El fin de la campaña no acabó la polémica sobre la licencia presidencial ¿se repetirá en una posible segunda vuelta?

Un enredo jurídico, entre interpretaciones y supuestos vacíos legales, enfrenta a la Presidencia y la Asamblea Nacional en torno a si el presidente Daniel Noboa debió o no pedir licencia para hacer campaña y a quien debía encargar la Vicepresidencia en este periodo.

Aunque la campaña electoral para las votaciones del 9 de febrero terminó, se mantiene la incertidumbre de si se repetirá un escenario similar en una eventual segunda vuelta.

El meollo del asunto es un cruce de cartas entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el que se volvió a hablar de la licencia para la campaña, la figura de la vicepresidenta e incluso se mencionaron posibles delitos.

El 6 de febrero, el presidente Noboa envió un oficio a Cynthia Gellibert, vicepresidenta encargada, en la que expone las dudas que mantuvo en este periodo electoral y que no pudieron ser resueltas, según dijo, ni por la Procuraduría ni por la Asamblea Nacional.

A la primera consultó, en mayo de 2024, si su postulación como candidato a la Presidencia debía ser considerada como reelección o, al estar completando el periodo que dejó Guillermo Lasso, tras la muerte cruzada, como una primera elección.

De esa respuesta, que nunca llegó, dependía la decisión de pedir o no licencia. El Código de la Democracia señala que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia desde el inicio de la campaña electoral.

Para el abogado constitucionalista Juan Francisco Guerrero no existen vacíos legales, sino interpretaciones a conveniencia de la normativa desde diferentes sectores. El especialista considera que Noboa efectivamente no busca una reelección, porque está terminando un periodo extraordinario.

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Sin embargo, discrepa cuando bajo este razonamiento varios sectores han dicho que no se le podía aplicar ninguno de los efectos de la reelección como la licencia sin sueldo obligatoria.

"El espíritu de la norma en el Código de la Democracia lo que busca evitar es tener funcionarios públicos que tengan la doble calidad de funcionario activo y candidato y evitar que se beneficie de su cargo en la campaña"

Francisco Guerrero, constitucionalista

"Desde el inicio del proceso electoral, he velado por mantener la transparencia, el buen uso de recursos públicos y sobre todo, no influir de ninguna manera en la voluntad popular mediante el uso de mi cargo actual", escribió Noboa en su oficio a Gellibert.

En el futuro, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Asamblea podrían analizar si el presidente efectivamente cumplió con lo que señaló en ese escrito.

Pedir licencia ¿a quién?

El jefe de Estado también cuestionó que la Asamblea Nacional no le haya respondido con claridad sobre ciertas dudas y el mecanismo de solicitud de licencia para ausentarse temporalmente de cargo.

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La norma señala que puede hacerlo por un período máximo de un mes. "La Asamblea Nacional evaluará la solicitud y podrá aceptarla o negarla con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes", dice la ley.

Sin embargo, Noboa se quedó sin saber el tiempo que le podría tomar a la Asamblea Nacional analizar y otorgar la mencionada licencia con la premura de la campaña, así como los criterios que utilizarían los legisladores para aprobarla o no.

Debido a esa incertidumbre, calificó a este artículo del Código de la Democracia como "una figura no idónea" para las actividades de campaña electoral de un presidente y a su vez candidato.

Noboa usó una mecánica poco común: se ausentó por días y hasta por horas de la Presidencia para dedicarse a hacer proselitismo. Eso habría significado enviar varios pedidos de licencia a la Asamblea y varias reuniones de esta para resolverlos.

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El constitucionalista Francisco Guerrero considera que esta 'incertidumbre' tenía una solución sencilla que sería cumplir lo que dice la norma, es decir, pedir la licencia para todo el tiempo que dura la campaña y no por días u horas. 

¿Posibles delitos?

En su oficio, Noboa dispuso a Gellibert notificar a la Asamblea sus cuestionamientos, pero también informar que el jueves 6 de febrero, que fue el cierre de campaña, se iba a ausentar desde las 05:00 hasta las 23:59.

Gellibert cumplió lo dispuesto y firmando como vicepresidenta encargada hizo saber de esa ausencia temporal a los legisladores, sin que esto llegue a ser un pedido de licencia.

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La respuesta no se hizo esperar. La presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta, aclaró que la única vicepresidenta que reconocen es a Verónica Abad, por lo que advirtieron que se podría estar configurando el delito de usurpación de funciones.

Sin embargo, este podría ser un argumento débil por los pronunciamientos de la Corte Constitucional (CC) que rechazó los encargos de la Presidencia por decreto, pero no cuestionó el encargo de la Vicepresidencia, pese a que también fue demandado y no se admitió a trámite.