La polémica de Mario Godoy golpea otra vez a una Corte Nacional incompleta y en crisis constante
Desde 2019, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) opera incompleta. En los últimos meses, además, ha sido objeto de denuncias de corrupción y hasta abusos sexuales. Mientras tanto, los intentos por llenar las vacantes fracasan entre disputas políticas y un Consejo de la Judicatura bajo críticas.
De izq. a der.: Enma Tapia, José Suing y Daniella Camacho, jueces de la Corte Nacional, en la sesión en la que se aceptó la renuncia de Suing y Tapia a la presidencia del organismo, el 12 de enero de 2026.
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Cortesía / CNJ
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La Función Judicial en Ecuador atraviesa una de sus horas más críticas, atrapada en un cisma político y con una influencia delictiva cada vez más evidente; las dos instancias más importantes de este componente estatal atraviesan momentos complicados.
Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), enfrenta un juicio político impulsado por la Revolución Ciudadana (RC). En este escenario, la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), aunque no lo ha oficializado, podría sumar los votos necesarios para destituirlo.
Esta postura tácita del oficialismo llega después de que el propio presidente de la República, Daniel Noboa, sugiriera a Godoy que diera un paso al costado, marcando lo que parece una ruptura entre el Ejecutivo y la cabeza de la Judicatura.
El centro de la tormenta que envuelve a Godoy se originó tras una revelación de PRIMICIAS. Una columna expuso que Carlos Serrano, juez anticorrupción, fue objeto de presiones y amenazas directas relacionadas con un proceso de lavado de activos.
El caso involucra a Jezdimir Srdan, un narcotraficante serbio que opera en el país. Tras la publicación, se destapó que dichas coacciones provenían de Henry Gaibor, quien fungía como director de la Judicatura en Pichincha y era conocido como uno de los hombres de confianza de Godoy. El escándalo precipitó la salida de Gaibor.
Sin embargo, los nexos entre el entorno de Godoy y el caso del narcotraficante serbio no terminaron con la salida de Gaibor. Se conoció que, en la etapa preprocesal de la investigación por lavado de activos, Jezdimir Srdan fue representado jurídicamente por su esposa, Dolores Vintimilla.
La Corte quedó en medio del fuego cruzado
El conflicto alrededor de Godoy terminó por contaminar a la institución más importante del sistema judicial: la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La razón es que el presidente del Consejo de la Judicatura es seleccionado de una terna enviada por el presidente de la Corte Nacional.
Mario Godoy fue seleccionado inicialmente en julio de 2024 y ratificado hasta 2031, en septiembre de 2025. En ambas ocasiones, su nombre fue incluido en la terna por José Suing, presidente encargado de la CNJ.
Pese a las revelaciones sobre el caso Srdan, Suing no retiró su apoyo público a Godoy, argumentando que al funcionario "todavía le protegía el principio de inocencia". Esta postura encendió las alarmas al interior de la Corte Nacional, donde los jueces comenzaron a recolectar firmas para forzar una convocatoria al Pleno y retirar el encargo a Suing.
La presión interna surtió efecto antes de que la solicitud se formalizara. José Suing se adelantó a la revuelta y convocó al Pleno la tarde del 12 de enero de 2025. Minutos antes de la reunión, Suing presentó su renuncia, tal como lo había hecho horas antes Enma Tapia, la presidenta subrogante.
Ante el vacío de poder, la sesión se instaló bajo la dirección provisional de la jueza Daniella Camacho. Sin embargo, tras conocer esas renuncias, la sesión terminó sin una decisión sobre el reemplazo. Esto confirmó un nuevo episodio de inestabilidad para una Corte que opera incompleta desde 2019 y que tendrá que elegir a su nuevo presidente en otra sesión por convocarse.
Además, ni Suing ni su eventual reemplazo podrían ser titularizados, pues la falta de jueces titulares impide el quórum reglamentario para nombrar un presidente definitivo. Esta situación obligó a Suing a actuar como encargado desde febrero de 2024, tras el fin del periodo de Iván Saquicela.
Por ser la jueza más antigua, Camacho tendrá que convocar a la sesión para selección al nuevo presidente encargado.
Años de inestabilidad
La crisis actual no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un deterioro sistemático. La Corte Nacional de Justicia, máximo órgano de justicia ordinaria, no ha logrado una conformación estable desde noviembre de 2019.
Esta falencia estructural llevó a Mario Godoy, antes de su reciente escándalo, a pedir públicamente al presidente Daniel Noboa la declaratoria de emergencia de la Función Judicial. Aquel pedido se dio horas después de que el CJ anulara, por segunda vez en menos de un año, el concurso para elegir a 10 jueces y 15 conjueces nacionales.
El organismo anunció entonces que se tomaría 90 días, hasta febrero de 2025, para armar un nuevo reglamento. Sin embargo, casi un año después, ese reglamento y nombramiento no ha prosperado y la CNJ sigue incompleta.
La dificultad para conformar la Corte Nacional es histórica. Desde el retorno a la democracia en 1979, y hasta 2005, cuando se llamaba Corte Suprema de Justicia, la designación dependía del Legislativo, lo que cargaba los nombramientos de intereses partidistas.
Entre 2005 y 2008 se intentaron modelos mixtos con comisiones calificadoras y sorteos, también con injerencia gubernamental. Finalmente, la reforma judicial de 2011, impulsada por el correísmo mediante consulta popular, creó el Consejo de la Judicatura para administrar la disciplina judicial.
Bajo el mando de Paulo Rodríguez y Gustavo Jalkh, se realizaron concursos en 2011, 2014 y 2017 que, pese a las denuncias de corrupción y observaciones de Contraloría, lograron nombrar jueces.
El tablero se rompió en 2018. Tras la ruptura entre Lenín Moreno y Rafael Correa, una nueva consulta popular dio paso al Consejo de Participación Ciudadana transitorio (CPCCS-t), presidido por Julio César Trujillo.
Este organismo cesó a Jalkh y nombró una Judicatura transitoria liderada por Marcelo Merlo, que inició una evaluación a la Corte Nacional. Posteriormente, con la llegada de la Judicatura definitiva presidida por María del Carmen Maldonado, la evaluación concluyó con la destitución de 21 jueces y conjueces, mientras otros cinco renunciaron.
De la noche a la mañana, la Corte quedó vacía y el CJ tuvo que echar mano de jueces provinciales para llenar los despachos temporalmente, una provisionalidad que se ha extendido por más de cinco años.
Desde entonces, los intentos de llenar las vacantes han sido un fracaso tras otro. La Judicatura de Maldonado convocó un concurso para 16 jueces, pero solo 11 postulantes alcanzaron la nota mínima, resultando en el nombramiento de apenas nueve jueces y dos conjueces.
Los líos políticos continuaron con la renuncia de Maldonado en febrero de 2022 y una sucesión de presidentes interinos que incluyó a Fausto Murillo y Álvaro Román. En febrero de 2023, Wilman Terán asumió la presidencia de la Judicatura, anuló los concursos previos y conformó una mayoría que duró apenas 10 meses, hasta que fue detenido por sus nexos con el crimen organizado en el caso Metástasis.
Tras la caída de Terán, Álvaro Román retomó el mando y lanzó un nuevo concurso en marzo de 2024, pero en julio de ese mismo año el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó a Mario Godoy.
La gestión de Godoy no tardó en repetir el patrón: en agosto declaró la nulidad parcial del concurso y el 21 de noviembre lo anuló totalmente. Llegó febrero de 2025 y la Judicatura de Godoy no aprobó el reglamento para el nuevo proceso.
Esto obligó a José Suing a mantenerse como encargado y a incluir nuevamente a Godoy en la terna para su ratificación, consolidando una mayoría en la Judicatura favorable al Gobierno. A Godoy, exprocurador de Petroecuador en el gobierno de Daniel Noboa, se sumaron Damián Larco, exdirector del SRI, y Fabián Fabara.
Este último también fue señalado por conflicto de intereses al impulsar un proceso contra la jueza Nubia Vera, la primera en denunciar las presiones de Godoy y quien manejó el conflicto entre la ex vicepresidenta Verónica Abad y el Gobierno.
Los señalamientos y la corrupción infiltrada
El lío administrativo es solo una cara de la moneda de la crisis en la CNJ; la otra es la corrupción. Desde diciembre de 2023, con el estallido del caso Metástasis, jueces y exmagistrados de la Corte Nacional han protagonizado tramas delictivas.
El 2 de diciembre de 2024, en el marco del caso Pantalla, cuatro excolaboradores de Wilman Terán rindieron testimonio anticipado, revelando cómo la corrupción se gestionaba desde el despacho más alto de la Judicatura.
J.A.M.A., excoordinador de despacho de Terán y testigo protegido, aseguró que el expresidente recibía visitas privadas de jueces nacionales que ingresaban por el parqueadero para no dejar registro.
El testigo identificó a los exjueces David Jacho y Luis Rivera, y a los jueces Adrián Rojas y Mercedes Caicedo. Según los testimonios, Terán buscaba favorecer a ciertos candidatos en el concurso de jueces.
Fabricio Herrera, otro testigo, narró que Terán solicitó el banco de preguntas de los exámenes y que copias de estas respuestas fueron entregadas en sobres de manila a Jacho y Rojas.
Sobre Luis Rivera, se reveló un pacto más oscuro: Terán y él habrían acordado extender los periodos de los jueces penales a nueve años como parte de un plan para revisar la sentencia del caso Sobornos y favorecer el regreso de Rafael Correa.
La red de supuestas influencias también alcanzó a la jueza Enma Tapia. Según el testigo Herrera, el hijo de la magistrada ingresó a trabajar en la Judicatura por exigencia de Terán, solicitando un sueldo de USD 2.000 pese a no cumplir con el perfil.
Estos testimonios se suman a las sentencias y procesos ya existentes. Wilman Terán fue sentenciado en el caso Metástasis por retrasar un fallo a favor del narcotraficante Leandro Norero a cambio de USD 10.000, cuando era juez nacional.
Otro nombre recurrente es el del exjuez Byron Guillén, mencionado en los casos Metástasis, Purga y por el exvocal Xavier Muñoz. Guillén es investigado por, supuestamente, solicitar USD 140.000 a Daniel Salcedo para fallar a su favor y por aparecer en chats de Norero negociando favores a cambio de "mujeres de buena presencia".
También se señala al exjuez Walter Macías, quien según alias 'Estimado', habría recibido USD 60.000 para fallar a favor del exalcalde de Manta, Agustín Intriago.
El caso Plaga aportó más nombres a la lista. Michael Hernández testificó que Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional, habría recibido un soborno de USD 30.000 para gestionar una audiencia a favor de una empresa china.
Asimismo, señaló que el juez Felipe Córdova habría cobrado USD 20.000 por favorecer a una famosa frutería en un litigio.
Para cerrar el círculo, a mediados de 2025, el exjuez David Jacho protagonizó un escándalo de acoso sexual contra una excolaboradora. El caso forzó su salida de la Corte Nacional y actualmente porta un grillete electrónico mientras es investigado.
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