De isla de paz a epicentro criminal, el impacto del narcotráfico en economía y violencia ecuatoriana
En apenas cinco años, Ecuador pasó de registrar cerca de 1.000 homicidios anuales a más de 8.000, convirtiéndose en uno de los países más violentos de América Latina. Esta transformación no fue uniforme: mientras algunas provincias mantuvieron índices relativamente estables, otras experimentaron incrementos explosivos que redibujaron completamente el mapa de la inseguridad nacional.
Militares custodian y cargan decenas de barriles azules en un operativo.
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El ascenso vertiginoso de la violencia homicida en Ecuador en los últimos años representa uno de los fenómenos criminológicos más dramáticos de la región en la última década. Este artículo se analiza con base en la publicación de Daniel Howitt, Pablo Jaramillo, Doménica Miranda y Diego Peña titulada “Análisis de la influencia de las variables sociales y económicas en la dinámica de los crímenes violentos en ecuador”, este incremento no constituye un fenómeno aislado, sino que responde a la intersección compleja entre factores estructurales, económicos y demográficos que han sido catalizados por la expansión del narcotráfico internacional.
Los datos oficiales del Ministerio del Interior revelan una progresión alarmante: de los 996 homicidios registrados en 2018, la cifra se disparó a 8.248 en 2023, manteniendo la tendencia con 7.062 casos en 2024 y 6.020 homicidios hasta agosto de 2025 (Gráfico 1).
Esta escalada coincide temporalmente con el posicionamiento de Ecuador como un corredor estratégico para el tráfico de cocaína hacia mercados internacionales, transformando dinámicas locales de violencia que históricamente habían mantenido al país como un “sitio de paz” en una región convulsionada.
La geografía de la violencia: concentración provincial y transformación del mapa criminal
El análisis de la distribución provincial de homicidios entre 2018 y 2024 revela una reconfiguración radical del mapa de la violencia en Ecuador. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior, mientras que en 2018 Guayas lideraba con 291 homicidios, seguida por Pichincha (134) y Los Ríos (94), para 2024 las cifras muestran una concentración extrema: Guayas alcanzó 3.247 homicidios, Los Ríos 817 y Manabí 872 casos (Gráfico 2).
Esta concentración no es casual. Como señala el estudio de Howitt et al., existe una “fuerte correlación entre homicidios y cocaína incautada” que se manifiesta particularmente en las provincias costeras. La proximidad a puertos estratégicos como Guayaquil, Puerto Bolívar y Manta, combinada con la presencia de redes logísticas establecidas, convirtió a estas zonas en territorios disputados por organizaciones criminales transnacionales.
El caso de Los Ríos, resulta particularmente ilustrativo de esta transformación. La provincia experimentó un incremento del 769% entre 2018 y 2024, pasando de 94 a 817 homicidios. Este salto coincide con el posicionamiento de la región como un corredor terrestre crucial para el transporte de cocaína desde zonas de producción hacia puertos de exportación. Similar patrón se observa en Manabí, donde los homicidios aumentaron de 84 en 2018 a 872 en 2024, un incremento del 938%.
En contraste, provincias de la región Sierra como Azuay, Chimborazo y Tungurahua mantuvieron incrementos proporcionalmente menores, sugiriendo que la geografía del narcotráfico privilegió rutas específicas que no necesariamente incluyeron estos territorios en la misma intensidad.
El narcotráfico como motor de la violencia: incautaciones y territorios en disputa
Los datos de incautación y destrucción de drogas proporcionan una ventana crucial para entender la evolución de la presencia de GDO en territorio ecuatoriano. Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado entre 2016 y 2024, las incautaciones pasaron de 55 toneladas a más de 302 toneladas anuales, representando un incremento del 449%. Este crecimiento no solo refleja una mayor actividad de tráfico, sino también el fortalecimiento de las capacidades estatales de detección e incautación (Gráfico 3).
Sin embargo, como documenta el análisis econométrico de Howitt Guerrero et al., “las incautaciones de cocaína generan efectos sistémicos en varios niveles”, actuando como catalizadores de violencia en lugar de elementos disuasivos. Las incautaciones “intensifican la competencia interna por los recursos restantes y por mantener la lealtad de sus miembros”, mientras simultáneamente “exacerban las disputas externas entre bandas competidoras que buscan explotar el vacío temporal creado en las rutas de tráfico”.
La distribución provincial de incautaciones entre 2018 y 2024 ilustra esta dinámica. Mientras que en 2018 Pichincha concentraba el 52,6% de las incautaciones (49,6 toneladas de un total de 94,3 toneladas), para 2024 esta provincia alcanzó el 87,3% del total nacional (264,4 toneladas de 302.9 toneladas). Esta concentración en Pichincha, refleja tanto la intensificación de los operativos antinarcóticos como el posicionamiento de Quito como centro logístico para el tráfico aéreo de drogas (Gráfico 4).
Paralelamente, provincias como Imbabura experimentaron incrementos significativos en incautaciones, pasando de 6,1 toneladas en 2018 a 21,2 toneladas en 2024, lo que coincide con su posicionamiento como corredor hacia la frontera colombiana.
Factores socioeconómicos y vulnerabilidad territorial
El estudio de Howitt et al. identifica que “los ingresos promedio” constituyen un factor determinante en la configuración de la violencia cantonal. Su análisis revela que “un incremento en los ingresos está asociado con una disminución de los homicidios”, reforzando la hipótesis de que “una mejor situación económica puede contribuir a reducir los niveles de violencia en los cantones”.
Esta relación entre vulnerabilidad económica y violencia se ve amplificada por el contexto del narcotráfico, que ofrece alternativas económicas ilícitas en territorios con limitadas oportunidades legales. La actividad minera, tanto legal como ilegal, emerge como otro factor crucial. El análisis econométrico muestra que “la minería está correlacionada con un aumento de homicidios al año siguiente”, explicado por “el volumen de dinero generado por esta actividad, que atrae a grupos delictivos” y “la coexistencia de minería legal con minería ilegal”.
La provincia de El Oro ejemplifica esta dinámica compleja. Con una economía históricamente dependiente de la minería aurífera y la producción bananera, la zona experimentó un incremento del 1.002% en homicidios entre 2018 y 2024, pasando de 54 a 595 casos.
Este salto coincide con la expansión de la minería ilegal y la consolidación de rutas de tráfico que conectan zonas de producción de coca con puertos de exportación, fenómeno que se extiende hacia áreas mineras como el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay.
El comercio como objetivo estratégico del crimen organizado
Uno de los hallazgos más reveladores del análisis de Howitt et al. es la identificación del comercio como un factor diferenciador entre tipos de delito. Mientras que el comercio muestra una “relación más fuerte con las extorsiones que con los homicidios o robos”, esto sugiere que “los GDO encuentran en la actividad comercial una fuente estratégica de ingresos ilícitos”.
Esta dinámica refleja la sofisticación creciente de las organizaciones criminales, que han diversificado sus fuentes de financiamiento más allá del tráfico de drogas. Las extorsiones a comerciantes, transportistas y empresarios se han convertido en una actividad sistemática que genera ingresos constantes y permite mantener estructuras operativas en territorios específicos.
La relación entre comercio y extorsiones también evidencia la transformación de los GDO de redes de tráfico hacia organizaciones con características de gobernanza paralela. Como señala el análisis, estas organizaciones “no solo operan bajo una lógica de mercados ilícitos, sino también de gobernanza paralela en las comunidades donde están presentes”.
Transformación de dinámicas delictivas y especialización criminal
El análisis comparativo de diferentes tipos de delito revela patrones de especialización que reflejan la maduración de las estructuras criminales en Ecuador. Mientras que los homicidios mantienen una correlación directa con la presencia de GDO (medida a través de incautaciones de cocaína), los robos “presentaron dinámicas diferenciadas, mostrando una asociación significativa únicamente con la edad promedio, sin relación con variables estructurales como la cocaína incautada, los ingresos o el comercio”.
Esta diferenciación sugiere que Ecuador experimenta simultáneamente dos fenómenos criminales distintos: una violencia estructural vinculada al crimen organizado y narcotráfico, y una criminalidad común que responde a factores demográficos y socioeconómicos tradicionales. La primera se concentra en territorios estratégicos para el tráfico de drogas y actividades conexas, mientras que la segunda mantiene patrones de distribución más uniforme.
La migración interna emerge como otro factor relevante específicamente para las extorsiones. El análisis muestra que “la proporción de personas provenientes de otras provincias en los cantones durante el 2023 mostró una correlación positiva con las extorsiones”, sugiriendo que “los flujos migratorios internos generan dinámicas económicas y sociales que incrementan la vulnerabilidad de ciertos sectores”.
El análisis de la evolución de la violencia en Ecuador entre 2018 y 2025 revela que el narcotráfico no solo incrementó los niveles de criminalidad, sino que fundamentalmente reconfiguró la geografía de la inseguridad nacional. Esta transformación no constituye un fenómeno uniforme, sino una serie de procesos diferenciados que responden a factores geográficos, económicos y sociales específicos de cada territorio.
La concentración de homicidios en provincias costeras y la correlación entre incautaciones de cocaína y violencia confirman que Ecuador se ha convertido en un territorio disputado por organizaciones criminales transnacionales que utilizan la violencia como herramienta de control territorial y gestión de conflictos internos.
El caso ecuatoriano ilustra cómo la inserción en mercados globales de drogas puede transformar radicalmente las dinámicas de violencia nacional, requiriendo respuestas integrales que combinen fortalecimiento institucional y desarrollo económico territorial para disrumpir las redes criminales transnacionales que han encontrado en Ecuador un territorio propicio para sus operaciones.
(*) Economista, analista económica Gestión Digital.
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