"No hay causal que comprometa mi imparcialidad", dice jueza que reemplazará a Carlos Serrano en caso Triple A

La jueza Consuelo Tapia Guerrón defendió su imparcialidad en la audiencia en la que este 24 de diciembre reemplazará al juez Carlos Serrano, en el llamado caso Triple A, en el que se encuentra procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por presunta comercialización ilegal de combustible en la frontera norte.

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El juez Carlos Serrano Lucero, quien presentó su renuncia el 4 de diciembre y denunció presiones desde el Consejo de la Judicatura, había sido inicialmente designado para integrar el tribunal de garantías penales del caso Triple A, según el acta de sorteo del 24 de julo de 2025.

No obstante, tras su renuncia el Consejo de la Judicatura designó en su lugar a la jueza Consuelo Tapia el 19 de diciembre de 2025, cinco días antes de la audiencia de juicio convocada para este miércoles 24 de diciembre. Su designación había sido objetada por Petroecuador E.P., una de las instituciones que figura como parte actora en esta causa judicial.

“Apegado a los principios de buena fe y lealtad procesal, solicitamos a la Dra. Consuelo Tapia que se excuse de conocer la presente causa y recusamos a la misma”, señaló Andrés Erazo, procurador judicial de Petroecuador en un escrito del 19 de diciembre.

Ante este pedido, el tribunal dio un plazo de 24 horas, hasta el 23 de diciembre, para que la jueza Tapia se pronuncie. Mientras, algunos procesados cuestionaron los cambios de personal judicial en este caso y presentaron escritos al tribunal.

“La secuencia de estos actos procesales nos deja frente a un panorama oscuro, pues la conformación definitiva del tribunal que deberá resolver la situación jurídica de los procesados deviene en indefinida”.

Abogado de Jessenia V. O., una de las procesadas

El defensor agregó que “la expectativa de qué pasará con la renuncia del juez Carlos Serrano y con el pedido de excusa de la jueza Consuelo Tapia, no permiten definir la conformación del Tribunal ante el cual seremos juzgados los procesados, estando a tan solo un día de la instalación de la audiencia, lo que afecta nuestra seguridad jurídica”.

Con ese argumento, varios procesados pidieron que se postergue la audiencia de juzgamiento o que se mantenga la fecha resuelta inicialmente, que disponía la diligencia para el 21 de enero de 2026.

Jueza respondió pedido

No obstante, la jueza Consuelo Tapia respondió al pedido de recusación de Petroecuador y señaló que “la excusa no opera de forma automática ni puede ser entendida como una imposición externa, sino que constituye un deber y una facultad de carácter personalísimo del juzgador”.

La magistrada agregó que “la excusa se configura como un instrumento de autocontrol judicial, instituido en beneficio del propio juzgador y del sistema de administración de justicia, que permite al juez apartarse voluntariamente del conocimiento de una causa únicamente cuando reconoce que sus circunstancias personales encajan efectivamente en una causal legal y que estas pueden comprometer la rectitud, ecuanimidad y objetividad”.

“En el presente caso, quien suscribe, en su calidad de jueza actuante, no ha presentado excusa alguna, por cuanto, luego de un análisis objetivo y ponderado, no ha advertido la configuración de ninguna causal legal que presuma parcialidad, ni se identifica situación alguna que comprometa la imparcialidad subjetiva u objetiva de esta judicatura”.

Jueza Consuelo Tapia

Ante la respuesta de la jueza, los abogados de Petroecuador desistieron “de manera expresa, voluntaria e irrevocable” del pedido de recusación y solicitaron que se continúe con la sustentación de la audiencia judicial, en cuyo tribunal estará la jueza Tapia.

Transmisión en vivo

Mientras tanto, Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, solicitó a los jueces que “se autorice la transmisión en vivo de la audiencia de juzgamiento” y que “se dispongan las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar que dicha transmisión se realice sin afectar el orden, solemnidad y normal desarrollo de la audiencia”.

Entre los argumentos expuestos por la defensa del alcalde constaron normas como el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que señalan que “todo proceso penal es público salvo los casos de excepción previstos en este código” y que “las audiencias son públicas en todas las etapas procesales”.

Ramiro García también expuso, en su escrito del 19 de diciembre, que la Constitución establece en su artículo 168 que “en todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley”.

“El juzgamiento de una autoridad de elección popular, como es el caso del alcalde de Guayaquil, refuerza el deber del Estado de garantizar la máxima transparencia posible”.

Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez

No obstante, el tribunal respondió, mediante un oficio el 23 de diciembre, que la solicitud de García no había sido presentada correctamente, razón por la cual no se atiende, pues está dirigida al “tribunal de garantías penales”, siendo lo correcto “unidad judicial de garantías penales”. “Por lo que, de ser necesario, deberá ingresarlo de manera correcta”, señaló.