Consejo de la Judicatura destituye a dos jueces anticorrupción por el caso Fachada
Según la Judicatura, hay "suficientes elementos que permitieron evidenciar el cometimiento de una infracción disciplinaria", por parte de dos jueces anticorrupción señalados por el caso Fachada y Comandos de la Frontera.

Damián Larco, presidente encargado de la Judicatura (der.), en una sesión del 19 de febrero de 2026.
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@CJudicaturaEc
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Redacción Primicias
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El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó este martes, 24 de febrero de 2026, a los jueces anticorrupción Christian Quito y Gabriela Lara, señalados por presunta delincuencia organizada y tráfico de influencias en el denominado Caso Fachada.
La decisión se adoptó por cuanto existieron suficientes elementos que permitieron evidenciar el cometimiento de una infracción disciplinaria, relacionados con el caso de la organización criminal Comandos de la Frontera, informó el organismo.
Dentro de este caso, el 16 de enero de 2025, la Fiscalía ejecutó allanamientos en contra de los juzgadores, "luego de determinar que existían indicios suficientes que sugerían un posible plan premeditado para alterar la situación jurídica de dos personas detenidas vinculadas al mencionado grupo delincuencial".
Durante estas intervenciones, la Fiscalía recopiló documentos, dinero en efectivo en altas cantidades, teléfonos celulares y computadoras.
El 14 de abril de 2025, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha solicitó al Pleno que inicialmente se suspenda a los servidores judiciales, medida que fue acogida el 11 de junio de 2025, en sesión ordinaria No. 052-2025. Aunque tres meses después fueron restituidos en el cargo.
El 20 de enero de 2026, la Fiscalía incorporó nuevos elementos y señaló que el juez anticorrupción Christian Quito simuló un contrato con su pareja para justificar USD 10.000 ocultos en su baño, como parte de las investigaciones sobre la presunta trama para liberar a los hijos del cabecilla de Los Comandos de la Frontera.
La jueza Gabriela Lara era parte del Tribunal de Garantías que conoce el caso Triple A, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien mantiene prisión preventiva por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos en el caso Goleada.
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