Daniel Salcedo habría negociado asilo político en Colombia con el hermano de Gustavo Petro
Nuevo testigo protegido del caso Fernando Villavicencio revela que habría representado a Daniel Salcedo en una reunión con Juan Fernando Petro. Según él, por orden de José Serrano, entregó cédulas ecuatorianas a integrantes de las FARC y adquirió armas para Los Choneros.

Imagen compuesta. A la izquierda, Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Colombia, Gustavo Petro. A la derecha, Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción en Ecuador.
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El testigo protegido RPHR, exagente de Inteligencia de la Policía de Ecuador, dio ante la Fiscalía una versión en la que asegura que sostuvo una reunión con Juan Fernando Petro, para intentar negociar un asilo político para Daniel Salcedo Bonilla.
RPHR, quien estuvo preso entre 2019 y 2022, declaró que mientras se encontraba detenido Salcedo le habría ofrecido su ayuda dentro de una cárcel de Quito, reconociendo su experiencia en labores de inteligencia.
Este testimonio se enmarca dentro de la investigación por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, donde Salcedo y José Serrano están procesados como presuntos autores intelectuales.
En su versión, RPHR detalla como Salcedo habría financiado seguimientos, entregado fotografías, usado mensajería cifrada e incluso realizado reuniones clandestinas para coordinar esas acciones.
La supuesta reunión con Petro
En diciembre del 2023, según relató en su versión ante la Fiscalía, RPHR se reunió con Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, presidente de Colombia. La cita habría tenido lugar en un hotel de Bogotá.
En esa reunión, según el declarante del caso Villavicencio, trataron varios asuntos. Pero el principal fue la obtención de un asilo político a favor de Daniel Salcedo, que en ese momento estaba prófugo.
"Nos costaría USD 1 millón: medio millón de dólares sería entregado en Pasto, Colombia, en billetes de USD 100, y el otro medio millón de dólares cuando esté gestionado el tema", señaló RPHR.
La negociación, finalmente, no se concretó. A mediados de enero de 2024, Salcedo fue detenido en Panamá y entregado a las autoridades de Ecuador. Desde esa fecha está preso.
RPHR dijo que había tratado otras temáticas con Petro, que por cuestiones de seguridad "es delicado toparlas".
Cédulas para las FARC; armas para Los Choneros
La reunión con Juan Fernando Petro no fue la única mención a Colombia, en la declaración de RPHR. El exagente de Inteligencia relató que cuando era parte del equipo cercano a José Serrano, entonces ministro del Interior de Rafael Correa, cumplió otras misiones.
En julio 2016, por orden de Serrano, siempre según la versión del testigo protegido, RPHR habría entregado 116 cédulas de ciudadanía ecuatoriana a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla colombiana que ese año firmó un acuerdo de paz que no fue respetado por todos sus miembros.
Estos documentos de identidad, según la fuente, fueron entregados en el pequeño malecón de la parroquia Puerto El Carmen, en la provincia de Sucumbíos de Ecuador, que limita con el departamento del Putumayo, de Colombia.
Asimismo, RPHR dijo que había comprado armamento a este grupo guerrillero y que luego esas armas habían sido entregadas a Los Choneros, también por orden del entonces ministro del Interior José Serrano.
La figura de Juan F. Petro
Juan Fernando Petro es empresario y consultor colombiano, hermano del presidente Gustavo Petro. Durante la campaña presidencial de 2022, ganó notoriedad por sus visitas a cárceles en las que se había reunido con políticos y jefes criminales.
El hermano del Presidente de Colombia sostiene que sus gestiones estaban relacionadas con temas de paz y de derechos humanos.
Su relación con Gustavo Petro ha sido descrita como distante y, a veces, conflictiva. El Presidente ha señalado públicamente que Juan Fernando no lo representa políticamente ni en sus actuaciones personales, y que no mantiene una cercanía constante con él.
Los escándalos en torno a Juan Fernando Petro incluyen señalamientos de supuestas gestiones indebidas en cárceles, ofertas de beneficios judiciales a detenidos y cuestionamientos sobre un eventual tráfico de influencias.
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