Metro de Quito: Municipio pierde arbitraje y es condenado a pagar USD 10,3 millones a constructora española Acciona
Los tribunales concluyeron que los cambios legales afectaron los costos de Acciona en el Metro de Quito y que el contrato establece la obligación del Municipio de Quito de compensar ese impacto a esa contratista.

Uno de los trenes del Metro de Quito durante las pruebas técnicas, en julio de 2022.
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Metro de Quito
Autor:
Redacción Primicias
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El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito deberá reconocer más de USD 10 millones al consorcio constructor de la Línea 1 del Metro, luego de dos fallos arbitrales internacionales que resolvieron disputas contractuales a favor de la empresa.
La Procuraduría General del Estado confirmó que tribunales arbitrales, bajo el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), emitieron dos laudos en los casos vinculados al contrato del proyecto. En ambos procesos, los árbitros acogieron las pretensiones del Consorcio Acciona Línea 1.
Los fallos establecen que el Municipio está obligado a compensar al contratista por ajustes derivados de cambios en la legislación, conforme a lo estipulado en el contrato, en particular en la Subcláusula 13.7.
Los rubros reconocidos incluyen:
- USD 2,52 millones por contribuciones temporales a sociedades entre 2020 y 2022
- USD 7,17 millones por el incremento del impuesto a la renta del 22% al 25%
- USD 684.000 por contribuciones vinculadas a la pandemia de Covid-19
En total, el monto supera los USD 10,3 millones.
Los tribunales concluyeron que los cambios legales afectaron los costos del contratista y que el contrato establece la obligación de compensar ese impacto. El fallo no se centra en un incumplimiento directo del Municipio, sino en la aplicación de las condiciones contractuales pactadas.
Este tipo de cláusulas es habitual en proyectos de gran escala, donde se busca dar estabilidad a la inversión frente a variaciones normativas.
La Procuraduría informó que, junto con el estudio jurídico Clark Hill, revisa el alcance de los laudos conforme a la legislación aplicable en la sede del arbitraje, en Santiago de Chile.
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