¿Más mano dura o más inversión social? El dilema de la seguridad que Ecuador debe resolver

La violencia en Ecuador ha experimentado una escalada dramática en la última década. En los últimos años el país se convirtió en uno de los más violentos de América Latina. Sin embargo, esta crisis no puede explicarse únicamente desde la perspectiva criminal. El documento “Paz y seguridad en Ecuador: una agenda desde la sociedad civil organizada”, elaborado por el Grupo de Trabajo de Políticas Públicas de Seguridad Integral de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) y otras organizaciones plantea una tesis provocadora: la seguridad debe concebirse como una inversión social integral, no como un gasto punitivo.

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El catálogo, presentado en octubre de 2025, propone 16 iniciativas urgentes organizadas en tres objetivos estratégicos que trascienden las respuestas militarizadas predominantes. Según Agustín Burbano de Lara, Constantin Groll, Anahí Macaroff y Blanca Rivera, en el artículo antes mencionado, la ausencia de libertad para vivir sin miedo debe abordarse simultáneamente con la ausencia de libertad para vivir sin miseria, integrando las dimensiones de seguridad ciudadana y seguridad humana en un marco conceptual coherente.

La espiral de violencia o cuando los números gritan

El análisis de los datos de homicidios intencionales revela una tendencia alarmante que desafía cualquier narrativa de control estatal efectivo. Entre 2014 y 2019, Ecuador mantuvo tasas relativamente estables, con cifras que oscilaban entre 959 y 1.189 homicidios anuales. Sin embargo, 2020 marcó un punto de inflexión: los homicidios saltaron a 1.372, iniciando una escalada exponencial que alcanzaría su pico en 2023 con 8.248 casos (Gráfico 1).

El año 2024 registró 7.063 homicidios, una cifra que representó una leve disminución respecto al pico de 2023. Sin embargo, los números parciales de 2025 matizan cualquier lectura optimista: entre enero y octubre, según los datos más recientes del Ministerio del Interior, se contabilizaron 7.553 homicidios intencionales, lo que proyecta un cierre de año similar o superior al anterior. 

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Este dato sugiere que la violencia se ha estabilizado en niveles históricamente altos, manteniendo al país en una situación de crisis sostenida. Para dimensionar el fenómeno: los diez primeros meses de 2025 acumulan más víctimas que cualquier año completo anterior a 2021 (Gráfico 2).

Como señalan Burbano de Lara y sus coautores, “la violencia en Ecuador es un fenómeno histórico y multicausal” que no puede explicarse sin considerar “el proceso de desmantelamiento de las capacidades institucionales, coercitivas, regulatorias y económicas del Estado”. Esta multicausalidad exige respuestas igualmente complejas que trasciendan la lógica punitiva.

La comparación interanual de los datos hasta octubre es especialmente reveladora. En 2014, los primeros diez meses del año acumulaban 1.091 homicidios; en 2025, la cifra es 7.553, un aumento del 592%. Incluso comparando con 2023, el año más violento en términos absolutos previo a 2025, el incremento es del 12,3% en el periodo enero-octubre. Esta aceleración constante sugiere que las políticas implementadas no solo no han sido ineficaces, sino posiblemente contraproducentes.

La violencia como síntoma de descomposición social

Reducir el fenómeno de la violencia a una cuestión exclusivamente criminal implica ignorar sus determinantes estructurales. El documento de la FES y sus aliados presenta un diagnóstico que vincula directamente los índices de violencia con indicadores de pobreza, exclusión y precariedad social. Los datos son contundentes: el 27,7% de la población ecuatoriana vive en situación de pobreza, lo que equivale a aproximadamente 4,6 millones de personas. Esta cifra se agrava en zonas rurales, donde la pobreza alcanza al 46% de los habitantes.

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La situación del empleo ilustra la precariedad económica generalizada. Según Rivera, Macaroff, Groll y Burbano de Lara, en el artículo mencionado, “solo 3 de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo adecuado”. Esta informalidad estructural no solo limita el acceso a derechos laborales y seguridad social, sino que genera condiciones propicias para el reclutamiento por parte de estructuras criminales, especialmente entre jóvenes y adolescentes sin perspectivas de movilidad social legítima.

Asimismo, la desnutrición crónica infantil afecta al 33% de los niños ecuatorianos, elevándose hasta el 40,7% en poblaciones indígenas. Este dato, aparentemente alejado de la problemática de seguridad, revela en realidad una conexión directa, ya que, la desnutrición temprana compromete el desarrollo cognitivo y limita las oportunidades futuras, perpetuando ciclos intergeneracionales de exclusión que alimentan la violencia estructural. Como plantea el catálogo, “la falta de higiene, agua potable y saneamiento es una de las principales causas” de esta situación, con el 36,7% de niños menores de 5 años consumiendo agua contaminada (Tabla 1).

Las carencias en servicios básicos completan este panorama. El 34,20% de las viviendas ecuatorianas no cuenta con acceso a alcantarillado, mientras que el 57% de la población carece de seguro de salud. Estos datos no son meras estadísticas; representan condiciones materiales de existencia que erosionan la cohesión social y generan territorios vulnerables a la penetración de economías ilegales.

La seguridad humana como alternativa conceptual

Frente a este diagnóstico, el documento propone un giro conceptual fundamental: sustituir el enfoque de seguridad ciudadana centrado exclusivamente en la actuación policial por un enfoque de seguridad humana que integre siete dimensiones interconectadas. Según Burbano de Lara, Rivera, Macaroff y Groll, la seguridad humana abarca “seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en la salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y seguridad política”.

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Este enfoque, desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 1994, plantea que la seguridad integral requiere garantizar tanto “la libertad para vivir sin temor” como “la libertad para vivir sin miseria”. En el contexto ecuatoriano, esto implica reconocer que la violencia criminal se potencia en territorios donde el Estado ha sido incapaz de garantizar condiciones básicas de dignidad y bienestar.

La propuesta no niega la necesidad de fortalecer las capacidades coercitivas del Estado, pero las subordina a una estrategia preventiva más amplia. Como señala el experto en seguridad Luis Córdova, citado en el documento, Ecuador enfrenta tres tipos de vulnerabilidades críticas:

• Relativas al gobierno y gobernanza del sector seguridad, que incluyen la falta de “inteligencia contextual”.
• Relativas al proceso de elaboración de las políticas públicas de seguridad, caracterizadas por la ausencia de planificación estratégica basada en datos; y 
• Relativas al proceso de implementación, marcadas la ausencia de mecanismos robustos de rendición de cuentas.

Prevención como inversión

El argumento económico a favor de la prevención es sólido. La literatura internacional sobre prevención del delito, sistematizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), demuestra consistentemente que “prevenir el delito es más barato en términos económicos y sociales que reaccionar cuando ya ha ocurrido”. Esta afirmación, recogida en el catálogo, tiene implicaciones presupuestarias directas que rara vez se consideran en el debate público ecuatoriano.

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La militarización de la seguridad pública implica costos extraordinarios: mantenimiento de estados de excepción permanentes, despliegue de efectivos militares en tareas de seguridad interna, construcción y militarización de centros penitenciarios, atención hospitalaria de víctimas de violencia, pérdida de productividad económica en territorios afectados, y daños a la infraestructura pública. Estos gastos, que representan miles de millones de USD anuales, son fundamentalmente reactivos y no abordan las causas generadoras de violencia.

En contraste, las 16 iniciativas propuestas en el catálogo se estructuran en tres niveles de prevención reconocidos internacionalmente:

1. La prevención primaria, dirigida a la población general, incluye propuestas como la implementación de comedores escolares comunitarios que simultáneamente atienden la desnutrición infantil y generan espacios de contención social. 

2. La prevención secundaria, enfocada en poblaciones vulnerables, contempla programas de promotores juveniles comunitarios para contener la deserción escolar y el reclutamiento forzado. 

3. La prevención terciaria, dirigida a quienes ya han cometido delitos, propone la reinstitucionalización del sistema de rehabilitación social.

Como detallan Macaroff, Rivera, Groll y Burbano de Lara, cada una de estas iniciativas tiene un fundamento económico además del social. Los comedores escolares, por ejemplo, no solo previenen el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) por estructuras criminales, sino que generan empleo formal para mujeres de la comunidad, mejoran el rendimiento escolar y reducen costos de salud asociados a la desnutrición. El retorno social y económico de esta inversión multiplica exponencialmente el gasto inicial.

Iniciativas concretas: de la declaración a la acción

El catálogo trasciende el diagnóstico para proponer acciones específicas, presupuestadas y territorializadas. Los tres objetivos estratégicos organizan las 16 iniciativas en una lógica de intervención simultánea en múltiples niveles. El primer objetivo estratégico (OE1) busca “erradicar y prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado”. Esta priorización responde a datos alarmantes, ya que según UNICEF, citado en el documento, “la tasa de homicidios de niñas, niños y adolescentes aumentó un 640%, pasando de 104 en 2019 a 770 en 2023”.

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Para este objetivo, se proponen cinco iniciativas que van desde la institucionalización permanente del “Comité para la Prevención del Reclutamiento” hasta la implementación de protocolos de seguridad en instituciones educativas y el establecimiento de un cuerpo de Promotores Juveniles Comunitarios. 

Esta última iniciativa, inspirada en experiencias de varios países latinoamericanos, propone contratar y capacitar a jóvenes bachilleres de barrios vulnerables para que acompañen a sus pares en la prevención de la deserción escolar, ofreciéndoles simultáneamente su “primer trabajo” certificado.

El segundo objetivo estratégico (OE2) apunta a “reconstruir el tejido social con enfoque de género”. Rivera, Burbano de Lara, Macaroff y Groll señalan que “el incremento de la violencia criminal en Ecuador ha provocado una creciente invisibilización de otras problemáticas estructurales no resueltas”, destacando que en 2024 se registraron 274 feminicidios, de los cuales “37 de las víctimas tenían antecedentes de violencia y 8 contaban con boletas de auxilio vigentes”. Esta cifra evidencia que al menos 45 casos podrían haberse prevenido con intervención estatal oportuna.

Las iniciativas bajo este objetivo incluyen el fortalecimiento de la ruta de justicia para atender la violencia basada en género (VBG), la transformación de comedores escolares en espacios de prevención de VBG, la construcción de agendas de seguridad humana desde las comunidades, y el establecimiento de un cuerpo de promotoras de paz comunitaria. 

Esta última propuesta, fundamentada en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad, reconoce que “la participación de las mujeres en los procesos de paz incrementa la probabilidad de que un acuerdo de paz dure al menos dos años en un 20%, y al menos quince años en un 35%”, según datos de ONU Mujeres citados en el catálogo.

El tercer objetivo estratégico (OE3) busca “promover la seguridad humana a través del fortalecimiento institucional de la fuerza pública y de la Justicia”. Este objetivo reconoce que la seguridad integral requiere instituciones estatales sólidas, transparentes y efectivas. Las iniciativas propuestas incluyen la creación de una plataforma ciudadana para la reinstitucionalización del sistema de seguridad y justicia. 

Las iniciativas propuestas incluyen la creación de una plataforma ciudadana para la reinstitucionalización del sistema de seguridad y justicia, la transversalización de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en la fuerza pública, la creación de un consorcio de generación y análisis de información entre universidades, OSC e instituciones de seguridad, la implementación de controles cruzados para combatir la captura institucional por el crimen organizado, la reinstitucionalización del sistema de rehabilitación social, y un plan de auditoría integral para combatir flujos financieros ilícitos.

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Como plantean los autores del documento, estas iniciativas no pretenden “abarcar todos los problemas estratégicos que enfrenta el Ecuador”, sino ofrecer “respuestas alternativas al enfoque bélico” que ha predominado en los últimos años. El énfasis está puesto en la integralidad, la participación comunitaria y la sostenibilidad de las intervenciones.

El catálogo “Paz y seguridad en Ecuador: una agenda desde la sociedad civil organizada” representa una contribución fundamental al debate público sobre seguridad. Frente a la tentación autoritaria de responder a la violencia exclusivamente con más violencia estatal, este documento propone un cambio de paradigma, entender la seguridad como una inversión social integral que atiende simultáneamente las manifestaciones de la violencia criminal y sus determinantes estructurales.

Con 7.553 homicidios en los primeros diez meses de 2025, Ecuador se encamina a cerrar el año como uno de los más violentos de su historia. Pero estos números no existen en el vacío, se correlacionan directamente con los 4,6 millones de ecuatorianos en situación de pobreza, el 33% de niños con desnutrición crónica, el 57% de población sin seguro de salud, y el 70% sin empleo adecuado.

La pregunta que plantea el documento no es si Ecuador puede permitirse invertir en prevención, sino si puede permitirse no hacerlo. La diferencia entre paz y violencia no es un destino inevitable, sino el resultado de decisiones políticas conscientes sobre dónde y cómo invertir los recursos colectivos. El catálogo aquí analizado ofrece un mapa preciso para transitar del segundo escenario al primero. 

(*) Economista, analista económica Gestión Digital.