Del precio del diésel a la defensa de los territorios: así han cambiado las demandas del paro indígena
En casi un mes de movilizaciones, las peticiones de la Conaie y sus bases han pasado de reclamos económicos a exigencias ambientales, sociales y políticas. Imbabura sigue siendo el epicentro del paro y, por ahora, sin ninguna posibilidad de diálogo.
Manifestantes con un convoy de militares caminando por las calles de Otavalo, 30 de septiembre de 2025.
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Este lunes 20 de octubre de 2025 se cumple el día 29 del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Lo que comenzó como una protesta por la eliminación del subsidio al diésel, hoy combina demandas económicas, sociales y ambientales. La protesta mantiene bloqueadas varias vías en Imbabura y, por ahora, las puertas del diálogo con el Gobierno están cerradas.
Durante estas cuatro semanas, las peticiones de los dirigentes indígenas han ido mutando, ampliándose y diferenciándose entre las distintas regionales del movimiento (la Sierra, la Amazonía y la Costa).
A la exigencia inicial de derogar el Decreto Ejecutivo No. 126, que eliminó el subsidio al diésel, se sumaron temas como la reducción del IVA, inversión en salud y educación, rechazo a la Consulta Popular y a la Asamblea Constituyente y, en los últimos días, la defensa del territorio frente a la minería y el petróleo.
Las primeras demandas: economía y subsidios
A inicios de octubre, la Conaie difundió su primer pliego formal de demandas. El 4 de octubre publicó en su cuenta oficial que exigía “derogar el Decreto 126, bajar el IVA al 12% y mayor inversión en salud y educación”, rechazando las compensaciones temporales propuestas por el Gobierno.
“No queremos bonos ni dádivas, sino políticas públicas para el bienestar colectivo”.
Conaie
La dirigencia indígena incluyó en su pliego de reclamos el alto costo de la vida, los despidos masivos, e incluso mencionó la falta de medicinas en los hospitales.
En esos días, las movilizaciones se concentraban principalmente en la Sierra norte y centro. Imbabura se convirtió rápidamente en el epicentro de las protestas, con Otavalo y Cotacachi como los puntos más conflictivos. Los cierres de vías han derivado en desabastecimiento de gas, alimentos y combustible.
Imbabura: del diálogo al desacuerdo
El 15 de octubre, tras una jornada de enfrentamientos y la segunda muerte registrada en el contexto de las manifestaciones en Otavalo, los dirigentes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y del cantón Otavalo anunciaron un preacuerdo con el Gobierno: levantar los bloqueos a cambio de la instalación de mesas técnicas de trabajo.
En esa mesa de conversaciones, la agenda indígena fue ampliándose: congelamiento de precios, infraestructura social, la liberación y reparación para los heridos y detenidos, retiro de militares de los territorios y mesas territoriales de diálogo.
Sin embargo, ese acuerdo se desvaneció. Para este lunes 20, el Gobierno acusó a la dirigencia indígena de "cerrar la puera del diálogo". La Conaie argumentó que "no existen las condiciones para dialogar", mientras los dirigentes locales dijeron que el Estado “no mostró voluntad política”.
El discurso se endureció desde la Amazonía
El 19 de octubre, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, aseguró desde la Amazonía que el paro no se reduce al tema del combustible.
“La Amazonía exige respeto a todas las estructuras que el Gobierno ha intentado fragmentar. (…) Ya han saqueado por más de 50 años nuestros territorios, nuestros ríos y cascadas están contaminados”.
Marlon Vargas
Vargas agregó nuevas demandas: el fin de la explotación petrolera y minera y un aumento del salario básico a USD 650 para los trabajadores públicos y comunitarios.
Ese mismo día, en un video difundido por el Pueblo Karanki, se ratificó que la resistencia continuará hasta que se derogue el Decreto 126, reforzando el mensaje de unidad frente a los intentos de negociación parcial.
Y, finalmente, los indígenas ratificaron su posición en contra de la consulta popular convocada por el Gobierno y la posible instalación de una Asamblea Constituyente "por atentar contra los derechos conquistados".
En cerca de un mes, el paro ha pasado de un reclamo económico a un movimiento con reclamos sociales, ambientales y políticas.
Los analistas señalan que el Gobierno enfrenta ahora un movimiento más descentralizado, con actores locales que toman decisiones propias, y con demandas que van desde la política fiscal hasta la soberanía territorial.
El escenario se mantiene incierto: las vías en Imbabura continúan cerradas y el diálogo sigue en pausa.
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