IESS: un sistema de pensiones que incentiva formalizarse a los 50 años

El sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) permite acceder a una jubilación por vejez a los 65 años con solo 15 años de aportes. Este umbral, aunque legalmente válido, se ha transformado en un incentivo silencioso que moldea las decisiones laborales de miles de trabajadores: basta con formalizarse a los 50 años y cotizar el tiempo mínimo para recibir una pensión completa.

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A diferencia de sistemas contributivos plenos, donde el monto de la pensión guarda una relación directa con los años cotizados y el nivel de aportes, el esquema ecuatoriano mantiene altos niveles de subsidio implícito. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ecuador tiene el segundo sistema más generoso de América Latina, permitiendo beneficios sustanciales incluso cuando las contribuciones fueron tardías o mínimas.

Este fenómeno se refleja en la tasa de reemplazo de pensiones, es decir, el porcentaje del salario final que un jubilado recibe como pensión. En Ecuador, este indicador alcanza el 99% del salario final, una cifra muy por encima del promedio regional de los sistemas de beneficio definido (BD), que es del 63%, y casi triplica el promedio de los sistemas de contribución definida (CD), que se sitúa en el 37%.

En términos simples, los sistemas BD —como el del IESS— ofrecen beneficios garantizados con fórmulas fijas, mientras que los sistemas CD vinculan el monto de la pensión directamente a lo que el afiliado logró acumular. Esta diferencia explica por qué, en el caso ecuatoriano, es posible jubilarse con una pensión casi completa incluso aportando solo los últimos 15 años.

Este comportamiento responde a una lógica estratégica. Aportar desde temprana edad implica asumir durante décadas el costo de contribuciones mensuales, con riesgo de interrupciones o pérdida de continuidad. En cambio, formalizarse a los 50 y jubilarse a los 65 puede resultar más rentable que haber contribuido desde joven bajo las mismas reglas.

¿Qué explica el salto a la formalidad a los 50?

Un reciente estudio del BID titulado “Public Pensions and the Strategic Timing of Formal Employment”, utiliza datos administrativos para identificar un patrón estadístico singular: la probabilidad de que un trabajador informal se formalice aumenta justo al cumplir 50 años.

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Este “salto” a la formalidad puede parecer modesto a simple vista, pero representa un incremento en la tasa de afiliación al IESS para ese grupo etario. Es decir, hay un cambio importante en el comportamiento laboral justo en esa edad.

El análisis revela que estos cambios no suelen implicar una transición de empleo ni un cambio de sector económico. En muchos casos, el trabajador continúa en el mismo puesto, con el mismo empleador, pero modifica su estatus contractual: de informal a formal. Esto es frecuente sobre todo en microempresas o negocios familiares, donde los acuerdos pueden transformarse fácilmente en contratos registrados sin alterar la dinámica productiva.

Además, los datos muestran que quienes logran esta transición tienen características distintas al promedio de los trabajadores informales: mayor nivel educativo y mayor ingreso familiar. Es decir, no todos pueden aplicar esta estrategia, sino quienes cuentan con redes o condiciones que facilitan su inserción “justo a tiempo” en el sistema formal.

Otro punto relevante del estudio es que este patrón no se observa en otras edades clave, como los 30 (para jubilarse a los 60) o los 60 (para jubilarse a los 75), a pesar de que las reglas lo permitirían. Y es que la ventana de los 50 años combina dos condiciones óptimas: cercanía a la edad de jubilación y aún suficiente capacidad física y laboral para cumplir los requisitos.

Por lo tanto, este comportamiento no es fortuito, sino que responde a los incentivos que el propio sistema de pensiones genera.

¿Quién paga la cuenta? Inequidad y carga fiscal

El patrón de formalización tardía identificado por el BID no solo refleja decisiones racionales a nivel individual. También expone una falla estructural del sistema de pensiones: las reglas actuales permiten que miles de personas accedan a una jubilación sin haber contribuido proporcionalmente, lo que genera un costo fiscal significativo y una fuerte inequidad entre aportantes.

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Actualmente, el Estado ecuatoriano transfiere cada año el 40% del valor de las pensiones al fondo del IESS. Este subsidio, originalmente diseñado como garantía de sostenibilidad, se ha convertido en una fuente de distorsión, ya que beneficia por igual a quienes aportaron por décadas y a quienes lo hicieron solo durante 15 años.

A esto se suma un problema de sostenibilidad. Según el informe técnico presentado por la Comisión Ciudadana para la Reforma del Sistema de Pensiones, el régimen actual requiere al menos ocho afiliados activos por cada jubilado para mantener su equilibrio financiero. Sin embargo, hoy solo existen cinco afiliados por pensionista, y la tendencia es descendente.

Este desbalance se agrava con cada nuevo grupo de trabajadores que ingresa al sistema tarde y por un período corto. Aunque aporten lo mínimo requerido, acceden a prestaciones comparables con quienes cotizaron mucho más tiempo. El resultado: un sistema cada vez más costoso, con menos recursos y creciente insostenibilidad actuarial.

De hecho, los informes de la comisión estiman que, de mantenerse las condiciones actuales, el fondo de pensiones presentará déficits anuales y podría requerir una desinversión forzada de activos previsionales para cubrir pagos, comprometiendo su estabilidad de largo plazo.

Reformar para corregir los incentivos y sostener el sistema

El sistema de pensiones del IESS enfrenta una combinación crítica de incentivos mal diseñados, subsidios mal distribuidos y una sostenibilidad comprometida. Corregir estas distorsiones no es solo una necesidad técnica, sino una condición indispensable para evitar una crisis previsional en el futuro.

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En 2023, la Comisión Ciudadana para la Reforma del Sistema de Pensiones presentó un diagnóstico exhaustivo y una propuesta técnica de reforma estructural. El informe advierte que, bajo las reglas actuales, se pondría en riesgo la capacidad del sistema para seguir pagando jubilaciones en los próximos años. Entre las causas identificadas están:

• La baja densidad de aportes.
• El subsidio estatal sin criterios de focalización.
• La alta tasa de reemplazo sin una base contributiva equivalente.
• Y un diseño normativo que permite estrategias como la formalización tardía sin castigo actuarial.

El sistema requiere al menos ocho afiliados activos por cada jubilado para mantenerse solvente, pero hoy solo existen cinco. Esta brecha, sumada a una cobertura limitada (menos del 40% de la población económicamente activa está afiliada), presiona cada vez más las finanzas del fondo.

Para enfrentar estos desafíos, la Comisión propuso una serie de reformas:

• Nuevo cálculo de pensiones, basado en el promedio de los últimos 30 años de aportes (y no en los cinco mejores años), con el fin de premiar trayectorias largas y reducir los incentivos a cotizar solo al final de la vida laboral.
• Afiliación obligatoria para trabajadores independientes, junto con mecanismos simplificados para facilitar el cumplimiento y ampliar la base contributiva.
• Inclusión de los décimos tercero y cuarto sueldos en la base imponible de aportes, para hacer el sistema más consistente con la realidad salarial.
• Separación entre una pensión básica solidaria, financiada por el Estado, y una pensión contributiva proporcional al esfuerzo del trabajador. Esto permitiría focalizar mejor el subsidio y reducir el incentivo a cotizar solo el mínimo requerido.

Pero a dos años de la presentación de estas propuestas, el sistema sigue operando bajo las mismas reglas. No se han implementado cambios sustanciales, ni en la fórmula de cálculo ni en la base de cotizantes. Como resultado, la brecha financiera del fondo previsional se amplía cada año, mientras crece la desconfianza ciudadana.

Rediseñar estos incentivos no implica castigar a quienes aprovecharon las reglas vigentes, sino evitar que ese mismo diseño siga premiando trayectorias cortas a costa del esfuerzo colectivo. La decisión de aportar temprano debe volver a ser la opción racional.

Aplazar la reforma solo agrava los riesgos y encarece las soluciones. Si se quiere preservar un sistema de pensiones viable, justo y sostenible, el momento de corregir los problemas es ahora.