El Gobierno usará dos hojas de ruta paralelas para la lucha contra la corrupción

El Gobierno del presidente Daniel Noboa cuenta con dos hojas de ruta para la gestión anticorrupción: la Política Nacional de Integridad Pública 2024-2023 y el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2024-2028.

El primero es el que promociona su secretario de Integridad Pública, Julio José Neira, y que nació durante el gobierno de Guillermo Lasso, bajo el liderazgo del entonces secretario anticorrupción, Luis Verdesoto. Pero que entró en vigencia vía decreto ejecutivo el 22 de julio de 2024.

El segundo es el que presentó la Función de Transparencia, presidida por el contralor Mauricio Torres, el 9 de diciembre de 2024. En ambos documentos participó la cooperación alemana. Sin embargo, en el primero también hubo apoyo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito y de la cooperación estadounidense.

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El secretario Neira promociona el trabajo técnico de su equipo y afirma que la Política de Integridad Pública ya está implementada desde septiembre, en todos los ministerios y empresas públicas y que han capacitado a más de 9.000 funcionarios públicos.

Pero Neira sostiene que su meta principal es que el documento "no termine siendo un libro que termine en un escritorio". Y contó, en entrevista con 'Vera a su manera', del 8 de diciembre de 2024, que la Política tiene puntos de acción e indicadores de riesgo que son monitoreados por la Secretaría mes a mes.

Al día siguiente de esas declaraciones, el presidente Noboa dijo que el Plan de la Función de Transparencia será "una hoja de ruta que marcará el inicio de un nuevo capítulo en nuestra historia", que se caracterizará por la voluntad de erradicar la corrupción.

Pero, ¿qué lineamientos establecen los dos planes anticorrupción?

Política Nacional de Integridad Pública

El documento establece ocho líneas estratégicas para su ejecución, de carácter obligatorio para la Función Ejecutiva. Cada una enumera el problema a tratar, sus causas y efectos. La Secretaría de Integridad Pública será la encargada de dar seguimiento:

1. Concientización de las dimensiones de la corrupción, sus causas y consecuencias.

   • Buscará la difusión masiva de cursos de capacitación, promover la cultura ética, crear foros, seminarios, talleres.

2. Responsabilidad con competencia compartida entre múltiples actores en la prevención y lucha contra la corrupción.

   • Crear pactos de transparencia y estrategias con otras funciones del Estado y otros niveles de gobierno. Así como alianzas con el sector privado.

3. Gestión de riesgos de corrupción y generación de tipologías para la lucha focalizada en escenarios críticos para la sociedad ecuatoriana.

   • Implementar métodos de autodiagnóstico para mapear y mitigar los riesgos institucionales de corrupción.

4. Prevención y trámite efectivo de conflictos de interés.

   • Identificar las prácticas relacionadas con el nepotismo, clientelismo, favoritismo, puerta giratoria y lobby empresarial.

5. Transparencia en las etapas del ciclo presupuestario.

   • Promover mejoras regulatorias para el uso eficiente de los recursos públicos.

6. Desarrollo de capacidades institucionales en la prevención y lucha contra la corrupción y sus competencias.

   • Establecer canales de gestión institucional que permitan el diálogo fluido con la ciudadanía y otras instituciones.

7. Contratación pública responsable y transparente.

   • Promover la integridad en estos procesos y en los funcionarios del Sistema Nacional de Contratación Pública.

8. Aplicación de las tecnologías en la lucha contra la corrupción.

   • Aplicar diferentes tecnologías, como el Gobierno Electrónico.

El documento refleja el fin de un proceso que inició en 2021 y que se supone que es o será la base para la lucha conjunta de las instituciones de la Función Ejecutiva contra la corrupción.

Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción

El Plan de la Función de Transparencia habla de la necesidad de reducir al mínimo la corrupción para fortalecer la democracia, proteger los derechos, generar un impacto positivo en el desarrollo económico y cumplir con los compromisos internacionales del país.

Pese a lo anodino de las condiciones de este periodo de gobierno extraordinario, tras la muerte cruzada, el documento tuvo que alinearse al plan nacional de desarrollo presentado por el Ejecutivo para apenas 18 meses, hasta mayo de 2025.

Este plan tiene tres ejes: integridad pública y privada, transparencia y rendición de cuentas y participación ciudadana y fomento de la cultura de la integridad. E incluye 27 acciones con metas, indicadores y plazos. Algunas de ellas son:

1. Creación del Sistema Nacional de Integridad

   • El nacimiento, conformación y plan de acción de este sistema debería estar listo en el primer semestre de 2025.

2. Establecimiento de Unidades de Integridad Institucional

   • El 100% de las funciones de Transparencia, Electoral y Legislativa deberán contar con funcionarios designados para la tarea en el primer semestre de 2026.
   • El 50% de la Función Judicial deberá tenerlos para el primer semestre de 2027.
   • Y el 20% de la Función Ejecutiva, para el segundo semestre de 2028.

3. Registro del cumplimiento empresarial en temas de integridad

   • El registro completo que monitoree el cumplimiento de las normativas permitirá identificar a las empresas que lo hacen, hasta el primer semestre de 2026.

4. Fortalecer los sistemas de control interno de la administración pública

   • Desarrollar e implementar, entre 2025 y 2028, Índices de Cumplimiento de las Normas de Control Interno, que generen reportes anuales de ejecución.

5. Crear un laboratorio de identificación y priorización de riesgos de lavado de activos

   • Deberá estar creado en el segundo semestre de 2025.

6. Desarrollar catálogo de nueva información para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública

   • Este catálogo ampliará el acceso a la información pública al incluir datos más detallados y accesibles para la ciudadanía y deberá estar desarrollado al 100% en el segundo semestre de 2025.

7. Actualizar registros y estadísticas del banco de datos abiertos sobre justicia y crimen

   • Deberán estar actualizados y en formato abierto hasta el primer semestre de 2027.

8. Asegurar periodicidad de los reportes financieros de las campañas por parte de las agrupaciones políticas

   • Para el segundo semestre de 2025 deberá existir un espacio virtual para el acceso a los registros de los resultados de control electoral y del 100% de la información sobre contribuciones y gastos electorales actualizados.