No solo con los GAD, el Gobierno también acumula atrasos en salud, educación y otros sectores
El Gobierno arrastra más de USD 1.335 millones en pagos atrasados hasta agosto, no solo con los GAD, sino también en salud, educación y otros sectores. La mora golpea sobre todo a bienes, servicios e inversión.
Una maestra enseña vocales a niños en una escuela rural visiblemente precaria.
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Flickr UNICEF - Santiago Arcos
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La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) estima que el Gobierno adeuda a los gobiernos locales más de USD 600 millones. Según el gremio, la falta de recursos ha obligado a varios gobiernos locales a suspender obras y reducir servicios. La AME anunció que presentará una demanda ante la Corte Constitucional por el presunto incumplimiento del artículo 200 del COOTAD, que establece la obligación de realizar transferencias de forma directa, automática y oportuna.
Pero ¿qué dicen los datos oficiales? De acuerdo con la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta agosto de 2025, los pagos pendientes a los GAD —incluyendo gobiernos provinciales, municipales y parroquiales— superan los USD 630 millones. Estas cifras corresponden a partidas como el Modelo de Equidad Territorial, devolución del IVA y competencias asumidas por los gobiernos subnacionales en áreas como riego, transporte o patrimonio.
Además, los pagos atrasados no se concentran únicamente en los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Los datos oficiales muestran que también hay obligaciones pendientes en sectores como salud y educación, así como en áreas como bienestar social, ambiente y defensa nacional. Los pagos atrasados por el Gobierno ascienden a USD 1.335 millones hasta agosto de 2025.
¿Qué son los pagos atrasados?
En el sistema presupuestario del sector público, un pago atrasado se genera cuando una entidad del Estado registra un gasto como devengado —es decir, ya fue reconocido como obligación formal— pero aún no ha sido pagado. Este desfase entre ejecución y desembolso afecta directamente a proveedores, instituciones públicas y gobiernos subnacionales.
De enero a agosto, el Gobierno central había devengado USD 17.290 millones y pagado USD 15.954 millones, lo que deja un saldo de USD 1.335 millones en pagos atrasados, según los reportes de ejecución presupuestaria del MEF.
La mayor parte de estos atrasos se concentra en el Tesoro Nacional, con USD 719,3 millones, que agrupa principalmente las transferencias del Gobierno Central. Esta función devengó USD 7.394 millones y había pagado USD 6.675 millones hasta agosto. Otros sectores con montos relevantes de atrasos son:
- Salud: USD 216 millones
- Defensa Nacional: USD 88 millones
- Educación: USD 83 millones
- Ambiente: USD 45 millones
- Comunicaciones: USD 41 millones
- Bienestar Social: USD 39 millones
Atrasos con los GAD: pagos pendientes superan los USD 630 millones
Los GAD son financiados a través de las transferencias preasignadas por la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). Este marco legal garantiza que reciban, de forma automática y directa, el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes del Presupuesto General del Estado.
Pese a ese mandato legal, las cifras oficiales muestran un retraso considerable. Hasta agosto de 2025, los pagos pendientes del Gobierno ascienden a USD 637 millones, lo que representa casi la mitad de todos los atrasos acumulados por el Estado.
El principal componente es el Modelo de Equidad Territorial, mecanismo que canaliza la mayor parte de los ingresos para los gobiernos locales. En este rubro, los municipios registran USD 336 millones en atrasos, las provincias USD 211 millones y las juntas parroquiales USD 19 millones.
A esto se añaden atrasos en transferencias de inversión, con USD 44 millones pendientes, y en transferencias corrientes, que financian el funcionamiento administrativo, con USD 24 millones. También aparecen rezagos en las competencias transferidas a los gobiernos provinciales, como riego y drenaje, que suman cerca de USD 2 millones sin cancelar.
Otros compromisos figuran en el presupuesto, pero no muestran ejecución. Entre ellos destacan el reintegro del IVA a municipios, provincias y parroquias, con USD 44 millones presupuestados, pero sin ningún pago registrado hasta agosto.
Asimismo, los aportes de la Ley 47, que asignan recursos a ciertas provincias por la generación eléctrica, pero que hasta agosto no han recibido desembolsos. Lo mismo ocurre con la participación de los GAD en el 10% de los ingresos no permanentes, que permanece en cero a pesar de estar reconocida como obligación legal.
Salud: los atrasos golpean la compra de medicamentos, insumos y equipos
El sector salud es el segundo con más obligaciones pendientes dentro del Presupuesto General del Estado. Hasta agosto de 2025, acumulaba USD 216 millones en atrasos.
Al desagregar los datos, es visible que los mayores problemas se concentran en la compra de bienes y servicios de consumo, es decir, los insumos básicos que permiten la operación de hospitales y centros de salud. Allí los atrasos suman más de USD 162 millones. Los mayores montos incluyen:
● Medicamentos, con USD 60 millones pendientes, un rezago que impacta directamente en el abastecimiento de sistema de salud público.
● Dispositivos médicos de uso general, con USD 33 millones en mora, que cubren insumos empleados en diversos procedimientos médicos, desde material descartable hasta desinfectantes especializados.
● Equipos de laboratorio y patología, con USD 26 millones pendientes, lo que retrasa diagnósticos clínicos.
El segundo bloque de peso corresponde a las transferencias corrientes. Hasta agosto, se acumulaban USD 32 millones en atrasos. En el ámbito de la inversión en salud, los retrasos también son visibles. El saldo acumulado en capital e inversión suma USD 15 millones.
En contraste, los atrasos en personal son menores: apenas USD 4 millones en sueldos y salarios, es decir, que la mayor parte de las remuneraciones de médicos y profesionales de la salud sí se han cubierto en tiempo.
Atrasos en bienes, servicios e inversión, el factor común en el resto de sectores
Más allá de los gobiernos locales y del sistema de salud, los atrasos se reparten en todos los sectores del Estado, aunque con distinta intensidad. Los datos muestran un patrón claro: los sueldos y remuneraciones tienden a cumplirse, mientras que los mayores problemas aparecen en bienes y servicios, así como en inversión y capital.
En el caso de educación, los atrasos alcanzan USD 84 millones. Como en el sector salud, los sueldos a docentes están prácticamente cubiertos, pero persisten deudas en bienes y servicios de consumo (USD 67 millones) y en la ejecución de obras de infraestructura escolar.
La Defensa Nacional arrastra USD 88 millones en atrasos, principalmente por la compra de bienes y servicios, mientras que en Bienestar Social —donde se canalizan programas de transferencias y ayuda social— la mora supera los USD 40 millones. Algo similar ocurre en Asuntos Internos (incluye Policía y seguridad), que acumula USD 32 millones pendientes, sobre todo en servicios y proyectos de inversión.
El resto de los sectores muestran montos menores, pero reflejan la misma tendencia: en Comunicaciones (USD 41 millones de atraso), Ambiente (USD 45 millones) y Electoral (USD 13 millones), la mora se concentra en bienes y proyectos de inversión.
Los atrasos no son un fenómeno nuevo: gobiernos anteriores también enfrentaron problemas de caja que se tradujeron en demoras con los proveedores y con los gobiernos locales. Sin embargo, lo que está en debate hoy es por qué, tras tantos años de esta práctica, no se han implementado soluciones que eviten que la mora se acumule de manera recurrente.
Y más aún, por qué no se garantiza al menos un flujo oportuno en sectores prioritarios como salud, educación y bienestar social, donde los efectos se sienten de inmediato en la calidad de la atención médica, en la continuidad de las clases y en el alcance de los programas sociales.
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