Caso Ligados: Andrés Arauz y Esther Cuesta deben volver al país hasta el 13 de junio para presentarse en la Corte

Luego de un poco más de una hora de deliberación, la jueza Daniella Camacho anunció su resolución. La Magistrada acogió parcialmente el pedido de medidas cautelares de la Fiscalía.

Por un lado, Camacho ordenó que Andrés Arauz y Esther Cuesta se presenten mensualmente ante la Corte Nacional. La primera presentación será el viernes 13 de junio de 2025.

Sin embargo, la Jueza no acogió la solicitud de prohibir su salida del país, ya que ambos viven en el extranjero. Es decir, podrán venir al país una vez al mes para presentarse y nuevamente volver a su sitio de residencia. 

Para Raúl González, en cambio, se dictó la orden de presentación quincenal y la prohibición de salida del país.

Tras casi tres horas de audiencia y de escuchar los alegatos de la Fiscalía y de las defensas de los procesados, la jueza Daniella Camacho suspendió la audiencia. Anunció que su decisión sobre las medidas cautelares la informará a las 12:40 del 4 de junio de 2025.

Gabriel Rivera, abogado de Arauz, pidió que el político correísta pueda cumplir con la medida de presentación periódica en México, dónde actualmente está residiendo. 

Como argumento para hacer este pedido, Rivera puso como antecedente que en el caso Sinohydro, el conjuez Bayardo Espinosa de la misma Corte Nacional aceptó que el expresidente Lenín Moreno y su esposa se presenten ante la Embajada de Ecuador en Paraguay.

En el caso de Arauz, y ya que Ecuador y México no mantienen relaciones diplomáticas actualmente, el abogado pidió que la presentación pueda hacerse ante la Embajada de Suiza en ese país. Ese mismo pedido ya lo había hecho Augusto Verduga, pero Camacho lo negó.

Finalmente, Rivera indicó que Arauz tiene un hijo mexicano, que estudia y reside en ese país. Además, que es reconocido como refugiado en ese país.

Asimismo, Diego Guarderas, abogado de la exasambleísta Esther Cuesta, informó que la política es una migrante ecuatoriana radicada en Génova, Italia, desde hace 29 años. Por lo que pidió que su presentación se haga ante la delegación diplomática ecuatoriana en esa localidad.

Sobre las medidas cautelares, Toainga expuso que la prisión preventiva es una medida excepcional y que debe aplicarse solo cuando hay riesgos de que los procesados no comparezcan en la causa.

Por esta razón, para Arauz, Cuesta y González, solicitó prohibición de salida del país y presentación periódica ante la Corte Nacional.

Sin embargo, según el propio expediente del caso Ligados, Arauz está en México y Cuesta en Italia. Por lo que tendrían que volver al país para presentarse ante la CNJ, 72 horas después del fin de la audiencia.

En caso de incumplimiento de esa medida, conforme lo que ordena el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Fiscalía podría solicitar la revisión de las medidas cautelares y que se ordene prisión preventiva.

En su primera intervención, Toainga empezó a detallar los indicios recolectados para sustentar la vinculación de Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González a la instrucción fiscal por el caso Ligados.

A manera general, respecto a la causa, Toainga relató que el CPCCS en su labor de nombrar autoridades “se convirtió en la sede de un partido político para captar espacios de poder”. Así se evidencia en los mensajes encontrados en el teléfono de Verduga, que revelaron la planificación de estos actos.

Sobre Arauz, el Fiscal General subrogante indicó que tuvo conversaciones con Verduga sobe las designaciones en la Súper de Bancos y en el Consejo de la Judicatura. En el segundo caso, buscaban demorar la designación de los nuevos vocales para que sea “el Gobierno de Luisa (González) el que envíe la terna” para designar al vocal representante de la Judicatura.

Según Toainga, además, Arauz era quien estaba al frente de la gestión del CPCCS, planificaba y daba las instrucciones para captar los espacios de poder.

Respecto a Cuesta, en cambio, el Fiscal aseguró que cumplió un papel indispensable para el intento de nombrar a González. Ya que, cuando asumió la Presidencia de la Asamblea, demoró la posesión de Roberto Romero, quien ya había sido designado para esa entidad.

Cuando Romero debía ser posesionado, Raúl González envió una carta al Legislativo solicitando que se deje de lado ese trámite, ya que esa designación supuestamente iba en contra de una sentencia de la Corte Constitucional.

Con esa carta como argumento, Cuesta no convocó a la sesión del Pleno del Parlamento para posesionar a Romero, sino que elevó una nueva consulta al CPCCS si el Legislativo debía investir a Romero o a González.

Pasadas las 09:00 del 4 de junio de 2025, la jueza Daniella Camacho declaró instalada la audiencia de vinculación de cargos. El fiscal Wilson Toainga deberá presentar los indicios en contra de Arauz, Cuesta y González. Así como solicitar medidas cautelares.