Los tres hermanos Alvarez Henriquez fueron llevados a la cárcel del Encuentro en Santa Elena
El abogado Ramiro García reclamó este lunes que le impidieron el ingreso a la cárcel del Encuentro, en donde se encuentran el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos.

El bus que trasladó a los hermanos Antonio y Xavier Alvarez, a la cárcel de Turi, en Cuenca, el 12 de febrero de 2026.
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El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, y sus hermanos Antonio y Xavier, investigados en el caso Goleada, fueron trasladados a la cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena.
Aquiles Alvarez se encontraba en la cárcel de Latacunga desde el pasado 10 de febrero. Sus hermanos y dos procesados más estaban recluidos en la cárcel de Turi, en Cuenca.
El traslado de los hermanos Alvarez Henriques ocurrió el 8 de marzo de 2026, según un documento firmado por el director de la cárcel de Turi. Desde ahí también fueron trasladados otros dos procesados del caso Goleada, Fernando Peñaherrera y César Bravo.
Las razones del traslado no se han hecho públicas. Sin embargo, la mañana de este lunes 9 de marzo, el presidente Daniel Noboa, aseguró que el alcalde de Guayaquil estará "más seguro" en la cárcel del Encuentro.
Mientras tanto el abogado de Aquiles Alvarez, Ramiro García, reclamó este lunes que no le permitieron ingresar a la cárcel del Encuentro. "No se nos ha permitido el ingreso, se nos ha informado que no hay acceso personal a los privados de libertad, ni siquiera para los abogados", expresó en un video difundido en redes sociales.
"Esto, en momentos en que estamos en la audiencia del caso Triple A, constituye una clara vulneración al derecho a la defensa establecido en la Constitución", dijo el abogado García.
El abogado también aseguró en su cuenta de X que el traslado de los hermanos del alcalde de Guayaquil a la cárcel del Encuentro "es un claro caso de retaliación, política y personal".
El traslado de los hermanos Alvarez al centro carcelario de Santa Elena ocurrió el mismo día que se instaló la audiencia del juicio por el caso Triple A en el Complejo Judicial, ubicado en el norte de Quito.
En este caso, la Fiscalía sostiene la existencia de una red estructurada para el desvío de combustibles subsidiado en zonas fronterizas.
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