Gobierno prevé recaudar USD 545 millones con reforma tributaria incluida en nueva Ley urgente

Representantes del Ministerio de Economía, así como actores del sistema financiero, empresarial y de la sociedad civil, acudieron este miércoles, 6 de agosto de 2025, a la Comisión de Desarrollo Económico para presentar sus observaciones sobre el proyecto de Ley para el control de las fundaciones.

Durante la sesión, Andrea Sánchez, subsecretaria de Planificación, y Sebastián Londoño, subsecretario de Política Fiscal, defendieron el cuarto proyecto económico urgente del Gobierno y que fue 'rebautizado' por la Comisión como Ley de Transparencia Social.

Los delegados destacaron que la normativa fortalecerá los mecanismos de prevención, detección y control de flujos irregulares de capitales, mediante una supervisión más efectiva liderada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Andrea Sánchez dijo ya se adelantan los análisis del presupuesto para la contratación de 20.000 inspectores de la Superintendencia, que pasaría a vigilar a más de 60.000 organizaciones de este tipo.

Uno de los aspectos relevantes del proyecto es la reforma al artículo 39.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que establece un impuesto único del 12 % sobre la distribución de dividendos o utilidades de sociedades residentes en el país.

Según los delegados del Gobierno, esta medida busca generar ingresos permanentes para el Estado, con un impacto estimado en la recaudación de USD 545,82 millones, lo que contribuirá a la sostenibilidad fiscal, la planificación presupuestaria y la reducción de la dependencia de ingresos extraordinarios.

Operaciones sospechosas 

Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, mencionó que solo en el primer semestre de 2025 se presentaron 3.396 reportes de operaciones sospechosas en instituciones financieras.

En ese sentido, sugirió que el sistema financiero tenga un mayor acceso a la información, como, por ejemplo, "las listas de aquellas personas que están cumpliendo una condena en centros de privación de la libertad o están siendo detenidos por delitos relacionados con lavado de activos, corrupción o delitos precedentes al lavado".

Emilio Gallardo, director jurídico del Comité Empresarial Ecuatoriano, advirtió que hay disposiciones en la reforma que vulnerarían convenios de libertad sindical, recogió Teleamazonas.

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