El caso Srdan: Un entramado de narcotráfico, nexos políticos y tráfico de influencias que sacude a Ecuador

En 2014, el serbio Jezdimir Srdan fue procesado por narcotráfico en Ecuador. Durante varios meses, la Policía lo había seguido en reuniones con varias personas, incluyendo a su pareja de esa época. Hasta que, en medio de las investigaciones, los agentes incautaron 140 bloques de cocaína que se transportaban en un vehículo que había rentado el extranjero.

Srdan alegó, a través de Alexandra Fernández (que en ese momento era su abogada), que alquiló ese vehículo por pedido de otro de los investigados porque él no tenía una dirección en la ciudad para ponerla como referencia. 

Sin embargo, esa coartada se cayó: la Policía había seguido a Srdan a reuniones con los otros procesados, en una finca en El Oro. Además, el día de la captura, el serbio manejaba una camioneta que circulaba cerca del vehículo que llevaba la droga, aparentemente, dando custodia. 

Por este caso, el 1 de octubre de 2015, el Tribunal Garantía Penales de Guayaquil sentenció a Srdan a seis años de cárcel, en calidad de cómplice. Pero, la Fiscalía apeló y el 20 de enero de 2017, la Corte del Guayas, corrigió el fallo y lo condenó a 17 años y cuatro meses de prisión. 

La 'costumbre' de buscar sentencias irregulares

Luego de recibir la sentencia, Srdan debía estar preso hasta 2031. Sin embargo, en 2018 presentó un pedido de pena más favorable. Su abogada en ese recurso volvió a ser Alexandra Fernández. El serbio argumentó que su pena fue agravada por una figura legal existente en la legislación vigente. Además, pidió una rebaja del 50% de la condena por buen comportamiento.

El juez Christian Roca rechazó el pedido de favorabilidad pero, aceptó la solicitud de rebaja de pena y dispuso que la nueva condena para Srdan sería de 10 años. Como ya había cumplido las dos quintas partes de esa sentencia, también le otorgó la prelibertad.

A cambio de la cárcel, el juez Roca dispuso que el serbio debía presentarse periódicamente ante la justicia, leer un libro y escribir una tesis sobre los perjuicios de las drogas. Por esa decisión, el exjuez Roca fue destituido en 2020. En 2023 fue sentenciado a tres años de cárcel y al pago de USD 14.500 por multa y reparación integral. 

Pero, pese a que en su caso se definió que la liberación de Jezdimir Srdan fue irregular, ese fallo no se corrigió. El serbio continuó libre hasta el 20 de noviembre de 2024, cuando volvió a ser capturado por supuesto lavado del dinero del narcotráfico. 

Tras su nueva captura, Srdan fue procesado por lavado de activos. En el oficio inicial con el que la Fiscalía solicitó la formulación de cargos, tres abogados fueron notificados como defensores del serbio.

La primera de ellos fue la dominicana Alexandra Fernández, quien para esa época ya no solo era la abogada de Jezdimir Srdan sino también su pareja y socia en una empresa de venta de inmuebles. Además, fue notificada Dolores Vintimilla, quien acaba de casarse con Mario Godoy quien, para esa época, llevaba cinco meses en la Presidencia del Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, Vintimilla no compareció a la audiencia de formulación de cargos. La defensa de Srdan la asumió Diego Chimbo, quien informó a PRIMICIAS que nunca compartió la defensa con Vintimilla, sino con otros juristas de su estudio.

Pese a esto, a lo largo del proceso —según el sistema Expel—, Vintimilla recibió más de 200 notificaciones no solo como abogada de Jezdimir Srdan, sino también de su pareja y socia, Alexandra Fernández, quien más adelante también fue vinculada a la causa.

Incluso, en sus redes sociales, Vintimilla confirmó que fue parte del caso por lavado de activos, pero que dejó la defensa en noviembre de 2024, debido a su matrimonio con Godoy. Esa renuncia al proceso, aparentemente, nunca fue registrada y validada ante la Unidad Judicial Anticorrupción.

El caso por lavado de activos avanzó y el 20 de noviembre de 2025, los jueces Carlos Serrano Lucero y Christian Fierro sentenciaron a Srdan a 10 años de prisión. Durante la lectura de la sentencia, desde la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, el serbio hizo una señal con una aparente amenaza a los jueces: pasó su dedo por su cuello.

Un mes después, una columna publicada en PRIMICIAS reveló que esa no fue la primera amenaza o presión que Serrano Lucero había recibido por ese caso. 

Diez días antes de dar a conocer su sentencia, Serrano recibió mensajes de WhatsApp de un servidor del Consejo de la Judicatura. Le pidió que asista a la oficina de un alto funcionario de esa entidad, que preside Mario Godoy.

Según el Magistrado, este alto funcionario le pidió "poner atención a la defensa del extranjero (Jezdimir Srdan)". Y le habría inducido a fallar a favor del serbio, lo que finalmente no ocurrió. Todo eso, dice el juez, está grabado.

Más sombras sobre la administración Godoy

Esta no es la primera vez que la administración de Godoy se ve, presuntamente, involucrada en un caso de presiones judiciales. 

En diciembre de 2024, la jueza Nubia Vera dijo que el presidente de la Judicatura le entregó un modelo de sentencia para favorecer al Gobierno en una acción sobre la situación laboral de la exvicepresidenta Verónica Abad, en medio de su disputa con el presidente Daniel Noboa.  Ese caso se sigue investigando y se denomina 'pen drive'.

Ese es uno de los elementos que sugieren la una posible influencia del gobierno de Noboa en la Judicatura de Godoy. Esa relación se empezó a desenredar con la figura de Fausto Jarrín, exabogado del expresidente Rafael Correa y actual asesor externo de Noboa.

Jarrín es amigo de Vintimilla y Godoy. Asistió a su boda y apoyó la candidatura de la primera para presidir el Colegio de Abogados de Pichincha, en 2023. Además, tras su llegada a la Judicatura —en noviembre de 2024—, Godoy contrató a Sandino Jarrín, hermano del asesor presidencial, como parte de la Escuela de la Función Judicial.

Además, dos días después de su posesión en la Judicatura, la entidad emitió la orden para contratar a Christian Troya como subdirector de Comunicación del organismo judicial. Troya fue asesor de Jarrín en la Asamblea Nacional, cuando era legislador por la Revolución Ciudadana. Aunque Troya empezó a manejar la agenda de medios de Godoy, su candidatura nunca se oficializó.

Más bien Troya reapareció en marzo de 2025. El CPCCS lo contrató como asesor de la consejera Johanna Verdezoto, quien —además— nombró a Troya como su representante en la Comisión Técnica que lideró el concurso con el que Godoy fue reelecto como presidente de la Judicatura.

El círculo se completa con Javier Bósquez, pareja de Verdezoto y quien fue secretario de la lista de Vintimilla para el Colegio de Abogados. El hermano de Bósquez, Henry Bósquez, exasambleísta que también dejó el correísmo por ADN y fue quien impulsó el cambio en la terna de la Judicatura de la Asamblea para que ingrese la carpeta de Fabián Fabara, actualmente uno de los vocales de la mayoría de Godoy en la Judicatura.

El caso del juez Serrano

Tras las revelaciones del caso del juez Carlos Serrano, el 18 de diciembre de 2025, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación previa por tráfico de influencias. Mientras que el Consejo de la Judicatura denunció el caso ante el Ministerio Público.

Sin embargo, el caso de Serrano parece que está lejos de revolverse. Tras la amenaza de Jezdimir Srdan durante la audiencia y pese a que hubo un parte policial al respecto, el 2 de diciembre la Policía de Ecuador le retiró la protección de los dos agentes asignados a su despacho. Tampoco se consideró que días antes un coche bomba fue dejado a pocos metros de su oficina.

El argumento de la Policía fue que según su análisis de riesgo, el funcionario no tenía el puntaje necesario para contar con seguridad policial. 

El juez Serrano intentó pedir vacaciones y, posteriormente, renunció. Sin embargo, ninguna de sus solicitudes fue tramitada ni aceptada. Más bien, la audiencia de juicio del caso Triple A —en el que será juzgado el alcalde Aquiles Alvarez— fue adelantada para el 24 de diciembre. Serrano forma parte de ese Tribunal.

El Magistrado salió de su despacho el 17 de diciembre de 2025 y no volverá. Su renuncia es irrevocable: el juez argumenta que no tiene las condiciones mínimas de seguridad para desempeñar su cargo. Luego de que su caso se hiciera público en una columna publicada por PRIMICIAS, la Judicatura le ofreció hacer teletrabajo y, desde la Policía, hablaron de retomar su protección, pero él no se echará para atrás en su renuncia.

Godoy se pronuncia sobre la situación del juez Serrano

Con un comunicado publicado en su cuenta de X, Godoy se refirió al caso del juez Serrano y aclaró que el tema de la seguridad no es competencia del Consejo de la Judicatura, sino de otra institución.

"El juez informó mediante correo electrónico de fecha 3 de diciembre de 2025, al Director Provincial de Pichincha que, su análisis de riesgo emitido por el Ministerio del Interior venció el 30 de septiembre de 2025 y que, conforme a una nueva evaluación, se determinó un nivel medio de riesgo (38%) que no justificaba la asignación de resguardo personal", detalla.

Godoy explica que a través de un oficio emitido el 8 de diciembre, el Consejo de la Judicatura "gestionó de manera inmediata y urgente una nueva solicitud de seguridad".

Ante el pedido del juez de acogerse a la modalidad de teletrabajo, Godoy menciona que esta fue aprobada y aplica desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.

El comunicado finaliza aclarando que la renuncia presentada el 4 de diciembre no ha sido aceptada por el Pleno, "ya que el magistrado mantiene causas de conmoción social que requieren la emisión de sentencias por escrito".