Comisión de la Asamblea moderó algunos artículos sensibles de la Ley para enfrentar las economías criminales

La propuesta enviada por Noboa dice que tiene por objeto establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a establecer un marco jurídico aplicable para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno.

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Pero el informe para primer debate de la Comisión de Desarrollo Económico señala que el objetivo es establecer un marco jurídico nacional aplicable para el fortalecimiento de las fuerzas del orden (Fuerzas Armadas y Policía) en el marco del conflicto armado interno.

Este punto es el más polémico de la propuesta enviada por el presidente Noboa por contener reformas al Código Integral Penal (COIP) que, a criterio de los legisladores y algunos juristas, podría caer en inconstitucionalidades.

Teniendo en cuenta los aportes de 23 personas que se presentaron en la Comisión de Desarrollo Económico se hicieron algunas modificaciones al texto original:

1. Indultos

   • El texto enviado decía que el presidente podrá anticipar que indultará a procesados por hechos relacionados con el conflicto armado, aun cuando la causa se encuentre en investigación, instrucción o juicio, sin requerirse sentencia condenatoria ejecutoriada.
   • El texto propuesto por la comisión dice que se podrá indultar una vez concluido el tiempo legal de la fase pre-procesal de investigación previa o en instrucción fiscal, etapa intermedia, juzgamiento o impugnación, sin requerirse sentencia condenatoria ejecutoriada.

2. Pertenencia a grupos delictivos

   • En el proyecto de Noboa se propone sancionar con cárcel de 22 a 26 años a quienes participen directa e indirectamente en grupos armados identificados por el Estado. Las personas que ejerzan un rol de dirección, organización, planificación, financiamiento de 26 a 30 años.
   • La Comisión de Desarrollo  Económico incluyó a las personas que, sin formar parte del grupo armado, colaboren permanente o esporádicamente con su operación, incluso con actos secundarios, serán sancionado con prisión de 20 a 26 años.

3. Allanamientos

   • El documento de Presidencia señalaba que se podían ejecutar en todo lugar donde un Grupo Armado Organizado desarrolle sus actividades sin necesidad de orden judicial, por disposición del Bloque de Seguridad. El allanamiento debía ser avalado posteriormente por un juez especializado en conflicto armado interno, figura que también quedó fuera del proyecto.
   • La Asamblea propone que los allanamientos se podrán realizar previo informe de inteligencia emitido por el Centro de Inteligencia Estratégica. Estarán sujetos a control posterior del juez de Delitos Relacionados con la Corrupción y Crimen Organizado.

4. Aprehensiones por detenciones

   • En el documento enviado por Noboa decía que el Bloque de Seguridad podría ejecutar detenciones por hasta 24 horas a personas vinculadas al crimen organizado para investigación.
   • La Asamblea cambió la palabra detención por aprehensión la misma que se podrá extender hasta por 48 horas para la investigación.

5. Prisión preventiva

   • El presidente Noboa planteaba que la prisión preventiva sea la sea la medida cautelar única, útil y eficaz para asegurar la comparecencia del procesado al proceso y el cumplimiento de la pena.
   • Los legisladores respaldan la medida cautelar, pero recuerdan que no debe ser la regla general.

6. Juzgamiento y sanción

   • La propuesta del Ejecutivo era que el trámite sea los más expedito posible y que la audiencia de juicio se la haga en no más de 15 días.
   • Los legisladores, con base a la sugerencia de abogados penalistas, planten que la audiencia de juzgamiento a sospechosos de participar en el crimen organizado sea en 90 días.