¿La visión de Donald Trump beneficia a Ecuador en el reporte de Washington sobre derechos humanos?

La visión del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos es totalmente distinta a la de 2024, tras la llegada al poder de Donald Trump. Esto benefició al presidente Daniel Noboa. La radiografía que Washington hizo de Ecuador no refleja las crisis del país.

A diferencia de los reportes en pasadas administraciones, incluido el periodo anterior del mismo Trump, esta vez parecería que en Ecuador no pasa mucho. El reporte 2023 tuvo 51 páginas, en las que se desplegaron los múltiples problemas de violencia, discriminación e ineficiencia estatal que solo han recrudecido en el país.

Pero este año, el informe de apenas 15 páginas no entra en detalles sobre ninguno de los "problemas importantes de derechos humanos" que identifica en su inicio: "ejecuciones arbitrarias o ilegales; torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; arrestos o detenciones arbitrarias; y graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa".

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Esto podría estar asociado a que la Casa Blanca decidió tomar un rumbo alejado de la vigilancia de los derechos humanos y la cooperación internacional. En febrero, un mes después de llegar al poder por segunda vez, Trump, por ejemplo, sacó a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Por ejemplo, hasta el año pasado, estos informes contenían numerosas secciones por cada grupo vulnerable. Sobre Ecuador constaban las situaciones de violencia, discriminación y abusos contra mujeres, pueblos afros e indígenas, menores de edad, población LGBTI, personas con discapacidad.

De eso no queda nada. Tampoco existen las secciones sobre la situación de las cárceles y los privados de libertad, la libertad de participación política, los asesinatos políticos, la corrupción gubernamental y el debido proceso judicial.

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Lo poco que queda en pie es la descripción del estado de los derechos laborales, la libertad de expresión, censura estatal, las desapariciones y secuestros, la libertad religiosa, protección de menores (solo frente al trabajo infantil y los matrimonios forzados) protección de refugiados y antisemitismo.

Y la mitad del informe actual se concentra en los derechos de los trabajadores y condiciones laborales, donde Washington advierte que las leyes son mayoritariamente claras, pero que el gobierno de Noboa "no aplicó eficazmente todas las leyes". Aunque no menciona ninguno de los casos específicos en los que el Ministerio del Trabajo ha preferido no intervenir.

Y en la parte más controversial, sobre la crisis de inseguridad, el conflicto armado y los constantes estados de excepción, el reporte del Departamento de Estado sobre Ecuador es vago. 

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Por ejemplo, en la categoría de ejecuciones extrajudiciales no menciona ningún caso en particular. El documento se limita a decir que 15 personas "murieron" durante operaciones de seguridad en medio del conflicto armado de enero de 2024. 

Pero deja por fuera el peor caso del año, sobre los cuatro menores de las Malvinas (Guayaquil), torturados y asesinados, en cuya desaparición forzosa están envueltos 17 militares, que están en proceso judicial.

Y pone en esa misma categoría, como un dato menor en las últimas líneas, una mención a los asesinatos con perfil político, que han terminaron con la vida de siete personas.

Sobre las desapariciones y secuestros, Washington apenas pone un escueto párrafo hablando de una "supuesta desaparición" en la cárcel de Cotopaxi. Sin tomar en cuenta el informe oficial de la Defensoría del Pueblo que habla de al menos 35 desapariciones forzosas en el año y las alarmantes cifras sobre secuestros extorsivos.

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Con las detenciones arbitrarias sucede lo mismo, el documento se limita a hablar solamente del 8 de enero de 2024, sobre cinco presuntos casos. Aunque el perfilamiento racial y las detenciones arbitrarias son una crítica constante de las organizaciones de derechos humanos, por las actuaciones de los uniformados durante los permanentes estados de excepción del Primer Mandatario. 

Sobre las condiciones en las cárceles del país también se menciona un solo caso de supuestas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pese a la denunciada crisis penitenciaria, donde los privados de libertad no tienen acceso a alimentos ni a atención médica.

Finalmente, sobre la libertad de prensa y expresión, el Departamento de Estado da prioridad a los casos de agresiones a periodistas que involucran a autoridades locales y grupos de delincuencia organizada. Sin mencionar el reducido acceso a la información pública que ha impuesto el Gobierno Nacional.