¿Qué se investiga en el caso Triple A, el cual involucra a empresa del Alcalde de Guayaquil?

La Fiscalía General del Estado en Ecuador ha pedido que se fije fecha para vincular en la causa Triple A al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, pero ¿en qué consiste el caso?

Todo se remite a una denuncia presentada por el Gobierno de Daniel Noboa en contra de la comercializadora Copedesa, cuyo accionista es el alcalde de Guayaquil por una supuesta venta irregular de combustibles subsidiados.

El denunciante es el entonces director de la Agencia de Regulación y Control de Energía (Arcernnr), Franklin Erreyes Tocto, e incluye a Antonio Alvarez, hermano del alcalde, así como a nueve personas más.

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Según el documento, existen pruebas documentales, grabaciones y testimonios que revelarían la existencia de una red organizada de comercio irregular de combustibles.

El esquema, según la Arcennr, consiste en que cuatro comercializadoras, entre ellas, supuestamente Copedesa, la empresa del Alcalde de Guayaquil, entregaban combustibles con precios subsidiados a gasolineras de Fuelcorp para las cuales no está autorizada a despachar.

Luego, las estaciones de servicio de Fuelcorp, aparentemente, habrían vendido esos combustibles subsidiados a industrias que no deben tener subsidio del Estado, pues el beneficio está dirigido solo al sector automotor.

A continuación, le presentamos el esquema que, según el Gobierno de Daniel Noboa, supuestamente se habría utilizado:

En diciembre de 2024, la Fiscalía ya realizó una audiencia de formulación de cargos por el caso Triple A. En aquel entonces se dictaron medidas cautelares contra cinco personas y cinco empresas, dos de ellas vinculadas a la familia de Alvarez. 

Y el 19 de febrero de 2025, la Fiscalía realizó allanamientos en cinco gasolineras en tres provincias de Ecuador también como parte de las investigaciones del caso Triple A.

El Alcalde de Guayaquil, por su parte, ha calificado como una persecución política del Gobierno de Daniel Noboa la denuncia presentada a la Fiscalía en contra de su empresa y familiares. 

Por ejemplo, el 12 de julio de 2024, a través de un video publicado en su red X, el alcalde de Guayaquil calificó de "invento" a la denuncia por comercialización ilegal de combustibles presentada en su contra por la Arcernnr en la Fiscalía. Y añadió que se presenta porque Guayaquil reclama por sus derechos.

"Es un montaje distractor, sin sustento, basado en una confusa mezcla de elementos para generar engaño, para generar escándalo (...). La verdad prevalecerá", añadió Alvarez al señalar que su administración es una amenaza para la "visión electorera" del Gobierno Central.

El artículo 264 del Código Integral Penal establece como delito el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles, o el desvío de los combustibles para un segmento distinto y se sanciona con hasta cinco años de cárcel, según la gravedad del delito.