División dirigencial, beneficios y presiones estatales apagan la convocatoria de paro indígena en la Sierra Centro

El miércoles 24 de septiembre de 2025, un equipo de PRIMICIAS recorrió las principales capitales provinciales de la Sierra Centro para evaluar el avance de la medida indígena. En las tres localidades hay una constante: no hay manifestaciones, concentraciones o cierres viales.

Riobamba, la prioridad es el bono 

El 18 de septiembre de 2025, reunidos en la Casa Indígena de Riobamba, los dirigentes indígenas acordaron la realización de un paro nacional indefinido. Incluso, el campesino de Cotopaxi llamó a la población a comprar los productos necesarios para vivir, ya que proyectaban un desabastecimiento.

Seis días después, la Casa Indígena está totalmente vacía y ninguno de los dirigentes estaba en el lugar. Hacia el centro de la ciudad, sobre el parque Maldonado, en cambio, sí se observó una aglomeración de personas —la mayoría indígenas—, el cierre de la calle Primera Constituyente y resguardo policial.

Pero no se trató de una protesta. Miembros de varias comunidades indígenas llegaron a la capital de Chimborazo para intentar a acceder al Bono Raíces. Se trata de un pago único de USD 1.000 que el Gobierno ofrece a personas en condición de pobreza, que se dediquen a la agricultura o pesca y que no sean beneficiarios de otros bonos o ayudas sociales estatales.

Según lo anunciado por el Ejecutivo hay cupo para 100.000 bonos. Esto es parte del paquete de compensaciones que la administración de Daniel Noboa lanzó tras la eliminación del subsidio al diésel, que es la principal razón para la convocatoria de la Conaie.

En la fila, varios de los indígenas comentan que prefieren acceder a esa bonificación antes que salir a un paro. “Ya salimos dos veces y no ganamos nada. Solo se beneficiaron algunos dirigentes”, dijo uno de los solicitantes de la compensación, bajo condición de anonimato.

Otra persona, en cambio, relató que en su comunidad dejaron como decisión personal plegar o no a la paralización. Y que la mayoría decidió no hacerlo, ya que hacerlo implica dejar del lado sus labores agrícolas, lo que genera pérdidas económicas que nunca llegan a recuperarse.

También, según los propios indígenas, a nivel dirigencial existen diferencias. Por ejemplo, el mismo día que se convocó a la paralización, representantes de los pueblos de Imbabura y el norte de Pichincha —que hasta ahora han protagonizado las protestas más radicales— criticaron la realización de la asamblea en Riobamba.

Esa cita fue encabezada por Fernando Guamán, presidente de la Confederación de Indígenas de Chimborazo (Comich), quien en la última campaña apoyó al presidente Daniel Noboa ahora promovió el paro. Sin embargo, el 23 de septiembre fue notificado con la apertura de una investigación previa por la Fiscalía.

PRIMICIAS intentó hablar con Guamán, pero el dirigente no confirmó la cita. Así, en tres días de paro, en Chimborazo solo ha habido un cierre vial a la altura de Guamote, pero que fue despejada casi inmediatamente por las Fuerzas Armadas.

Ambato, en compás de espera

Al mediodía del miércoles 24 de septiembre, durante la hora de camino que hay entre Riobamba y Ambato —por la Panamericana Sur— no hubo ningún bloqueo vial o amenaza de protesta. En todo el trayecto, casi en el límite de Tungurahua y Chimborazo, solo un convoy militar vigilaba atentamente el escaso tránsito vehicular.

En Ambato, capital de Tungurahua, la situación es muy parecida a la de Riobamba. El tránsito urbano es normal, el comercio funciona con cotidianidad y los alumnos primarios y secundarios asisten presencialmente.

Habitantes dicen que en esta ciudad el mayor impacto de lo que está ocurriendo en el país se ha notado en los productos agrícolas. Desde el lunes de esta semana, en los mercados locales los precios de productos como zanahorias, papas y cebollas se han duplicado y hasta triplicado.

Pero en esa provincia tampoco se ha concretado la paralización. El pasado 22 de septiembre, Fausto Chango, presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) le dio al Gobierno un plazo de 48 horas para escuchar las demandas de la Conaie. El anuncio lo hizo junto a dirigentes de los pueblos Chibuleo, Sawatoa, Kisapincha, Salasaka y Tomabela.

Ese plazo se cumple a la medianoche del miércoles 24. Sin embargo, las manifestaciones están en entredicho.

Al igual que Guamán en Chimborazo, Chango y el resto de dirigentes que dieron el ultimátum fueron convocados a rendir versión  en la Fiscalía tras la apertura de una investigación previa. Tenían que acudir la mañana del miércoles al Ministerio Público, pero ni esta entidad ni el MIT confirmaron si la diligencia se efectuó.

Latacunga, entre la ‘Mama Negra’ y la militarización

El caso de Latacunga es diferente al de Riobamba y Ambato. Desde el 13 de septiembre de 2025, en la Gobernación de Cotopaxi, ubicada en el centro colonial de esa ciudad, está funcionando temporalmente la Presidencia de la República. 

Esto ha generado que el acceso a esa zona de la ciudad sea totalmente restringido y que los comercios cierren o reciban pocos clientes. Por esta razón, la Cámara de Comercio local solicitó públicamente al Gobierno que traslade la Presidencia a la Base Aérea para que la economía se vuelva a activar.

A la militarización que ha afectado al comercia y a cualquier intento de protesta, se suma la tradicional fiesta de la ‘Mama Negra’ que incluyó desfiles de comparsas los días 23 y 24 de septiembre. Y que también tendrá actividades culturales entre el sábado 27 y el lunes 29 de septiembre de 2025.

Las festividades quitaron impulso a las protestas. Las manifestaciones se han limitado a pequeños y esporádicos cierres viales en la vía E35, que conecta a Cotopaxi con Pichincha, en horas de la noche. Pero que han sido reabiertos casi de inmediato por los efectivos militares.

En el tercer día del paro nacional, además, se suscitaron dos elementos más. Primero que el presidente Daniel Noboa dejó Latacunga y se trasladó a Otavalo, en Imbabura, que se ha convertido en el epicentro de las protestas. Esto provocó que se relaje el control militar, ya que gran parte del despliegue uniformado se fue con el Mandatario hacia el norte del país.

En esta provincia, a diferencia de Chimborazo y Tungurahua dónde ha actuado la Fiscalía, las presiones estatales vinieron de otro lado. La Arcotel notificó a la estación de televisión comunitaria manejada por el Movimiento Indígena Campesino (MICC) la suspensión de la frecuencia, mientras se investiga una presunta afectación a la seguridad pública.

Esto se suma a que durante el último fin de semana, la Conaie había denunciado que las cuentas bancarias de sus dirigentes habían sido bloqueadas.