El presidente Daniel Noboa enfrentó a dos 'rivales' en una semana: la Corte Constitucional y la Conaie; ¿va ganando?
El presidente de la República, Daniel Noboa, logró que la Corte Constitucional apruebe su pregunta para la Asamblea Constituyente. Y, hasta ahora, el paro indígena no ha logrado que se revise la eliminación del subsidio al diésel.

Composición con un retrato del presidente Daniel Noboa con alegorías de la Asamblea Constituyente y protestas en las carreteras.
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En lo que va de su segundo período, los días del 22 de septiembre al 26 pueden ser considerados como los más intensos en público del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que apostó a lidiar con dos desafíos muy grandes y trascendentes al mismo tiempo. ¿Va ganando?
Noboa nunca antes agarró tantas veces el micrófono en un lapso tan corto que no sea en campaña, además de que ahora ha posado para las selfies como si estuviera en una alfombra roja y no frenteando el primer paro organizado por la Conaie en su contra. Y tampoco ha escatimado en frases tremendas: "Ellos quieren decir que nos expulsan de sus territorios, nosotros les expulsamos de todo el país entonces".
Lo que más sorprendió fue la rapidez con la que se resolvió el problema de la Asamblea Constituyente, que parecía un tallarín jurídico que amenazaba con desgastar en exceso a Daniel Noboa. El fin de semana anterior, debido al ping-pong de decretos y resoluciones entre la Presidencia de la República, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral (CNE), la incertidumbre y la confrotación aumentaban.
El ambiente se estaba poniendo tenso con el desalojo de los jueces por amenaza de bomba, los gritos en las calles de partidarios de ADN que no dejan dormir a los vecinos y las alertas en el país y desde el exterior por parte de los gremios jurídicos y de derechos humanos. La palabra "dictador" comenzaba a brotar y esparcirse con la rapidez de una epidemia.
Muchos incluso esperaban la inminente intervención del implacable Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que descabeza funcionarios y ametralla con multas a los políticos.
Pero no se produjo el temido choque de trenes entre las instituciones porque el 24 de septiembre los jueces constitucionales decidieron que Noboa tenía razón, o al menos acordaron que los ajustes al último decreto del mandatario ya podían ser considerados como legales. ¡Y aprobaron que se pregunte al pueblo sobre la Constituyente!
Con un chasquido de dedos, también desapareció el argumento de que Noboa estaba sobrepasando los límites constitucionales en este tema y, de paso, quitó a los organizadores del paro uno de los argumentos estrella de la protesta: la prepotencia —dicen ellos— del Presidente de la República para imponer su Asamblea Constituyente.
Esto representa un triunfo político clave en el guion del Gobierno que quiere desmontar la Constitución de Montecristi y dejar atrás eso que se llama "correísmo".
De todos modos, la luz verde para la consulta popular no quita que aún se mantiene un feroz pulso con la Corte por otros asuntos. El 26 de septiembre por la noche, los jueces declararon inconstitucionales dos leyes promovidas por Noboa: la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública.
El paro que no es nacional
El paro nacional de la Conaie, que se hizo efectivo desde el lunes 22 de septiembre, en realidad no ha sido "nacional" ni ha constituido una real amenaza para el Gobierno, que optó por una estrategia nunca antes vista: en vez de alejarse de los focos de las protestas en Cotopaxi e Imbabura, Daniel Noboa fue hacia allá, con actos públicos, discursos encendidos y acompañado de un operativo militar que ha desconcertado a los dirigentes indígenas y sociales.
De alguna manera, el Gobierno supo aprovechar los problemas internos de la Conaie, que también explican este descarrilamiento del poder de convocatoria del movimiento indígena.
Los organizadores del paro tampoco contaban con que el Gobierno aplicara otras tácticas poco vistas en el pasado, como congelar cuentas bancarias de dirigentes y fundaciones, o enviar a algunos detenidos en la Sierra a cárceles de la Costa, que de solo nombrarlas se produce terror. Tampoco esperaban que la Fiscalía indague a los dirigentes de las organizaciones sociales por el cargo de presunta delincuencia organizada, ni que la Amazonía no plegase con contundencia.
Pero lo que más ha desconcertado a los dirigentes es que las movilizaciones, motivadas en principio por el fin del subisido al diésel, no cuentan con real respaldo masivo. Los manifestantes han sido rechazados por comerciantes en Antonio Ante e Ibarra y, tras los ataques a la Policía en Otavalo y a las fincas de flores, queda perfectamente claro que la Conaie no tiene la capacidad de controlar a los violentos, sean militantes suyos o infiltrados. Esto ha abonado para el descrédito del paro, que parece está lejos de convertirse en el campo de batalla que afrontaron Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
No obstante, el Gobierno debe cerrar el tema de las protestas lo antes posible, por el desgaste que produce la paralización en Imbabura. El dilema es cómo hacerlo sin aplicar una excesiva e inflexible mano dura que cierre para siempre la comunicación con el sector indígena, como le pasó al expresidente Rafael Correa.
En su entrevista con Ecuavisa del 26 de septiembre, Daniel Noboa dijo que, aunque las comunidades indígenas pueden resistir por largo tiempo, el Gobierno también lo hará. "Nosotros resistiremos también de la misma manera".
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