiero y económico a servidores públicos salientes: la UAFE podrá analizar las finanzas de las máximas autoridades de las entidades públicas del gobierno central, así como de los viceministros, subsecretarios, directores o subdirectores de las entidades de la Función Ejecutiva.
   • Esto incluye a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de acuerdo al periodo en el que hayan ejercido sus funciones.
   • Inmovilización excepcional de fondos: Cuando la UAFE, con base en un reporte de operaciones sospechosas, evidencie una operación sospechosa o vinculada a posibles delitos financieros, podrá disponer la inmovilización cautelar de fondos en el Sistema Financiero.
   • Obligación de compartir información: La Superintendencia de Bancos, Fiscalía, Policía y UAFE tienen 180 días para implementar una plataforma tecnológica que les permita intercambiar información.

2. Ley de Minería

   • Caducidad de derechos mineros: La propuesta que se apresta a votar la Asamblea modifica los plazos de defensa y subsanación en caso de haber incurrido en una de las causales de caducidad.
   • El titular del derecho minero tendría 15 días para presentar las pruebas de que no ha incumplido y entregar sus descargos. Actualmente, el plazo es de 45 días.
   • De encontrarse situaciones subsanables, el plazo para hacerlo será de 15 días y no 60, como se establece en la normativa actual.
   • Caducidad por incumplimiento económico: el proyecto aumenta un artículo innumerado que señala que las concesiones mineras obtenidas en subastas y remates, caducan cuando no cumplen los montos mínimos de inversión o la inversión comprometida en su postura económica.

3. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Se agregan las siguientes disposiciones generales.

   • Quedan exoneradas del pago de todo tributo, incluyendo el IVA, y cualquier otro tributo nacional; las transferencias de dominio o cualquier forma de enajenación de bienes inmuebles o muebles entre entidades del sector público, o cuando estas intervengan como compradoras o beneficiarias.
   • Las instituciones públicas estarán exentas del pago de impuestos municipales, tasas o contribuciones especiales de mejoras, que se generen por efecto de la transferencia o adquisición de bienes inmuebles conforme esta ley, tanto en calidad de adquirentes como de vendedores.
   • Las instituciones públicas estarán exentas del pago de matrícula vehicular anual, tasas de revisión técnica vehicular, tasas ambientales, y cualquier otro cobro conexo, respecto de los vehículos que les sean transferidos, donados o adjudicados, o cuando actúen como compradores en cualquier circunstancia, inclusive cuando la transferencia de la propiedad se realice en aplicación de la normativa vigente respecto a bienes incautados y comisados.

También, se plantean reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, en los referente a los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades residentes o establecimientos permanentes en el Ecuador.

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Entre lo enviado por el presidente Noboa y lo elaborado por la Comisión de Desarrollo también hubo cambios profundos que reformaron sustancialmente la forma de cálculo de impuestos a las utilidades de los accionistas en las empresas.

Para la aprobación de este informe de segundo debate, la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) requiere de 77 votos que los podría completar con sus aliados de la facción de Pachakutik y los independientes.