La propuesta del Ejecutivo para retirar a los presos de la categoría de grupos de atención prioritaria divide a la Asamblea

La propuesta del presidente Daniel Noboa de reformar parcialmente la Constitución para retirar de los grupos de atención prioritaria a los presos, generó las primeras reacciones en la Asamblea, este 7 de noviembre de 2024. 

La reforma, que ya está en manos de la Corte Constitucional (CC), podría llegar para el tratamiento de los legisladores, para que elaboren y aprueben un proyecto, si es que obtiene la vía constitucional.

El tema, desde ya, es 'manejado con pinzas'. Paúl Buestán, del movimiento Construye, consideró que si una persona le falla a la sociedad cometiendo delitos graves, no puede ser considerada de atención prioritaria, en desmedro de quienes cumplen con la ley.

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También reconoció que no todos los privados de la libertad están en la categoría de delincuentes peligrosos o algunos si están en situación vulnerable, por lo que se debe hacer una suerte de categorización.

"Esto amerita un pronunciamiento de la Corte Constitucional y se debe verificar de que no haya vulneración de derechos (...), pero la simple calidad de ser un privado de la libertad no le da esa protección de atención prioritaria", señaló Buestán.

En la Comisión de Garantías Constitucionales abordaron, sin profundizar, este tema, aprovechando la presencia de Cinthia Carrasco, directora de Acceso a la Justicia, del Consejo de la Judicatura.

La especialista indicó que existen estándares internacionales para garantizar los derechos humanos de todos los grupos de atención prioritaria y recordó que el Estado ecuatoriano es suscriptor de estos acuerdos.

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"Depende de cómo esté planteada la propuesta y el análisis técnico y jurídico que se haga", expresó Carrasco, que aclaró que si la idea de la reforma es restringir el acceso a acciones de protección o habeas corpus, no tendría ningún efecto.

La Revolución Ciudadana, desde ya, se muestra contrario a la propuesta del Ejecutivo y la tildó de una propuesta más electoral, a propósito de la cercanía de las elecciones de febrero de 2025.

La legisladora Jhajaira Urresta recordó que en las cárceles hay adultos mayores, mujeres en gestación y personas de la comunidad GLTBI, que necesitan de atención prioritaria y rehabilitación social.

"Lo primero que debería hacer el Ejecutivo es iniciar por una separación de cárceles. Volver a un sistema de mínima, media y máxima seguridad. Hay que tener un registro de privados de la libertad, sus delitos y edades", reclamó Urresta.

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Mientras que el oficalista Adrián Castro se pronunció a favor de la propuesta de Noboa y dijo que no es justo que ciertos delincuentes tengan más protección que niños, adultos mayores y otras personas realmente vulnerables.

"El mundo no puede estar al revés. Las personas que merecen un trato especial, digno, deben contar con la protección estatal, pero no aquellos que nos están matando".

Adrián Castro, asambleísta de ADN

Por su parte, Jorge Acaiturri, del Partido Social Cristiano (PSC), dijo que si le preguntan, en términos personales, prefiere que los escasos recursos del Estado se destinen para las personas que realmente están en situación de vulnerabilidad.