Presidente del Congope descarta que ley sobre gobiernos locales castigue a las prefecturas, aunque otras autoridades difieren

El presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos provinciales del Ecuador (Congope), Clemente Bravo, descartó este 18 de febrero de 2026 que la nueva Ley Urgente del Ejecutivo "castigue" a las prefecturas del país, aunque reconoció que "ha faltado socializar" el proyecto.

Lo dijo en una rueda de prensa tras una reunión del Comité Ejecutivo del Congope y delegados del Gobierno para analizar los alcances del paquete de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

La postura de Bravo difiere de la de otros prefectos como la de Pichincha, Paola Pabón (RC), o Lourdes Tibán (Pachakutik), de Cotopaxi, quienes sostienen que la reforma afectaría programas sociales y la contratación de personal rural. Incluso en Quito hubo una marcha para pedir el archivo.

El titular del Congope atribuyó las discrepancias a que "ha faltado más comunicación y socializar el proyecto", a menos de tres días de que vaya a segundo y definitivo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, después de que el correísmo no lograra que fuese archivado en primer debate.  

Bravo mencionó que en la reunión con delegados del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Finanzas se comprometió a socializar la reforma a las 23 prefecturas del país.

"No es que se está disminuyendo el presupuesto. No es que se está castigando. No existe una norma que a nosotros nos hable de alguna inconstitucionalidad".

Clemente Bravo, presidente del Congope

El funcionario sostuvo que la reforma apunta a una "mayor eficiencia" del gasto público, al tiempo de asegurar que "el gasto corriente de las prefecturas no va más allá del 20 por ciento, por lo tanto, mayormente no hay problema".

Según el nuevo proyecto de Ley, los gobiernos locales que no cumplan con el 70% de gasto en inversión recibirán menos asignaciones del Gobierno central. 

Bravo explicó que se trata de "los mismos articulados" que ya constan en el Cootad desde 2010. "Todo está igual solo tienes que ajustarte", insistió. Sin embargo, mencionó que ha trasladado algunas observaciones a la Asamblea en torno "al clasificador presupuestario" que se pretende implementar.

En la Asamblea, durante el primer debate, la ponente del proyecto, Valentina Centeno (ADN), mencionó que, entre 2021 y 2024, el 64 % del presupuesto municipal se destinó a gasto corriente y que solo en 2023 se asignaron USD 43,7 millones a actividades de entretenimiento, recursos que debieron invertirse a obras prioritarias.

La regla del 70/30    

La propuesta del Ejecutivo busca reformar el Cootad para establecer una regla fiscal rígida: los municipios, prefecturas y juntas parroquiales deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto anual a inversión y obra pública, y limitar el gasto corriente (salarios y administrativos) al 30 %.

Según el texto, esta meta debe alcanzarse de manera progresiva hasta el año 2029 para municipios y prefecturas, y hasta 2030 para las juntas parroquiales. La normativa advierte que aquellos gobiernos locales que incumplan estos porcentajes verán reducidas sus asignaciones estatales a los mínimos constitucionales: 15 % de ingresos permanentes y 5 % de no permanentes.

El oficialismo defiende la medida argumentando que busca eficiencia y evitar el despilfarro. Asambleístas de ADN han denunciado que, en el último año, los municipios gastaron alrededor de USD 36 millones en festividades y "farras", en lugar de atender servicios básicos.

En el ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas, la iniciativa dispone que los GAD publiquen de manera trimestral el indicador de gasto y su composición por ítems, así como las medidas adoptadas para cumplir la regla fiscal establecida. De igual manera, se contempla que el ente rector de las finanzas públicas elabore informes de seguimiento trimestral sobre el cumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria y los ponga en conocimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Durante el debate en la Asamblea intervinieron 16 legisladores. El asambleísta Xavier Lasso (RC) presentó una moción para negar y disponer el archivo del proyecto calificado como urgente en materia económica; sin embargo, esta no obtuvo los votos necesarios para su aprobación. 

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