Jueza dispone prisión preventiva para Esther Cuesta y caución de USD 11.280 para Augusto Verduga
En la Corte Nacional de Justicia se desarrolló la audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso Ligados que involucra a Augusto Verduga, Esther Cuesta, entre otros.
La jueza Daniela Camacho durante la audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso Ligados, el 29 de septiembre de 2025.
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Fiscalía
Autor:
Redacción Primicias
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La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, dictó prisión preventiva en contra de Esther Cuesta, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, quien es procesada por presunta asociación ilícita en el caso Ligados.
La resolución llegó este lunes, 29 de septiembre de 2025, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, en virtud de que Cuesta incumplió con sus presentaciones periódicas ante la Corte.
La magistrada dispuso que se oficie a Interpol para que emita la difusión roja para la localización y captura de Cuesta, cuyo paradero se desconoce.
Además, la jueza Camacho dispuso una caución de USD 11.280 para Augusto Verduga, que debe ser pagada en 5 días.
Además de Verduga, esta trama involucra a Eduardo Franco Loor, Nicole Bonifaz y Yadira Saltos, exvocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), que ya son indagados por este caso. Incluso, a Andrés Arauz, dirigente de la Revolución Ciudadana.
Presuntamente, los investigados y procesados habrían incurrido en el delito de asociación ilícita, en el marco de varios hechos relacionados con el CPCCS y la designación de autoridades de control.
Por ejemplo, se investiga supuestas irregularidades y presiones políticas para la designación de Raúl González como Superintendente de Bancos para el período 2022 – 2027, incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.
Esta trama de corrupción tiene como principal indicio los chats y grabaciones encontradas en el teléfono de Verduga. El exfuncionario hablaba constantemente con otros miembros de la llamada Revolución Ciudadana.
Verduga, a través de la red social X, rechazó los argumentos del fiscal General subrogante, Wilson Toainga, y de Santiago Peñaherrera, coordinador jurídico del Consejo de Participación.
Para el coordinador jurídico del CPCCS, la institución es 'víctima' de una asociación ilícita supuestamente perpetrada por los exconsejeros.
Verduga replicó que "la asociación ilícita no es un delito de resultado. Entonces, si no hay un resultado concreto, ¿cómo puede haber daño? Y si no hay daño, ¿con qué fundamento se calificó la acusación particular? Lo cierto es que se le permitió ejercer como acusador particular desde hace meses", anotó.
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