Caso Triple A | Contratos obligaban a las comercializadoras de Aquiles Alvarez a controlar su red de gasolineras, dice la ARCH

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) sostiene que el denominado caso Triple A revela un presunto esquema sistemático de comercialización ilegal de combustibles subsidiados, con traslados no autorizados de gasolina y diésel entre segmentos -automotriz, industrial y naviero-, ventas a “consumidores finales fantasmas” y registros de consumos físicamente imposibles. 

Así lo afirmó Christian Puente, director ejecutivo encargado de la ARCH, en una entrevista con PRIMICIAS en la que defendió la tesis técnica del proceso y rechazó que se trate de una persecución política contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, o su entorno, uno de los procesados como propietario de una red de comercializadoras de combustible.

De acuerdo con la investigación, se habrían comercializado ilegalmente alrededor de 22,7 millones de galones de combustible subsidiado, en una estructura que cuenta con 22 procesados (personas naturales y seis jurídicas). Una pericia financiera incorporada al expediente estima un perjuicio al Estado de hasta USD 94 millones.

• “Voy a comer pavo con el juez”, dice Aquiles Alvarez al cuestionar el adelanto de la audiencia de juicio del caso Triple A para el 24 de diciembre 

El inicio de la audiencia de juzgamiento del caso Triple A se adelantó para el próximo 24 de diciembre de 2025. Y la Fiscalía prevé presentar más de 110 testigos y peritos, con la ARCH y Petroecuador actuando como acusadores particulares. 

En el centro de la controversia está la responsabilidad de las comercializadoras de combustibles frente a presuntas irregularidades cometidas dentro de su red de estaciones afiliadas, una versión que el mismo Aquiles Alvarez ha negado. 

La defensa del alcalde sostiene que una comercializadora actúa únicamente como intermediaria entre Petroecuador y las gasolineras -y que su obligación termina al emitir la orden de despacho-, la ARCH afirma que los contratos de comercialización establecen un deber de control activo y permanente, cuyo incumplimiento configura la responsabilidad penal.

¿Qué dicen los contratos, según la ARCH?

En entrevista con PRIMICIAS, el director ejecutivo encargado de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero exhibió cláusulas de los contratos de comercialización suscritos por Petroecuador con Copedesa (segmento automotriz) y Corpalubri (segmento industrial), dos de las empresas vinculadas al alcalde Alvarez y a su entorno familiar, que constan en el caso Triple A. Puente mostró cláusulas del contrato de Corpalubri con Petroecuador, firmadas por el alcalde como representante legal. 

• Aquiles Alvarez denuncia que la Fiscalía “pretende allanar” a sus abogados antes de la audiencia del caso Triple A 

¿Cuáles eran las obligaciones de la comercializadora, según contrato?:

• Proveer de combustibles líquidos derivados del petróleo exclusivamente a los distribuidores autorizados que se encuentren registrados y clientes debidamente catastrados.
• Verificar que los distribuidores autorizados de su red no desvíen el combustible entregado por Petroecuador, dentro y fuera del territorio nacional.
• Ejecutar la venta de los productos adquiridos para el segmento bajo su responsabilidad, de acuerdo a la normativa y a la ley vigentes.

“Si la comercializadora no controla lo que ocurre dentro de su red, se convierte en un intermediario pasivo e innecesario. La ley y el contrato exigen una persona que ejerza un control activo”, sostuvo Puente. Los despachos de combustibles se realizan "bajo responsabilidad" del comercializador, quien debe verificar que no se desvíe el combustible entregado por la estatal petrolera, subraya.

Según la ARCH, el Estado cancela un margen de ganancia a las empresas comercializadoras, no como  intermediarios pasivos o meros despachadores, sino para que ejerzan una verificación. Así, las comercializadoras de Alvarez debieron contar con mecanismos de control y auditoría para vigilar lo que sucedía en su red de distribuidores afiliados (gasolineras), añadió el director ejecutivo.

“Si la empresa no estaba en la capacidad de verificar a sus afiliados, lo que tenía que hacer era reducir el tamaño de su red o cambiarse de negocio, porque esto no exime de la responsabilidad”, dijo. 

Aquiles Alvarez: Es una persecución política

El alcalde Aquiles Alvarez y su defensa sostienen que se trata de una persecución política. Argumentan que a menudo las comercializadoras no son dueñas ni administradoras de las gasolineras y que no pueden responder por lo que ocurra en estaciones ubicadas en provincias como Morona Santiago.

Su defensa legal no niega que se hayan presentado irregularidades en las estaciones de servicio, pero coincide en que la responsabilidad por ventas al consumidor final recae en las estaciones de servicio o gasolineras, no en las comercializadoras que despachan el combustible. 

En su enlace radial de este miércoles 17 de diciembre de 2025, Alvarez señaló que no vende combustible desde hace casi dos años y niega la existencia de pruebas materiales que lo involucren directamente con el presunto desvío de los hidrocarburos subsidiados.

• Caso Triple A | Por orden judicial, bancos retienen valores a 16 procesados, incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez 

“Una comercializadora de combustibles es el intermediario entre Petrocomercial y el distribuidor (la gasolinera). Pretenden que como gerente yo esté donde se despacha a las dos de la mañana en Morona Santiago, en una gasolinera afiliada. Tendrían que estar presos todos los gerentes de todas las comercializadoras”.

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil.

Supuestos desvíos entre segmentos y “ventas fantasmas”

Según la ARCH y la Fiscalía, la investigación detectó traslados de combustible entre comercializadoras, entre estaciones de servicio y entre segmentos -automotriz, industrial y naviero- lo cual es ilegal. 

Esto incluyó ventas de diésel subsidiado del segmento automotriz hacia depósitos industriales y navieros, donde el combustible se comercializa a precio de mercado.

“La irregularidad mayor se da cuando el diésel subsidiado del segmento automotriz lo utilizan para el segmento industrial, es decir, se estaban beneficiando de ese subsidio ganándose un diferencial de más de un dólar por galón, y lo mismo lo hacían con el segmento naviero”.

Christian Puente García, director de la ARCH.

Además, se identificaron ventas a consumidores finales “fantasmas”, sin registro de placas vehiculares, en contravención de la normativa tributaria y de control de cupos, sin contar con que también se produjeron tanqueos vehiculares físicamente imposibles.

• Uno de los ejemplos más citados es el del Chevrolet Cruze, un vehículo liviano del año 2013, al que se le facturaron 145.115,45 galones de combustible entre agosto de 2022 y septiembre de 2024. Los peritos concluyeron que el consumo es físicamente imposible: el vehículo habría tenido que tanquear completamente 8,4 veces al día, todos los días, durante más de dos años.
• El caso del Chevrolet Cruze se registró en una gasolinera de la provincia de Guayas, perteneciente a la operadora Fuelcorp -una de las empresas procesadas como persona jurídica-, cliente afiliado a la comercializadora Copedesa, de propiedad de alcalde y su familia. 
• Otro caso corresponde a una Toyota Hilux 2012, motor a gasolina, a la que se le facturaron 40.458 galones de diésel en ese periodo, una incoherencia técnica que refuerza la hipótesis de registros administrativos simulados para justificar la salida de combustible subsidiado. Los vehículos habrían sido usados como “pantalla administrativa” para desviar combustibles a otro destino.    

El caso surgió en 2023 cuando la ARCH identificó "comportamientos atípicos" en 455 estaciones de servicio, alerta que coincidió con advertencias del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el incremento en el pago de subsidios. Tras el análisis, se determinó irregularidades en 233 estaciones, iniciándose procesos administrativos sancionadores, restricciones de cupos y suspensiones operativas.

Ante una presunta falta de control en otros actores del sector, la ARCH señala que solo en diciembre se han presentado cinco denuncias contra estaciones de servicio (y cuatro el mes anterior), todas por casos distintos al Triple A, en el marco de controles de campo y auditorias permanentes de la entidad.