¿Una nueva metida de manos a la justicia? Así funciona la nueva emergencia judicial que plantea la Asamblea

"Me van a acusar que quiero meter las manos en la justicia (...), sí voy a meter las manos, pero por el bien del pueblo", lo dijo el expresidente Rafael Correa, el 8 de enero de 2011, durante una de sus denominadas sabatinas.

Esa famosa frase de Correa, que posteriormente se sintetizó como "la metida de manos a la justicia", fue el preámbulo para la consulta popular del 7 de mayo de 2011. La cuarta pregunta de ese proceso apuntaba a disolver la Judicatura y nombrar un organismo de transición con delegados de la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y a Función de Transparencia.

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Tras la victoria del Sí en esa pregunta, con el 46,15% de los votos válidos, en septiembre de 2011, Correa declaró en emergencia a la Función Judicial y empezó una total reingeniería de la justicia ecuatoriana. El Consejo de la Judicatura de transición fue presidido por Paulo Rodríguez y, en 2013, el organismo tuvo a Gustavo Jalkh a la cabeza. Ambos cercanos al correísmo.

Ese período ha sido señalado, nacional e internacionalmente, por una constante intervención de la política y el poder Ejecutivo en la justicia.

Una nueva emergencia, ¿una nueva "metida de manos"?

El 24 de junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública, un proyecto económico urgente que fue presentado por el presidente Daniel Noboa, que tiene como objeto erradicar la violencia y la corrupción y mejorar la eficiencia en el sector público.

Pese a ser un proyecto económico, en la norma se incluyeron reformas a varios otros cuerpos legales. Por ejemplo, se proponen tres cambios en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). 

Por ejemplo, como infracciones graves de los funcionarios judiciales se agrega no reportar indicios de la influencia del crimen organizado en el sistema de justicia, así como obstaculizar la entrega de información en procesos de control patrimonial. 

Pero el cambio más importante tiene que ver con la creación de un nuevo artículo, el 269.1, que se refiere a la Declaratoria de emergencia.

En caso de que, previo análisis del Presidente del Consejo de la Judicatura, la Función Judicial requiera de acciones inmediatas y urgentes para abordar problemas del servicio público de administración de justicia, y realizar mejoras esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, se resolverá la declaratoria de emergencia en la Función Judicial.

Artículo 269.1 del COFJ, según las reformas de la Ley de Integridad Pública

Según el texto de la ley, previo a esa declaratoria, el Presidente del Consejo de la Judicatura someterá a aprobación del Pleno del organismo los informes técnicos que establezcan la necesidad de declarar la emergencia. Y una vez que esto se apruebe, por mayoría simple, se emitirá la resolución.

Una vez declarada la emergencia, que no tendrá plazo de terminación, el Pleno de la Judicatura podrá:

• Establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales.
• Reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia.
• Realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales.
• Realizar las contrataciones por emergencia que se requieran.

Un momento complicado

El otorgamiento de esta nueva capacidad extraordinaria del Consejo de la Judicatura llega cuando sus tres miembros en funciones llevan 146 días prorrogados y el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) no avanza en la designación de los nuevos vocales para un período de seis años.

Actualmente, el CJ funciona únicamente con Mario Godoy, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes, representantes de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Ejecutivo, respectivamente. La Defensoría Pública y la Asamblea Nacional no tienen representantes.

Además, en el Legislativo está en marcha un proceso de juicio político —aupado por el oficialismo— para censurar y destituir a Goyes, que, en caso de concretarse, podría dejar al organismo sin el quorum mínimo de tres miembros para sesionar.

Mientras tanto, el CPCCS tiene en sus manos un proceso de designación que está en planes desde diciembre de 2024. Faltan las ternas de candidatos de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo, ambas instancias bajo control de Daniel Noboa y de su movimiento ADN.

Es decir, con la eventual aprobación de esta reforma, la declaratoria de emergencia estará en manos de la Judicatura de Mario Godoy, quien antes de llegar al organismo judicial, fue funcionario del Gobierno de Noboa como procurador Judicial de Petroecuador.

Además, la reforma se aprueba en el momento de una profunda crisis de la Función Judicial, en la que el Gobierno ha denunciado insistentemente en la influencia del crimen organizado en las decisiones de jueces, fiscales y otros operadores.

La justicia va de emergencia en emergencia

La recordada "metida de manos a la justicia" Correa que vino de la mano de los períodos de Rodríguez y Jalkh no es el último proceso de cambios en la judicatura. En 2018, el Gobierno de Lenín Moreno volvió a encabezar un proceso de cambios que llevó a una etapa de inestabilidad.

El 4 de febrero de 2018, por iniciativa de Moreno, los ecuatorianos volvieron a votar en una consulta popular. La tercera preguntaba apuntaba a terminar el período del CPCCS de la época y nombrar una Transitorio que evalúe —con poderes extraordinarios— a los organismos de control. Ganó el Sí con el 63,08% de los votos.

Entonces llegó el CPCCS transitorio presidido por Julio César Trujillo y, como una de sus primeras decisiones y tras una evaluación, el 4 de junio de 2018 resolvió el cese de Jalkh y el resto de vocales de la Judicatura por falta de legitimidad, incumplimiento de funciones y falta de transparencia.

El CPCCS-t nombró una Judicatura transitoria, que la presidió el excontralor Marcelo Merlo. Para, finalmente, en enero de 2019 nombrar al CJ definitivo, con María del Carmen Maldonado a la cabeza. En este período, que es el que está prorrogado, hubo dos destituciones por líos judiciales, una censura legislativa y ocho renuncias de vocales. 

Ruth Barreno y Juan José Morillo dejaron su cargo tras ser llamado a juicio por tráfico de influencias. Wilman Terán renunció tras estar detenido y ahora tiene varias sentencias por corrupción y vínculos con el narcotráfico. Al igual que Xavier Muñoz, quien admitió que obstaculizó la justicia y fue sentenciado a nueve meses de cárcel en el caso Independencia Judicial.

Nota actualizada a las 22:00, del 24 de junio de 2025, con la aprobación de la Ley de Integridad Pública en la Asamblea Nacional.