A casi dos años de la captura de Pablo Muentes, comuneros siguen sin recuperar tierras arrebatadas en Durán, Guayas

A casi dos años de la detención Pablo Muentes y pese a su condena por delincuencia organizada en el Caso Purga, asociaciones de campesinos en el sector rural de Durán (Guayas) denuncian que la restitución de tierras arrebatadas por la red del exasambleísta socialcristiano sigue sin concretarse. 

El exlegislador, condenado en marzo de 2025, cumple una pena de 13 años y cuatro meses de prisión en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, en Santa Elena. 

Asociaciones agropecuarios de la vía Durán–Tambo denuncian que, pese a que se demostró la operación una red de tráfico de tierras, operadores de Muentes continúan usufructuando de cientos de hectáreas de fincas agrícolas y camaroneras mediante entramados societarios y trabas administrativas que impiden su restitución legal o que mantienen a los antiguos ocupantes fuera de los predios.

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La sentencia del Caso Purga estableció que Pablo Muentes dirigió una red que se apropió de decenas de hectáreas de tierras usando jueces cómplices en Guayas, notarios y operadores en el Municipio de Durán para anular fichas catastrales legítimas. Se señalaron desalojos violentos, pagos irrisorios a los afectados (en ciertos casos) y vínculos millonarios con empresas familiares.

140 hectáreas de camaroneras despojadas en Durán

Jorge Galarza, representante de la Asociación de Productores Agropecuarios La Hormiga (Asprohormiga), sostiene que, pese a la prisión de Muentes, 140 hectáreas de camaroneras de esta asociación siguen bajo control de presuntos testaferros de la familia de exasambleísta. 

“Somos 22 socios y no hemos podido recuperar tierras de producción de camarón. Seguimos en litigio mientras terceros continúan usufructuando predios que no les pertenecen”, afirmó. La asociación denuncia que en enero de 2021 un operativo policial ejecutó un desalojo violento de las 22 familias asentadas por más de dos décadas en el sector rural de Durán, al que se accede por la vía a Taura.

Se trata de lotes de la antigua Hacienda "La Denisse" y "La Magdalena" otorgados en posesión a la asociación de productores, primero por resolución de 2009 del antiguo Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) y luego Ministerio de Agricultura y Ganadería, en 2014. Los predios eran de unas seis hectáreas por asociado.

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Según la versión de los comuneros, el operativo de desalojo -dispuesto por Muentes y una empresa de cobranza vinculada a su entorno- incluyó el desalojo forzoso de viviendas y el posterior saqueo de la producción camaronera que la asociación sostenía en el lugar.

El mecanismo de apropiación se basó en una resolución del Ministerio de Agricultura emitida en 2020, dicen los comuneros, que ordenó el desalojo tras una denuncia de supuesta invasión, pese a que la asociación contaba con posesión desde 1999, reconocida previamente por autoridades agrarias.

Adjudicaciones forjadas de Agricultura

Según lo ventilado en el Caso Purga por la Fiscalía -y por testigos como Mayra Salazar-, Pablo Muentes conseguía a través de sus operadores en el Ministerio de Agricultura que se adjudiquen a personas naturales fracciones de enormes haciendas adjudicadas a pequeños productores -haciendas que habían pertenecido antes del feriado bancario a organizaciones como Filanbanco-.

Luego las tierras pasaban a la red del exasambleísta, incluyendo a sus hijos y primos. Aunque en diciembre de 2021 un juez constitucional falló inicialmente a favor de asociación La Hormiga al considerar vulnerada la seguridad jurídica, una sentencia de segunda instancia de septiembre de 2022 revocó ese fallo al señalar que el conflicto debía tramitarse vía tribunal contencioso-administrativo. 

El caso continúa en un largo litigio, dice Galarza. “Muentes está preso, pero las tierras han pasado por empresas de los hijos y de testaferros, lo que complica el proceso de restitución” dijo.

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De hecho, las cuatro compañías iniciales que aparecían durante el desalojo como supuestas titulares de los predios de Asprohormiga ya no existen. Todas constan en el portal la Superintendencia de Compañías con "Cancelación de Inscripción anotada en el Registro Mercantil".

Un patrón que se repite y que se perpetúa en Durán

Jorge Gamboa, representante de la Asociación de Productores Agropecuarios Atahulfo Cruz, advierte que el caso de Asprohormiga está lejos de ser aislado. La restitución de tierras arrebatadas de forma irregular por la red de Muentes sigue sin concretarse en asociaciones de Durán como Patria Nueva. 

Gamboa sostiene que uno de los obstáculos es la continua enajenación de los predios, mediante su inscripción a nombre de nuevos compradores y empresas, con el fin de dilatar los procesos judiciales.

En el caso de la Asociación Atahulfo Cruz, el conflicto permanece detenido en el Ministerio de Agricultura -dice Gamboa-, pese a que la asociación presentó documentación completa, incluida un acta con uno de los presuntos testaferros de Muentes, quien desistió de cualquier derecho sobre las tierras, a través de un documento suscrito en un centro de mediación.

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Según el dirigente, el ministerio se ha negado a emitir el acto administrativo necesario para anular la adjudicación irregular. “Solo tienen que dar de baja esas adjudicaciones maliciosas”, afirma, aunque denuncia falta de voluntad institucional para hacerlo.

La Asociación Atahulfo Cruz agrupa a 18 familias y cuenta con 108 hectáreas ubicadas en el kilómetro 15 de la vía Durán–Tambo. Gamboa señala que, aunque en su caso evitaron ser desalojados, la duplicación de escrituras mantiene latente el riesgo de que puedan perder sus terrenos. 

El mecanismo utilizado en este caso fue también la emisión una adjudicación por parte del Ministerio de Agricultura, que emitió nuevos códigos catastrales a favor de la red de Muentes -asegura-, códigos que luego se inscribieron en el Registro de la Propiedad de Durán, sobreponiéndose a las escrituras de las tierras que la asociación mantiene desde hace más de 30 años.

El problema ahora ya no solo se relaciona con el exasambleísta sino con personal que trabajaba para él en el Municipio de Durán -advierten los comuneros-, que han perpetuado el mecanismo de apropiación y tráfico de tierras, pues la Alcaldía de Durán enfrenta una profunda infiltración de bandas criminales.