La inestabilidad política ha impedido que la Corte Nacional se complete desde 2019

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) es el máximo órgano de justicia ordinaria en Ecuador. Sin embargo, desde noviembre de 2019, no ha logrado tener una conformación estable. 

Esta es una de las mayores evidencias de la crisis del sistema de justicia. Incluso, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), pidió públicamente al presidente Daniel Noboa declarar a la Función Judicial en emergencia.

El pedido de Godoy se da horas después de que el CJ anulará el concurso para elegir a 10 jueces y a 15 conjueces nacionales. Este fue el segundo intento fallido de completar la Corte Nacional, en menos de un año.

Ahora, el organismo judicial se tomará 90 días -hasta febrero de 2025- para armar el nuevo reglamento y lanzar un tercer concurso. 

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Los jueces nacionales dependen de la política

El problema para nombrar a la Corte Nacional de Justicia no es nuevo en Ecuador. Ha sido una dificultad permanente, desde 1979  cuando el país volvió a la democracia y se llamaba Corte Suprema de Justicia. 

Entre ese año y 2005, esa labor estuvo a cargo del Legislativo, por lo que los nombramientos tenían una alta carga política.

Entre 2005 y 2008, en cambio, hubo varios cambios. Primero, el nombramiento estuvo a cargo de una comisión calificadora designada por el Gobierno. Y en 2008, hubo un sorteo para designar una Corte Nacional transitoria. 

Finalmente, en 2011, llegó la gran reforma judicial. El correísmo impulsó una consulta popular, que terminó en la creación del Consejo de la Judicatura, un órgano que tiene a su cargo la administración y el régimen disciplinario de todos los actores de la justicia ecuatoriana.

La Judicatura, encabezada por Paulo Rodríguez y Gustavo Jalkh (ambos funcionarios cercanos al correísmo), lideraron concursos para la Corte Nacional en 2011, 2014 y 2017. Pese a denuncias de corrupción, y observaciones posteriores de la Contraloría, esos procesos llegaron al nombramiento.

Pero, todo cambió en 2018. Lenín Moreno ganó la Presidencia de la República y hubo un rompimiento con Rafael Correa. Moreno convocó a una nueva consulta popular, con la que se nombró un Consejo de Participación Ciudadana transitorio (CPCCS-t), con poderes extraordinarios.

El CPCCS-t, presidido por Julio César Trujillo, cesó a Jalkh y al resto de vocales de la Judicatura. Nombró a una Judicatura transitoria, que la lideró el excontralor Marcelo Merlo. Ese organismo empezó una evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional.

Antes de que acabe el proceso, la transición acabó, y llegó la Judicatura definitiva, con María del Carmen Maldonado a la cabeza. La evaluación concluyó y 21 jueces y conjueces fueron destituidos, mientras que otros cinco renunciaron en rechazo a lo que consideraron una evaluación irregular.

Así, de la noche a la mañana, la Corte Nacional se quedó sin jueces. Entonces, el CJ echó mano de las Cortes provinciales y nombró 26 conjueces temporales, que estarían a cargo de los despachos mientras se nombraba a los definitivos, lo que no ha concluido cinco años después.

Cinco años de inestabilidad

Tras la destitución de los 26 magistrados, la Judicatura de Maldonado empezó de inmediato el nombramiento. Se convocó a un concurso para 16 vacantes de jueces y 21 conjueces. Pero no se llenaron todas.

Solo 11 postulantes alcanzaron más de 80 puntos, en un concurso sobre 100. Por esta razón, solo se nombraron nueve jueces y dos conjueces. 

Entonces, se anunció un nuevo proceso para completar las vacantes restantes. Pero, en medio de ese concurso, empezaron -nuevamente- los líos políticos. Mientras avanzaba proceso hubo cuatro titulares en la Judicatura.

En febrero de 2022, Maldonado renunció a la Judicatura por diferencias jurídicas con la Corte Constitucional. Asumió interinamente el exvocal Fausto Murillo, quien estuvo en el cargo hasta enero de 2023. Por orden de la CC, Álvaro Román -quien es el suplente original de la designación- tomó el cargo durante un mes.

Finalmente, en febrero de 2023, fue nombrado definitivamente el exjuez Wilman Terán, quien compuso una nueva mayoría al interior de la Judicatura y anuló, en enero de 2024, el concurso por supuestas irregularidades en las distintas fases.

Terán estuvo en el cargo 10 meses y renunció, en medio de un arresto por supuestos nexos con el crimen organizado. Ahora, el exfuncionario está preso y es juzgado por delincuencia organizada en el caso denominado Metástasis.

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En ese proceso se ha revelado información sobre un supuesto plan de Terán, impulsado por el correísmo, para tomarse la Corte Nacional y promover el regreso de Rafael Correa, a través de la revisión de la sentencia del caso Sobornos.

Tras la abrupta salida de Terán, nuevamente, Román asumió la Presidencia de la Judicatura y volvió a lanzar el concurso, en marzo de 2024. Sin embargo, en julio de ese mismo año, el Consejo de Participación (CPCCS) nombró a Mario Godoy como titular.

En medio de nuevas denuncias de corrupción, en agosto de 2024, la Judicatura de Godoy declaró la nulidad parcial del concurso y ordenó la repetición de las pruebas de confianza. Pero, sin que esto se concrete, el 21 de noviembre se anuló el proceso totalmente.

Se viene una nueva Judicatura 

En medio de los líos políticos de la Judicatura, el problema mayor ha recaído sobre la Corte Nacional. A inicios de noviembre de 2024, el CJ volvió a nombrar conjueces temporales, pero la conformación de la salas está incompleta, lo que ha provocado acumulación de causas.

Según los registros de la propia Corte, hasta 2023, había 11.047 causas acumuladas. La situación más grave está en las salas De lo Contencioso Administrativo, con 4.905 procesos pendientes, y en la Penal, con 2.607 casos. En esta última se juzgan los procesos relacionados con crimen organizado y corrupción.

Por esta razón, es imperante que el concurso para nombrar 10 jueces y 15 conjueces nacionales se reactive. Sin embargo, los tiempos cronológicos y políticos volverán a jugar.

La Judicatura dio un plazo de 90 días para que se apruebe el nuevo reglamento. Esto concluirá en febrero de 2025. Sin embargo, en enero de ese año, el CPCCS tendrá que nombrar a los cinco nuevos vocales del CJ.

Este nombramiento se hará sobre la base de las ternas de la Corte Nacional, la Fiscalía, la Defensoría Pública, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.

Entonces, resta por ver si las nuevas autoridades continuarán con el proceso, con los avances reglamentarios que haga la Judicatura de Mario Godoy. O si, al igual que sus antecesores, anularán todo y empezarán de cero otra vez.