La crisis del agua atiza la tensión entre el Municipio de Quito y el Gobierno ¿cómo surgió esta pugna?

La crisis de agua potable que sufre Quito desde el 9 de julio de 2025 suma un nuevo capítulo en la conflictiva relación que mantienen el Municipio capitalino y el Gobierno Nacional. Desde ese día, las tensiones han crecido con declaraciones y acusaciones de lado y lado.

Las primeras reacciones surgieron apenas ocurrió el deslave que destruyó 350 metros de la tubería que lleva el agua desde la laguna La Mica hasta la planta potabilizadora de El Troje, que abastece a 400.000 personas de las parroquias Guamaní, La Ecuatoriana, Chillogallo, Quitumbe, La Argelia y Turubamba.

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El 11 de julio de 2025, el Ministerio de Ambiente criticó el manejo que ha tenido la Alcaldía de Pabel Muñoz. En un comunicado aseguró que "la prestación deficiente del servicio por parte del Municipio ha generado una afectación directa al acceso regular y seguro al agua potable, vulnerando derechos fundamentales y comprometiendo la salud pública".

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La respuesta del Alcalde no se hizo esperar. Horas más tarde, el 12 de julio, respondió: "Bueno fuera que me llamaran a decir cuántos tanqueros necesitamos. Pero allá ellos con las críticas. Yo estoy trabajando por los quiteños, no tengo tiempo de escucharles".

Esas declaraciones provocaron la reacción del Gobierno, que al día siguiente entregó unos 70.000 litros de agua en las seis parroquias afectadas. En medio de la desesperación de los afectados, el lunes 14 de julio, el régimen lanzó una nueva ofensiva en la rueda de prensa que ofrece los lunes la portavoz gubernamental, Carolina Jaramillo.

La funcionaria anunció que el Gobierno instalaría tres plantas potabilizadoras móviles ante la "acción tardía del Municipio de Quito”, dijo. Esa misma noche, la ministra de Energía, Inés Manzano y el ministro de Transporte, Roberto Luque, publicaron un mensaje en la red social X en el que le pidieron al Municipio que "empiece a colaborar porque el problema se tiene que solucionar lo más pronto posible".

Al día siguiente, el ofrecimiento de Jaramillo empezó a concretarse con la instalación de dos plantas portátiles en el barrio Nueva Aurora, de la parroquia Quitumbe.

Allí la ministra de Energía, Inés Manzano, nuevamente lanzó dardos al Municipio al cuestionar su falta de coordinación y de información. "Las competencias son constitucionales: planta de tratamiento de aguas residuales, dotación de agua potable, residuos, entre otras cosas, son de los municipios”, recordó.

Agregó que "la ministra de Ambiente pidió por oficio, la semana pasada, que por favor nos den un plan de emergencia de lo que estaba sucediendo. El plan nunca fue entregado y de hecho hemos vuelto a insistir para que nos den un informe técnico de qué pasó y qué actividades van a hacer para complementar. Como no ha habido esa comunicación veraz y oportuna, entonces nosotros hemos intervenido”.

Mientras Manzano daba estas declaraciones, Muñoz, en una rueda de prensa desde el Municipio, aseguraba que "yo, como Alcalde, no he recibido ningún tipo de contacto para poder hacer la coordinación del apoyo que puede hacer el Gobierno, que es bienvenido y que debería haber coordinación, evidentemente".

Primer enfrentamiento por el agua en Quito

La pugna por los problemas de abastecimiento de agua entre el Municipio de Quito y el Gobierno se remontan a noviembre de 2024. En ese entonces, la severa sequía que azotó a la ciudad provocó la suspensión del servicio en 92 barrios del centro y sur durante 12 horas diarias.

El Municipio justificó la medida aduciendo que los embalses que abastecen a las plantas de tratamiento registraban bajos niveles. Ante ese anuncio, el Ministerio de Ambiente acudió a los embalses para inspeccionar su estado, pues aseguraba que la Alcaldía no había elaborado un plan de contingencia que minimice los efectos de la temporada seca.

A mediados de diciembre, la autoridad ambiental dio a conocer los resultados de las inspecciones. En un informe concluyó que "no se presentan alertas que impidan la normal operación y el abastecimiento de agua potable para los habitantes de la capital".

Por último, señaló que la falta de lluvias "ha derivado en un racionamiento periódico del agua en varios sectores servidos desde la Planta de Tratamiento Puengasí, sin que la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) haya desarrollado planes correctivos emergentes para solucionar una alerta que no es actual".

En ese entonces, el alcalde Pabel Muñoz culpó al Gobierno por los cortes de agua que sufrieron las zonas altas del noroccidente de Quito a causa de los masivos apagones. Y es que esos barrios se abastecen de este recurso a través de sistemas de bombeo que funcionan con luz eléctrica.

Esta crisis terminó a inicios de diciembre de 2024 cuando los embalses recuperaron su nivel por las lluvias que empezaron a registrarse.

¿Pelea por votos?

La actual crisis del agua llega en un momento complicado para el alcalde Pabel Muñoz, pues sobre él pesa un proceso de revocatoria que podría sacarlo del cargo. Quienes impulsan la iniciativa deben reunir 206.000 firmas para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) las valide y llame a votaciones.

Y es ahí, precisamente, donde los votos toman protagonismo, sobre todo en las seis parroquias que actualmente enfrentan cortes de agua. En las elecciones presidenciales de abril de 2025, Noboa ganó en todas ellas, arrebatándole cuatro en las que el correísmo había triunfado en la primera: Argelia, La Ecuatoriana, Guamaní y Turubamba. 

La pregunta ahora es saber si el desabastecimiento de agua repercutirá en la revocatoria, si es que llega a las urnas.