Dos exfuncionarios municipales de Montecristi quieren 'tumbar' el concurso para elegir Fiscal General

La acción de protección se presentó el 20 de septiembre de 2024 en la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, en Manabí. El accionante es Kenny Andrés Delgado Pinargote y su abogada es Julissa Tatiana García Desiderio.

Los accionados son los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El objetivo es que se suspenda el concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado y que se corrija el reglamento aprobado para ese proceso.

Delgado y García son abogados y fueron funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montecristi, entre los años 2019 y 2023. 

Sirvieron en el período de Washington Arteaga, quien llegó al cargo en alianza entre el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento local Unidad Primero. Al final de su administración, Arteaga fue llamado a juicio por un supuesto peculado por la adquisición de insumos médicos durante la pandemia.

Delgado fue asistente de Coordinación General y ayudante de Servicios Administrativos, en el GAD de Montecristi, además de asistente de Abogacía en la Empresa de Aseo de esa ciudad.

Mientras que García fue asesora de la Alcaldía de Arteaga, entre 2019 y 2023. En el último mes de ese mandato, en cambio, fue la secretaria General del GAD Municipal.

PRIMICIAS contactó tanto a Delgado como a García, a través de los correos electrónicos destinados para las notificaciones judiciales, para consultar acerca de las motivaciones para esta acción de protección. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, a las 17:30 del 23 de septiembre de 2024, no hubo respuesta. 

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Los puntos álgidos del Reglamento

La acción de protección de Delgado, patrocinada por García, apunta al reglamento del concurso de méritos y oposición, que fue aprobado el 11 de septiembre de 2024. 

Según el documento judicial de la calificación de la demanda, los accionantes consideran que el documento "viola los derechos constitucionales de participación".

Los abogados objetan el artículo 22 del reglamento sobre las prohibiciones e inhabilidades de los futuros postulantes. Específicamente la demanda es en contra el literal t) de ese artículo, que establece una prohibición de participación para abogados en libre ejercicio que en los últimos 10 años hayan defendido a personas investigadas por ciertos delitos.

En la lista de estos delitos están terrorismo, pornografía infantil,  narcotráfico, minería ilegal, delincuencia organizada, entre otros.

Este reclamo ya había sido hecho públicamente por Juristas por la Democracia, una organización de la sociedad civil. Este grupo de abogados plantearon ocho puntos álgidos del reglamento.

Además de la presunta discriminación a los abogados en libre ejercicio, los juristas criticaron que el reglamento no privilegia la preparación académica y profesional de los postulantes.

Sin embargo, los abogados no optaron por una acción de protección. Sino que hicieron un llamado público a que sea reformado por el CPCCS.

¿La acción de protección es el camino?

Salim Zaidán, abogado y docente de derecho constitucional, menciona que el juez Vicente Pico de Montecristi no tenía competencia para pronunciarse sobre el reglamento. El experto explica que al tratarse de un acto normativo, debía plantearse una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

Sin embargo, Pico admitió a trámite la acción de protección y convocó a su audiencia para el 29 de octubre de 2024.

Pero, mientras tanto, el Magistrado emitió una medida cautelar que ordena la suspensión del concurso para la Fiscalía General. 

Jorge Benavides, experto en derecho constitucional, menciona que independientemente de si es lo correcto o no el uso de este recurso para impugnar el reglamento, la medida cautelar fue emitida legalmente por lo que el concurso estará suspendido, al menos, hasta que esta decisión sea revocada.

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, dijo que la medida cautelar es improcedente. Por esta razón, anunció que una vez que el Consejo sea notificado, solicitará está revocatoria, ante el mismo juez. Pero, además, se solicitaránuna suspensión de Pico a la Judicatura y lo denunciarán ante la Fiscalía por prevaricato.