¿Qué busca Daniel Noboa con sus siete nuevas preguntas de consulta popular y referendo en Ecuador?

¿Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes; con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta?

Con esta propuesta, el Presidente retoma una parte de la reforma anterior, con la pretendía -además- implementar la castración química para violadores. Sin embargo, la Corte estableció que ambas medidas chocaban con los derechos constitucionales a la integridad física y a la no discriminación.

En esta ocasión, el Gobierno insiste en el registro confidencial, con la creación de una ley en la Asamblea Nacional. Pero pone más énfasis en la protección de los menores de edad. "El registro previsto en la enmienda no tiene carácter sancionador ni constituye la imposición de penas adicionales a quienes ya han sido juzgados y sentenciados", afirma la propuesta.

La reforma constitucional se incluiría en el artículo 393, que habla sobre la seguridad humana.

Esta es la tercera propuesta de este tipo y la segunda de Noboa. Y previamente los jueces ya le recordaron que el análisis generó la negación de la Corte, porque se trataría de una discriminación por pasado judicial, sin demostrar cómo eso prevendría este tipo de delitos.

¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el Presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces están de acuerdo, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta?

El Primer Mandatario tiene en la mira a la Corte, y no solo porque ha liderado una campaña en su contra, que incluyó una marcha en Quito. El Gobierno también está determinado a cambiar las reglas que rigen el control constitucional.

Tras la negativa a su propuesta de abrir la puerta al enjuiciamiento político de los nueve magistrados, Carondelet insiste en dificultar la tarea del máximo tribunal del país. Pero solamente para los controles que tengan que ver con las competencias presidenciales.

El objetivo es limitar las declaratorias de inconstitucionalidad, después de que la Corte ha frenado varias iniciativas del Ejecutivo, por incumplir justamente con los mandatos de la Constitución.

Entre los considerandos, el Gobierno se limita a argumentar que Ecuador es tradicionalmente un sistema republicano presidencialista, en el que "el Presidente de la República, por tanto, uno de los principales depositarios de la soberanía popular".

Y que "resulta indispensable reforzar determinadas actuaciones emitidas con iniciativa" presidencial, para que el control constitucional sea adoptado por una mayoría calificada de la Corte.

¿Está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta?

La intención del Gobierno es agregar esas categorías de delitos al artículo 81 de la Constitución, donde se habla de procedimientos expeditos para los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y menores de edad, personas con discapacidad y adultas mayores.

El único delito del que se exponen estadísticas en los considerandos es el de extorsión, que entre 2022 y 2024 creció un 205%, según las autoridades. Del robo y receptación (ocultamiento, venta, transferencia, transporte o resguardo de bienes de origen ilícito con conocimiento de su condición) no hay detalles.

El argumento oficial es que "este tipo de delitos ameritan un tratamiento prioritario por el aumento que se ha dado en los últimos años en el país".

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta?

Este es el décimo pedido referente a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana o al retiro de su facultad de designar autoridades de control que ha llegado a la Corte. El último fue del mismo Presidente y fue negado.

Es por eso que el Ejecutivo reformuló su planteamiento y decidió ya no proponer la eliminación de la problemática e ineficiente entidad, que tiene concursos públicos atorados durante años.

Esta vez apunta, al igual que Guillermo Lasso, a quitarle el poder de designar autoridades. Pero, pese a que se trata de una propuesta de reforma parcial a la Constitución, Carondelet habla de una "enmienda" que diseña "un sistema que evita la concentración de poder y permite que estos sean procesos técnicos".

Además, el Ejecutivo mantiene los mismos procedimientos (postulación ciudadana y ternas institucionales), solamente los cambia de institución a la Asamblea Nacional.

Lo que cambia es que las comisiones de selección ya no serán ciudadanas, sino que serán conformadas automáticamente por cinco delegados, uno de cada función del Estado, dos ciudadanos (escogidos por sorteo público de entre los postulantes) y dos académicos universitarios.

Los detalles de cómo, dónde y con qué recursos funcionarán estas comisiones no está detallado. Pero tendrán un máximo de 60 días para entregar la terna o lista de finalistas y que el pleno decida por mayoría absoluta quién se queda con el puesto. En total, el Gobierno otorga 90 días para el proceso de designación.

Con esta reforma, el presidente Noboa planea agregar una sección entera a la Constitución, con los detalles para la designación de candidatos, así como de las autoridades y sus suplentes, para todas las entidades de control, según sea el caso.

Además, propone un plazo de seis meses para enviar los proyectos de ley que regulen dichos cambios y le otorga al Legislativo otro plazo de un año para tramitarlas, que puede extenderse por 90 días. Todo a partir de la publicación de los resultados electorales.

Mientras tanto, todos los procesos de designación a manos del CPCCS se declararían desiertos. Es decir, en ese escenario, la  renovación del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral y la Defensoría del Pueblo se postergarían por un aproximado de 27 meses más.

¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley, según el anexo de la pregunta?

Con la modificación de esta pregunta, se desvanece el argumento previo del Primer Mandatario y de sus ministros sobre la búsqueda de recursos para enfrentar la desnutrición crónica infantil.

Esto debido a que también deja de lado la intención de crear un impuesto del 25% sobre sus ventas. Y confirma lo señalado por los jueces de la Corte sobre la desconexión de las tres propuestas en la pregunta inicial.

Aunque el Ejecutivo podría plantear estos temas a nivel normativo, con el proyecto de ley que deberá remitir el presidente Noboa a la Asamblea, en un máximo de 30 días, para la regulación de la actividad.

¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), conforme el anexo de la pregunta?

Esta propuesta trata sobre una reforma puntual al Código de la Democracia. Y coincide con las características que definen algunas figuras de la Revolución Ciudadana, como el expresidente Rafael Correa, que ha sido el principal promotor de las candidaturas de su organización desde 2017.

El presidente Noboa apunta en los considerandos que es necesario hacer esta pregunta a la ciudadanía, dentro del marco de la prohibición ya existente de ser candidatos a quienes hayan cometido este tipo de delitos.

Además, el Ejecutivo afirma que "esta medida no tiene intención de beneficiar a ningún proyecto político específico, ya que existen soportes contemplados en el marco institucional y normativo sobre la pérdida de los derechos políticos en caso de tener una sentencia ejecutoriada".

¿Está usted de acuerdo con que se expida una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, conforme el anexo de la pregunta?? 

Esta es la propuesta más urgente para el presidente Daniel Noboa, puesto que en el anexo establece que en un máximo de 10 días después de la publicación de resultados, remitirá el proyecto de la nueva ley de garantías jurisdiccionales y que la Asamblea tendrá solo 60 días para tramitarla.

Sin embargo, el Ejecutivo no requiere de ninguna votación popular para remitir leyes a la Asamblea, donde cuenta con mayoría oficialista. Podría hacerlo en cualquier momento. La diferencia es que, de hacerlo así, entraría en un trámite ordinario y podría demorar. 

El único argumento en los considerandos de la pregunta afirma que es necesario realizar una reforma completa de la Ley que regula los procedimientos de la Corte Constitucional, para que sus "actuaciones estén reguladas y actualizadas".

La propuesta llega inmediatamente después de que la Corte negara la vía para establecer el enjuiciamiento político de los magistrados ante el Legislativo y en medio de la campaña que lidera el contra el organismo. Además, se suma a la segunda pregunta del referendo.

Se trata precisamente del máximo tribunal y organismo de Ecuador, que por su importancia es independiente de las funciones del Estado, ya que se encarga de controlar, interpretar y administrar justicia constitucional. Y, básicamente, es la última instancia en todo tipo de querella entre entidades públicas o privados.