El ataque en Isla Mocolí rompe la “burbuja de seguridad” percibida por sus residentes en Samborondón

El triple crimen registrado en la etapa Golf Club, una de las al menos 11 etapas de la Isla Mocolí, marcó un punto de quiebre para residentes del sector y de zonas aledañas como La Puntilla. 

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Más allá del perfil de las víctimas y de las hipótesis policiales, el hecho abrió una conversación distinta: cómo se vive la inseguridad desde dentro de comunidades que durante años se asumieron como protegidas por filtros privados, accesos controlados y vigilancia permanente.

Fernando Huamán Febres-Cordero, dirigente barrial de La Puntilla, asegura que la noticia fue recibida con “profunda consternación y preocupación”, no solo por la violencia del hecho, sino por lo que simboliza.

“Un hecho de esta naturaleza, ocurrido en un sector que muchos consideran tranquilo, nos sacude a todos porque confirma que la violencia ya no distingue zonas ni niveles socioeconómicos”.

Fernando Huamán Febres-Cordero, dirigente barrial de La Puntilla

Según explica, tras el ataque se instalaron sentimientos de miedo, alerta e incertidumbre entre los vecinos. “Muchas familias han comenzado a cambiar rutinas: se limita la circulación nocturna, se refuerzan controles privados y hay mayor comunicación entre vecinos”, señala.

Una “burbuja” que se rompe

Desde la etapa Dubái de Isla Mocolí, un residente —que prefirió mantener el anonimato y al que llamaremos Carlos (nombre ficticio)— coincide en que el crimen rompió una idea que durante años se había asumido como cierta.

“Este episodio nos saca de una burbuja de seguridad. Vivir en una urbanización cerrada da una sensación de protección, pero no nos hace inmunes a lo que está pasando en el país”.

Carlos, residente de la etapa Dubái, en la Isla Mocolí

Para él, el impacto no solo es emocional, sino también práctico: se han reforzado controles internos, se revisan protocolos y se exige mayor coordinación con autoridades. 

“Hoy lo que predomina es la necesidad de respuestas claras: qué falló, qué se puede corregir y cómo evitar que algo así vuelva a ocurrir”.

Carlos, residente de la etapa Dubái, en la Isla Mocolí

Desde la etapa Mónaco, también de la Isla Mocolí, 'María' (nombre ficticio) comparte una reflexión similar y contextualiza el hecho dentro de un problema mayor.

“Esto no se trata de señalar culpables dentro de las urbanizaciones. Estamos frente a un problema mucho más grande, que tiene que ver con crimen organizado. Si el Estado no logra contenerlo, ningún comité barrial puede hacerlo solo”.

María, residente de la etapa Mónaco, en la Isla Mocolí

Las autoridades han confirmado que una de las víctimas fue Stalin Olivero Vargas, alias ‘El Marino’, identificado por el Ministerio del Interior como cabecilla de la organización criminal Los Lagartos y considerado un objetivo de alto valor. Según las investigaciones, las víctimas no residían en la urbanización, sino que habrían sido invitadas al lugar.

Urbanizaciones cerradas y una seguridad vulnerable

El impacto del crimen se amplificó por la forma en que ocurrió. Según información oficial, los atacantes ingresaron de manera violenta a la urbanización, vulnerando varios filtros de seguridad. 

Testigos relataron que llegaron en al menos dos vehículos, dañaron la pluma de acceso, golpearon a un guardia y, vestidos con ropa similar a la de policías o militares, abrieron fuego con pistolas y fusiles en una cancha deportiva del complejo.

Tras la ráfaga de disparos, huyeron en dirección a la ribera del río Guayas, de acuerdo con el parte policial.

Otro vecino de Isla Mocolí, 'Andrés' (nombre ficticio) —también bajo reserva y quien prefirió no revelar su etapa— subraya que, aunque Isla Mocolí cuenta con filtros y sistemas de control, el ataque evidenció que estos pueden ser vulnerados cuando se trata de objetivos específicos. 

“Cuando hay sicariatos con objetivos puntuales, cualquier seguridad puede ser vulnerada, sea en Samborondón o en Guayaquil”.

Andrés, residente de Isla Mocolí

El rol comunitario y los límites de la seguridad privada

Para Huamán, los comités y organizaciones vecinales cumplen un rol importante, pero limitado.

“Las comunidades hacemos nuestra parte, pero el combate al crimen organizado le corresponde al Estado, con inteligencia, investigación y decisiones claras”.

Fernando Huamán Febres-Cordero, dirigente barrial de La Puntilla

Desde su experiencia, invertir en seguridad privada, fortalecer la comunicación entre vecinos y mantener protocolos claros forma parte de la corresponsabilidad ciudadana. Sin embargo, insiste en que el combate estructural a la delincuencia no puede recaer en las urbanizaciones.

Exigen presencia estatal y diálogo

Tanto dirigentes barriales como residentes coinciden en un punto central: la necesidad de una respuesta institucional sostenida. Patrullajes permanentes, controles efectivos y un diálogo directo entre autoridades y administraciones de urbanizaciones figuran entre las principales demandas.

“Fue todo un sistema el que falló”, señala Andrés, al recordar que, pese a existir un único acceso a la isla, los atacantes lograron ingresar y huir.

Más allá del impacto mediático del crimen, los vecinos insisten en que también debe escucharse la voz de quienes habitan estos sectores.

“No solo se trata de un análisis policial o judicial. Es importante que se escuche a los residentes, a quienes vivimos aquí y convivimos día a día con esta realidad”.

Andrés, residente de Isla Mocolí

En un contexto de violencia que ya no reconoce fronteras sociales ni geográficas, el mensaje que emerge desde Isla Mocolí y sus alrededores es claro: la seguridad no puede recaer únicamente en cerramientos y vigilancia privada, y la sensación de protección puede romperse de un momento a otro si no existe una respuesta estatal integral.