La Fiscalía imputó al exasambleísta socialcristiano por la apropiación de un terreno en Durán a favor de su primo. Pero en Durán son decenas de agricultores los perjudicados por un presunto modelo de despojo dirigido por Pablo Muentes.
Los campesinos que denuncian la apropiación indebida de sus terrenos se cuentan por decenas en Durán. Miembros de las asociaciones AsoMariba y Atahulfo Cruz apuntan a Pablo Muentes, imputado en el caso Purga, como líder de una red de despojo de tierras.
La Fiscalía imputó al exasambleísta socialcristiano en el caso Purga por la apropiación de un terreno en Durán, a favor de su primo Fausto Alarcón. Se valieron de una jueza de Durán y de un recurso de habeas data "desnaturalizado" para legitimar el despojo, según la acusación.
Pero el caso con el que se pretendió arrebatar 12 hectáreas de terrenos de Eric Ramírez, en el kilómetro 14,5 de la vía Durán-Tambo, sería la punta del iceberg. Solo en este caso se trata de un predio valorado en USD 200.000.
Miembros de asociaciones agrícolas en las vías Durán-Tambo y Durán-Boliche acusan a Pablo Muentes, a empresas de su familia y de sus operadores de apropiarse de cientos de hectáreas de tierras.
El presunto modelo de tráfico de tierras es similar en los casos denunciados, aunque con matices y diferentes empresas involucradas, según cada asociación.
Como en la denuncia de Ramírez, parten de la forja de fichas catastrales paralelas de las tierras en el Registro de la Propiedad de Durán, e incluyen presuntas “adjudicaciones fraudulentas” en la dirección distrital del Ministerio de Agricultura.
Con las fichas (un predio aparecía con dos dueños) o las adjudicaciones, la red iniciaba la ocupación por la fuerza, el desalojo o ejecutaba pagos irrisorios por terrenos valorados en conjunto en millones de dólares, según las denuncias.
En última instancia, Muentes se habría valido de influencias judiciales -siete jueces de la Corte de Justicia de Guayas están involucrados en la Purga- para obtener fallos favorables o incluso para ordenar detenciones por ocupación ilegal de suelo.
Fausto Alarcón (izquierda), primo y presunto testaferro de Pablo Muentes, en terrenos de los que se habría apropiado en la vía Durán-Tambo, en Guayas. Cortesía
En vía Durán-Tambo hay al menos 14 perjudicados
En la misma vía Durán-Tambo, donde, según la Fiscalía, la jueza Andrea Patiño Manosalvas aplicó un habeas data "irregular" a favor del primo hermano de Pablo Muentes, hay al menos otros 13 perjudicados que denuncian despojo de tierras.
Se trata de miembros de la Asociación de Productores Agropecuarios Atahulfo Cruz. Ellos cuentan con escritura pública registrada en la Notaría Trigésima de Guayaquil.
Los campesinos recibieron el 17 de mayo de 1995 el predio denominado Margarita, en el kilómetro 15,5 de la vía Durán-Tambo, por una providencia del extinto Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDA). Y el Registro de la Propiedad de Durán los inscribió en junio de 2000.
Jorge Gamboa, representante de tres familias afectadas, explica que los asociados incluso hicieron créditos hipotecarios con la banca pública, con las escrituras de sus predios.
Es más, a través de los Proyectos de Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural Sostenible (Caders) del Ministerio de Agricultura instalaron hace seis años una pequeña piladora comunitaria de arroz en el sector, cuenta.
Por eso les extrañó cuando a inicios de 2022 les alertaron desde el Municipio de Durán que personas inescrupulosas querían apropiarse de sus lotes. Apareció en los registros catastrales otro dueño de los terrenos.
La asociación contaba con 470 hectáreas. Cuando indagan el caso, resulta que el Ministerio de Agricultura habría adjudicado en marzo de 2022 un lote de 108 hectáreas a José Dáger Crespo y a Carla Colamarco Quiñonez.
El título se inscribió en abril de 2022 en el Registro de la Propiedad de Durán.
“El Ministerio de Agricultura en Durán cuenta al parecer con códigos prediales en el aire. Lo que presumimos es que esta gente, en complicidad con funcionarios, genera un nuevo código que luego es ‘legalizado’ ante el Registrador de la Propiedad”, dice Gamboa.
En este caso existían 16 terrenos fraccionados con sus propietarios. Pero se emitió un solo nuevo código catastral para las 108 hectáreas, de acuerdo a la más reciente inscripción de la adjudicación que consta en el Registro de Durán.
Una casa de caña en terrenos de los que se habrían apropiado Fausto Alarcón y Pablo Muentes en la vía Durán-Tambo, antes y después de una allanamiento a la vivienda por presuntos "vínculos terroristas". Cortesía y PRIMICIAS
La conexión y el entramado de Irrigarsa
Según la nueva historia de dominio, los Dáger Colamarco vendieron unos días después, las 108 hectáreas a la compañía Irrigaciones S.A. Irrigarsa. Y esa empresa vendió meses después, en junio de 2022, a André Eduardo Barrios Reyes.
Los terrenos se venden según los contratos de compraventa por USD 250.000 cuando, debido a la expansión del sector industrial de Durán, están valorados en más de USD 1 millón.
La compañía Irrigarsa, constituida en 2006 y con sede en Guayaquil, es clave en la trama. La firma está relacionada con la familia de Pablo Muentes Alarcón y con su esposa Mónica Alvarado Bardi, investigados en el caso Purga.
La empresa de construcción de edificaciones Irrigarsa, con un capital de 800.000, tiene como administradora actual, presidente y única accionista a Mélida Juliana Vásquez Ortiz, según datos del portal de la Superintendencia de Compañías.
Pero Mélida Vásquez Ortiz comparte actualmente acciones con Julio Bolívar Paredes Muentes en la empresa Silverconsult S.A, consultora jurídica y de contabilidad.
Y Julio Bolívar tiene mucho más en común que el apellido Muentes con el exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC). Se trata del sobrino del exasambleísta, según perjudicados.
A su vez, Julio Bolívar Paredes Muentes también es el máximo accionista de la compañía Toztoz S.A., de venta de cárnicos, en cuya composición accionaria están cuatro miembros de los Muentes Alvarado, hijos de los imputados en el caso Purga.
Entre ellos consta Mónica Nicole Muentes Alvarado, hija del exasambleísta y exconcejal suplente del Concejo Cantonal de Guayaquil del PSC por el distrito 3, entre 2019 y 2023.
Casos en vía Durán-Boliche
Irrigarsa también ordenó desalojar a 30 socios con al menos 207 hectáreas de la Asociación de Producción Agropecuaria Mariba. Los predios se ubican en el kilómetro 16 de la vía Durán-Boliche, sector Las Mercedes.
Los miembros de la asociación se encontraban en posesión de los predios desde 2007. En el gobierno del expresidente Rafael Correa se vieron beneficiados por un programa para dotar de terrenos improductivos a campesinos que los cultiven.
Pero Irrigarsa se reivindicó en 2022 como propietaria legítima de predios en el sector denominado Mariva. La firma había obtenido las garantías de posesión de tierras a través de un juez de Quevedo y de funcionarios distritales de Agricultura, según los perjudicados.
En noviembre de 2022 irrumpieron con personal a la fuerza. “Llegaron hombres con palos, machetes y armas, se instalaron a vivir al lado de nuestras casas, se comían las gallinas, los verdes y el maíz que teníamos cultivados”, le contó una perjudicada a PRIMICIAS.
Unos días después llegaron con maquinaria para tumbar las casas. Un antiguo presidente de la asociación convenció a ciertos perjudicados de que aceptarán desde USD 1.000, porque se iban a quedar sin nada, según relató la mujer, que prefiere el anonimato.
Oficios y cheques a los perjudicados
En febrero de 2023, la compañía Irrigarsa comenzó a dejar oficios a los posesionarios de AsoMariba que no habían logrado desocupar, acusándolos de invasores. Los posesionarios de 40 de las 207 hectáreas siguen luchando por sus tierras.
“Han tomado estos terrenos de engorde, para ganar plusvalía, porque no tienen nada sembrado y se han llenado de monte. La idea era que cultivemos”, cuenta otro perjudicado.
La exasambleísta de Pachakutik (2021-2023), Patricia Sánchez, acompañó en su momento los reclamos de AsoMariba ante Agricultura. Ella denunció la aparición sistemática de escrituras que pasan a ser registradas pese a que se duplican sobre un mismo predio.
En los terrenos del sector Las Mercedes de la vía Durán-Boliche, perjudicados tienen constancia de que les obligaron a tomar cheques por USD 7.000 en promedio, por predios de entre 12 y 16 hectáreas, cuyo valor comercial bordea los USD 200.000.
Pero los traspasos se hicieron a nombre de Agrocamarón, otra empresa ligada a los Muentes Alvarado. De hecho, las fotocopias de los cheques están firmados por Nicole Muentes, gerente de la compañía.
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