Estos son los detalles del caso Fachada y la investigación a jueces anticorrupción vinculados a la narcoguerrilla
Oswaldo Trujillo, abogado del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, es investigado en esta causa por presunta delincuencia organizada. ¿Qué hizo el abogado y quiénes son los otros investigados?
Una agente policial revisa uno de los despachos de los jueces investigados del caso Fachada, el 16 de enero de 2025, en Quito.
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La mañana del 16 de enero de 2024, en el Complejo Judicial del Norte de Quito, debía empezar el juicio de caso Nene. Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, enfrenta cargos por oferta para realizar tráfico de influencias.
Barreiro, la supuesta víctima del caso y los representantes de la Fiscalía llegaron al segundo piso del Complejo, en donde funciona la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Corrupción. Los jueces también estaban listos para empezar. Pero, Oswaldo Trujillo, defensor de Barreiro, no llegó.
Otro abogado, miembro del bufete de Trujillo, acudió y alzó la mano para hablar. La jueza le dio la palabra y él explicó que Trujillo no llegaría porque tenía un "inconveniente de fuerza mayor". Para dar detalles, este abogado solicitó a la jueza Clara Soria acercarse al estrado y hacerlo en reserva.
Soria no accedió: el abogado en mención no había sido acreditado dentro del caso Nene. La jueza multó a Trujillo con USD 940 y anunció que el juicio del caso Nene sería convocado para una nueva fecha.
¿Qué pasó con Trujillo?
Dos horas y media antes del intento fallido de ese juicio, equipos de la Fiscalía y de la Policía Nacional allanaron los despachos de tres jueces anticorrupción en medio de las investigaciones por un nuevo caso al que se ha denominado Fachada.
El Ministerio Público rastrea una operación de delincuencia organizada y tráfico de influencias. Los jueces indagados habrían intentado liberar a los hijos de Roberto Carlos Álvarez Vera, cabecilla de los Comandos de la Frontera (CDF), organización narcoguerrillera que opera en la frontera norte.
El abogado de Álvarez Vera y sus hijos, justamente, es Oswaldo Trujillo. PRIMICIAS conoció que Trujillo, quien previamente también defendió a la vicepresidenta Verónica Abad, fue el quinto allanado en el caso Fachada.
En el domilicio de Trujillo hubo más sorpresas. La Fiscalía encontró cartuchos de diferente calibre –incluso de uso militar– que no pudo justificar. El abogado fue aprehendido en flagrancia por tenencia y porte no autorizado de municiones.
Lo que se sabe del caso Fachada
En total, desde la madrugada del 16 de enero de 2025, la Fiscalía realizó 12 allanamientos por el caso Fachada. Los investigadores inspeccionaron las viviendas y las oficinas de tres jueces anticorrupción: Gabriela Lara, Christian Quito y Jairo García.
También son investigados los abogados Oswaldo Trujillo y Grigson Cabeza, quienes defienden a la familia Álvarez. Además, hay un sexto investigado que responde a los nombres de Fidel Cervantes, alias 'Homerito', de quien no se conoce detalles.
El caso Fachada se originó por una denuncia anónima que recibió la Fiscalía. En esta denuncia, se explica que los investigados tenían "todo planificado" para la liberación irregular de Carlos Andrés y Kerly Álvarez Cordero, hijos de Roberto Álvarez Vera, presunto cabecilla de los CDF en Ecuador.
Durante estos allanamientos, las autoridades encontraron celulares, computadoras, memorias USB, documentos y fajos de dinero por más de USD 100.000.
Los hermanos Álvarez Cordero son parte de un caso por delincuencia organizada con fines de tráfico de droga. Además, el mismo 16 de enero de 2025, la Fiscalía vinculó a esa investigación al padre: Roberto Carlos Álvarez.
El 2 de septiembre de 2023, Carlos Andrés y Kerly Álvarez fueron procesados. Trujillo actuó inicialmente como el abogado de los dos y, tras la audiencia de formulación de cargos, la jueza Karol Zambrano ordenó la detención preventiva de los dos hermanos. De inmediato, Trujillo apeló esa decisión para intentar liberarlos.
La audiencia de apelación a la prisión preventiva se convocó cinco veces, debido a varios incidentes y pedidos de diferimientos. Hasta que se instaló el 2 de diciembre de 2024. El recurso estuvo a cargo del Tribunal conformado por Mabel Tapia, Lauro Sánchez y Esteban Coronel. Los jueces rechazaron los recursos de revisión de medidas cautelares.
Es decir, al momento, la prisión preventiva en contra de Carlos y Kerly Álvarez está ratificada. Sin embargo, la Fiscalía ha puesto sus ojos sobre tres jueces de la Unidad Anticorrupción, que no fueron los que dictaron la medida o quienes la ratificaron en apelación.
Esta unidad judicial se creó en 2022 por una reforma al Código de la Función Judicial. El objetivo era agrupar en Quito los casos relacionados con corrupción y crimen organizado y que sean sustanciados por un grupo de jueces que fue seleccionado con los más altos estándares.
En diciembre de 2022 fueron nombrados los primeros 14 jueces. Dos de las magistrados seleccionados en esa época son investigados en el caso Fachada. Mientras que en enero de 2024, por la carga de casos, se sumaron otros siete magistrados. Uno de esos jueces también es indagado.
Los casos de los Comandos de la Frontera
Las autoridades ecuatorianas empezaron a golpear a los Comandos de la Frontera el 21 de julio de 2024. Ese día fue detenido Juan Carlos Chulca Chiliquinga, alias 'Chavalo', quien era supuestamente el transportista de la droga del grupo guerrillero.
'Chavalo' fue encontrado en una lujosa casa de Manta junto con otras siete personas y todos fueron procesados y encarcelados. Al frente de ese caso original está el juez Christian Luvin Quito, uno de los investigados.
Estando Chulca en la cárcel, la Fiscalía y la Policía continuaron rastreando su red y han capturado a más de 40 personas, abriendo hasta el momento tres causas penales: una por enriquecimiento privado no justificado y dos por delincuencia organizada.
En el tercer caso, que se abrió a inicios de septiembre de 2024, la Fiscalía procesó a Carlos Andrés y Kerly Álvarez Cordero junto a otras 15 personas, incluyendo a 'Chavalo', que es el único procesado en las tres causas.
Según la Fiscalía, esta red se dedicaba a traficar droga de Colombia a Ecuador, a través de la frontera de Sucumbíos. Al frente de la misma estaba Roberto Carlos Álvarez, identificado con el alias de 'Gerente'.
Sus hijos, Carlos Andrés y Kerly, en cambio, habrían facilitado empresas a su nombre para ingresar al sistema financiero ecuatoriano dinero producto del narcotráfico y darle un aire de supuesta legalidad. Estos hermanos son accionistas de siete empresas de transporte, carga pesada, industria, construcción y logística.
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