La economía del riesgo y por qué los microseguros son clave para el desarrollo sostenible en Ecuador
Con más de la mitad de trabajadores en la informalidad y la amenaza de desastres naturales en lo rural, los microseguros emergen como herramienta para construir resiliencia, reducir brechas y avanzar a un desarrollo sostenible.
Incendio forestal en Tungurahua.
- Foto
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
Autor:
Actualizada:
Compartir:
La sostenibilidad económica de un país no se mide solo por sus tasas de crecimiento o sus indicadores macroeconómicos. Se mide también por la capacidad de su población más vulnerable para resistir los embates de crisis climáticas, sanitarias y económicas sin retroceder generaciones en su desarrollo. En Ecuador, esta realidad adquiere dimensiones altas cuando se observan los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que revelan una situación estructural de informalidad laboral que limita el acceso a protección financiera (Gráfico 1).
Los datos del INEC muestran que entre enero de 2023 y agosto de 2025, el empleo informal se ha mantenido consistentemente por encima del 50%, alcanzando su punto más alto en diciembre de 2024, con un 58%, y manteniéndose en niveles preocupantes durante todo el período analizado. En contraste, el empleo formal ha superado el 44,5% en su mejor momento, registrado en julio de 2025, mientras que en su punto más bajo, en diciembre de 2024, apenas alcanzó el 38,4% de la población económicamente activa.
La informalidad masiva se traduce en una exclusión casi total del sistema tradicional de seguros. Como señala Patricio Salas, secretario ejecutivo de Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), en entrevista con GESTIÓN, “la población más vulnerable, tanto del Ecuador como de la región y del mundo, está expuesta permanentemente a riesgos que, cuando ocurren, los dejan totalmente en cero o en menos diez, porque no tienen ninguna capacidad de resiliencia para soportar esas pérdidas”.
Los microseguros representan una respuesta innovadora a este desafío estructural. Estos productos de protección financiera están diseñados específicamente para poblaciones de bajos ingresos, con primas accesibles, procesos simplificados y coberturas adaptadas a riesgos que pueden devastar la economía familiar como: enfermedades, accidentes, pérdidas de cosechas o desastres naturales. Su relevancia trasciende lo meramente económico para convertirse en un pilar fundamental de la sostenibilidad social y ambiental del país.
El panorama actual muestra una brecha que amenaza el desarrollo
Los datos presentados por Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas, durante la International Conference on Inclusive Insurance 2025 (ICII), revelan la magnitud del desafío que enfrenta Ecuador. El país ocupa el puesto 18 de 193 de los países más expuestos a amenazas naturales a nivel mundial, con una dependencia del 70% en fuentes hidroeléctricas, lo que aumenta su vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.
En este contexto de alta exposición, solo 358.000 personas de ingresos bajos y medios cuentan con algún tipo de microseguro, lo que representa aproximadamente el 2% de este segmento poblacional. Esta cifra contrasta con el promedio regional latinoamericano del 13%, evidenciando una brecha de protección financiera que alcanza al 75% de la población ecuatoriana, según datos presentados en la conferencia internacional.
De acuerdo con Gissela Heredia, en su investigación titulada "Análisis socioeconómico de la implementación de un servicio de microseguros para familias de bajos recursos en la ciudad de Quito a través de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria“, esta desprotección tiene consecuencias directas en la estructura de gastos de los hogares más vulnerables, por ejemplo, en los estratos más bajos, entre el 42% y 38% del gasto mensual se destina a alimentos y bebidas, respectivamente, dejando márgenes mínimos para cualquier eventualidad.
Más revelador aún, el 41,1% de los hogares ecuatorianos tiene gastos mayores que sus ingresos, lo que significa que viven en un déficit constante, sin capacidad alguna de ahorro o de enfrentar emergencias.
El análisis más reciente de MAPFRE Economics, el servicio de estudios económicos de MAPFRE, también muestra que el Índice de Evolución del Mercado de Ecuador entre 2005 y 2023 ha tenido una tendencia consistente con el promedio de los mercados aseguradores latinoamericanos. Sin embargo, los datos sobre la capacidad para cerrar la brecha de protección del seguro resultan preocupantes (Gráfico 2).
Entre 2012 y 2022, el sector de seguros total creció apenas un 3,10% promedio anual, con el segmento de vida creciendo solo 1,40% y el de no vida alcanzando un 8,90%. Entre 2013 y 2023, estas cifras se mantuvieron similares, con un 2,90% para el total, 1,10% para vida y 9,10% para no vida. Sin embargo, en 2022 y 2023, el sector experimentó contracciones significativas del -12,90% y -12,50%, respectivamente, en el total, con caídas aún más pronunciadas en el segmento de vida, que alcanzó -14,10% y -13,70%, reflejando una capacidad insuficiente para cerrar la brecha existente.
El costo social de la desprotección
Salas ilustra con claridad el impacto individual y colectivo de esta desprotección: “Ese riesgo se transmite de generación en generación. Se pueden volver generaciones perdidas en un grupo familiar o comunitario. Y más aún si sumamos todas esas realidades individuales”.
El impacto de esta desprotección no es abstracto. Salas explica que cuando los riesgos se materializan en las poblaciones vulnerables, “a nivel individual retrasan los planes de vida o los elimina en algunos casos”. Esta realidad se multiplica cuando se considera que millones de ecuatorianos viven permanentemente expuestos sin ninguna red de protección.
Según la investigación de Heredia, el 33% de las familias encuestadas identificó la pérdida de salud como su principal preocupación, seguida por perder la vida (28%) y perder la vivienda (14%). Más revelador aún es cuando se profundiza en la prioridades de aseguramiento, las respuestas mantienen coherencia pero con matices importantes: el 29% prioriza mejor atención en salud, el 28% protección de vida, y el 23% una renta por pérdida de incapacidad física.
Esta última cifra es importante, debido a que casi una cuarta parte de las familias vulnerables reconoce que su mayor temor no es solo enfermarse o morir, sino perder la capacidad de generar ingresos.
Los eventos de 2016 (terremoto de Manabí) y 2020 (pandemia) proporcionan evidencia de cómo la presencia o ausencia de seguros marca diferencias fundamentales en la capacidad de recuperación. Durante el terremoto, aproximadamente 700 personas fallecieron, según cifras oficiales. Según las cifras oficiales de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, citadas por Salas, el sector asegurador pagó también indemnizaciones por aproximadamente 700 fallecidos.
Esta correlación casi perfecta no fue casual. De acuerdo con Salas, se dio porque en la zona donde ocurrió, existe una red financiera de desarrollo de microfinanzas, “un cooperativismo muy sólido, muy fuerte”. “Muchas de esas personas eran miembros o tenían vinculación con esas cooperativas de pescadores, de gente que vende mariscos, de comerciantes, etc. Y cuando lastimosamente fallecieron, al menos dejaron una protección a su familia”, apunta.
Los microseguros como mecanismo de resiliencia
Ante este panorama, los microseguros emergen como una herramienta específicamente diseñada para abordar las necesidades de las poblaciones vulnerables, ya que precisamente buscan adaptarse a la cultura, a las necesidades, a las capacidades económicas, “pero principalmente a los riesgos reales que preocupan a esos individuos”.
El objetivo fundamental es evitar que las personas tengan que “partir de cero o de menos diez” y, en cambio, “puedan continuar con sus aspiraciones”. Este enfoque no solo protege a individuos y familias, sino que tiene implicaciones macroeconómicas significativas.
Las barreras estructurales que enfrentan los microseguros
La principal barrera que impide que los seguros lleguen a los sectores más vulnerables, es la falta de educación: educación financiera, educación en gestión de riesgos, pero adecuada a la cultura. Esta educación debe comunicar cuatro mensajes esenciales, según Salas: primero, que los riesgos existen; segundo, que no somos intocables, los riesgos afectan a todos; tercero, que esos riesgos, cuando ocurren, causan pérdidas, y esas pérdidas pueden implicar “que se pierda el futuro de nuestra familia o individual o generacional”.
Y lo cuarto es que hay mecanismos que se han desarrollado en el mundo y uno de ellos es el seguro, no es el único, pero uno de ellos, como forma de precautelar que esas pérdidas no dañen la expectativa de vida.
Esta necesidad de educación encuentra eco en experiencias regionales exitosas. Verónica Aita De Marzi, general insurance manager de Pacífico Seguros, en Perú, compartió durante la ICII 2025 cómo en su país enfrentan desafíos similares. “La penetración de seguros apenas alcanza el 2%, estando entre los países con menor cobertura en la región. Esto significa que muchas familias, emprendedores y negocios hoy no tienen una red de soporte ante un evento inesperado”, explicó.
Para abordar esta baja cultura de aseguramiento, Pacífico Seguros ha implementado programas como “Comunidad Singular”, “ABC Seguro” y “Puente S3”, logrando certificar a más de 700.000 personas en temas de prevención de riesgo y gestión financiera. “Creemos que la educación es, sin duda, la base fundamental”, enfatizó la ejecutiva.
Otra barrera es la necesidad de innovación en todo el ecosistema, pues los seguros tradicionales han funcionado durante muchos años, pero para cubrir a un sector de la población minoritaria, por lo que para servir a la base de la población, hay que innovar. Pero para promover esta innovación, el marco regulatorio debe adaptarse y funcionar como un incentivo y no como un obstáculo.
La experiencia peruana ilustra cómo la innovación puede romper barreras de acceso. Aita habló del caso de Yape, la billetera digital más grande de Perú, con 17 millones de usuarios y 500 millones de transacciones mensuales. “Hemos logrado colocar más de 1 millón de seguros a través de Yape, pero un dato que es bien importante es que el 50% de las personas que han comprado este seguro ni siquiera tienen una cuenta bancaria”, reveló al señalar que esta es inclusión financiera “en estado puro”, pues la app permite afiliarse solo con el número de identificación, eliminando requisitos tradicionales que excluían a las poblaciones vulnerables.
La tercera barrera es la necesidad de desarrollar todo el ecosistema, algo que no es una labor de una institución o de un sector, sino de todos los actores que tienen competencias y responsabilidades, como el sector asegurador, los organismos del Estado, las superintendencias o la propia Asamblea Nacional, a cargo del desarrollo de las políticas públicas.
Adicionalmente, el rol del regulador en este ecosistema requiere de un delicado balance entre supervisión y facilitación. Tomás Soley Pérez, superintendente general de Seguros de Costa Rica, compartió durante la ICII 2025 una reflexión crucial sobre este punto: “El regulador no tiene una varita mágica, pero sí tiene un rol crucial”, señaló al recordar que hace años, en diálogos sobre temas climáticos y financieros, muchos se preguntaban si era necesario obligar a las aseguradoras a desarrollar productos inclusivos y sostenibles. “Lo que se necesita no es un reglamento para exigir eso, tiene que haber convencimiento”, añadió.
Su experiencia muestra que el cambio genuino viene de “líderes internos que están empujando las cosas necesarias”. El papel del regulador, según Soley, es servir como “ese puente entre la política pública y cómo la bajamos a cosas concretas, efectivas, que motiven al mercado”. Para lograr esto, “el diálogo es fundamental”.
CampoSeguro, la materialización de la estrategia
El proyecto CampoSeguro, implementado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional, representa la concreción práctica de los principios de seguros inclusivos en el sector más vulnerable de la economía ecuatoriana. Este seguro agropecuario para pequeños y medianos productores está específicamente dirigido a familias rurales que realizan actividades agrícolas y pecuarias en zonas con mayor riesgo climático.
El programa protege la inversión del productor, reduce pérdidas económicas y asegura la continuidad de la actividad productiva sin descapitalizarse. El compromiso gubernamental incluye ampliar cobertura, cofinanciar donde haga falta y acompañar en el proceso de asegurar (Tabla 1).
Los datos presentados por la ministra Moya durante la ICII 2025 revelan un impacto significativo del programa. En el periodo comprendido entre enero de 2022 y octubre de 2025, el proyecto CampoSeguro ha beneficiado con una subvención de hasta el 60% a 48.261 pequeños y medianos productores, asegurando 94.449 hectáreas.
El año 2024 mostró una leve recuperación, con 5.172 beneficiarios, 13.417 hectáreas aseguradas, monto asegurado de USD 24.033 millones, prima neta de USD 901 mil y subvención de USD 497. Sin embargo, en 2025 se evidencia un repunte significativo, con 26.299 beneficiarios, 33.266 hectáreas aseguradas, monto asegurado de USD 47.906 millones, prima neta de USD 1.892 millones y subvención de USD 1.108 millones.
En total, el programa ha generado un monto asegurado acumulado de USD 137.507 millones, con primas netas totales de USD 5.737 millones y subsidios gubernamentales de USD 3.314. El notable incremento de 2025 indica una aceleración en la adopción después de años de una implementación más modesta.
Los microseguros en Ecuador representan mucho más que productos financieros especializados. Constituyen un mecanismo fundamental para construir resiliencia económica, romper ciclos intergeneracionales de vulnerabilidad y avanzar hacia un desarrollo genuinamente sostenible e inclusivo.
El cambio climático añade urgencia adicional a esta agenda. Como advierte Salas sobre los eventos catastróficos extremos, “es imposible crear una capacidad de resiliencia si es que no trabajamos en eso todos los actores del ecosistema que podemos contribuir”.
(*) Economista, analista económica Gestión Digital.
Compartir: