Consulta popular y referendo | Gobierno copia textos de Lasso y una tabla de la Corte, pero no revela su cálculo para reducir asambleístas en Ecuador

El equipo jurídico del presidente Daniel Noboa sigue teniendo problemas para que sus propuestas cumplan con los requisitos legales para llevar adelante su consulta popular y referendo. Pero Noboa lo aduce a un activismo político de la Corte Constitucional (CC) y no a las inconstitucionalidades de sus planteamientos.

En su intención de llevar a la ciudadanía a las urnas otra vez, siete meses después de la segunda vuelta presidencial, el Gobierno acelera su elaboración de textos y discursos para impulsar los proyectos que están en revisión de los magistrados.

La última pugna con el máximo tribunal del país se da alrededor de la propuesta para reducir el número de asambleístas, que fue rechazada por "carecer de la información mínima e indispensable que permita al elector tomar una decisión plenamente informada", según sentencia de la Corte Constitucional.

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Y es que en el texto inicial, el Ejecutivo no explicaba por qué planteaba la disminución de legisladores. Tampoco evidenciaba cómo cambiaría la composición de la Asamblea con su enmienda de 10 curules nacionales, uno por provincia y uno adicional por cada 400.000 habitantes, manteniendo los seis del exterior.

La Corte declaró que los considerandos, que son la información de contexto que antecede a la pregunta de referendo, se limitaban a hablar de un supuesto ahorro presupuestario. Y ni siquiera mencionaban que la Asamblea Nacional pasaría de 151 a 73 integrantes, lo que "impide que la ciudadanía dimensione con claridad los efectos concretos de la reducción en el sistema representativo y proporcional".

Después de la negativa a su propuesta, el Mandatario tuvo otra idea: "copiamos la pregunta de la última vez que sí la aprobaron con Guillermo Lasso, pero con la fórmula de reducción de asambleístas". Así lo contó en un programa radial en Machala.

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Sin embargo, la afirmación del presidente Daniel Noboa tampoco es precisa. La fórmula que utiliza el Ejecutivo para plantear la disminución de legisladores no consta tampoco en la nueva propuesta. Lo único que hizo la Secretaría Jurídica fue copiar cuatro de los 10 considerandos planteados por el expresidente Lasso.

Pero dejó por fuera los considerandos que hablan sobre los estudios de proporcionalidad y representación ciudadana. Tampoco habla de optimizar esas características en el parlamento ecuatoriano, para que sea más democrático, tenga un enfoque nacional, logre consensos políticos o mejore su trabajo.

En todo el texto presentado por el Gobierno, apenas se menciona dos veces el principio de proporcionalidad, que afirman mantener. Pese a que todas las provincias perderían alrededor del 50% de representantes, mientras que las circunscripciones del exterior mantendrían dos cada una, lo que haría que tengan más legisladores que 11 provincias.

Es decir, de acuerdo a las últimas votaciones, los 124.992 migrantes registrados en sus tres circunscripciones, tendrían más representación que Santa Elena, Cañar, Bolívar, Sucumbíos y Morona Santiago juntas. Esto, aunque solo la primera triplica en población los ecuatorianos que votan en el Exterior.

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El Ejecutivo también copió íntegramente la tabla que hizo la Corte Constitucional, sobre el cambio para cada provincia, y que puso como evidencia en su dictamen. Noboa lo utilizó como insumo en uno de sus nuevos considerandos.

Lo que no hizo el Primer Mandatario fue copiar o seguir el ejemplo del equipo jurídico del expresidente Lasso, que analizó las fórmulas de representación y los problemas del sistema, que generan distorsiones, desproporcionalidad y sobrerrepresentación de ciertas provincias. 

En otras palabras, la propuesta inicial y la 'nueva' propuesta del presidente Noboa no tienen criterio territorial ni poblacional. Se limita a ofrecer solamente que "todas las provincias de Ecuador  estarán representadas".

Los plazos legales

El presidente Daniel Noboa acusó a los jueces constitucionales de que no resolverían esta última propuesta a tiempo, para que esté en la papeleta junto a sus otras preguntas de consulta y referendo, siete que están pendientes de revisión, apenas tres ya calificadas:

• Permitir las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
• Eliminar el financiamiento público de las organizaciones políticas (solo el fondo partidario permanente).
• El trabajo por horas en el sector turístico, solamente en casos de primer empleo.

Según el Mandatario, los magistrados tendrían hasta el 22 de septiembre de 2025 para darle una respuesta. Apenas seis días. Esto pese a que la Ley de Garantías Jurisdiccionales no establece un plazo para que la Corte haga su primera revisión, que es determinar la vía para tramitar la propuesta. 

Y el segundo filtro, que trata sobre la calificación de los considerandos, la pregunta y los anexos, tiene un término de 20 días. Lo que suma alrededor de cuatro semanas, porque no se toman en cuenta los días no laborales.

Sin contar que la determinación del calendario electoral, la convocatoria a elecciones y la fecha de votación es competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y no del Ejecutivo.