El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU urge a Ecuador a abandonar enfoque militarizado de la seguridad

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU instó al Estado ecuatoriano a abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública y a restringir el uso recurrente de estados de excepción, al advertir que estas medidas incrementan el riesgo de desapariciones forzadas en el país.

La recomendación del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consta en sus observaciones finales, tras examinar la información presentada por Ecuador en el marco de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Ecuador rindió cuentas ante el Comité en una evaluación realizada en dos sesiones, entre el 12 y 13 de marzo de 2026. Durante este examen, la ONU alertó sobre 51 casos de desaparición forzada registrados desde 2024 en el contexto de la militarización de la seguridad en el país.

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En sus observaciones finales sobre la situación en Ecuador, divulgadas este miércoles 25 de marzo, organismo reconoce el contexto de violencia asociado al crimen organizado, pero advierte que la respuesta estatal ha derivado en una expansión del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, lo que -según señala- plantea riesgos en materia de derechos humanos.

“El Comité urge al Estado Parte abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública. La política pública de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos”.

Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Estados de excepción bajo cuestionamiento

Uno de los principales focos de preocupación es el uso sostenido de estados de excepción desde enero de 2024. De acuerdo con el informe, Ecuador ha decretado al menos 21 estados de excepción por “grave conmoción interna” o “conflicto armado interno”, además de siete renovaciones en ese periodo.

Para el organismo, esta recurrencia genera condiciones que “incrementan el riesgo de desaparición forzada”, debido a la flexibilización de los controles y a las amplias facultades otorgadas a las fuerza pública en estos contextos, por lo que pide a Ecuador “limitar el recurso a los estados de excepción”.

El organismo también cuestiona medidas recientes como el toque de queda aplicado en la segunda quincena de marzo de 2026 en cuatro provincias, al considerar que no se evidencian suficientes salvaguardas para evitar actuaciones desproporcionadas. En este escenario, recomienda que cualquier estado de excepción sea estrictamente temporal y sujeto a control judicial y respetuoso de principios como la no discriminación.

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Señalamientos a la militarización y al “Plan Fénix”

El informe pone especial énfasis en la estrategia de seguridad conocida como “Plan Fénix”, adoptada por el Gobierno para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. El Comité observa con preocupación que el contenido de este plan no sea público y señala que Ecuador no respondió a las solicitudes de información sobre el plan que realizó el organismo.

Además, advierte sobre la ausencia de mecanismos efectivos de control civil sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.

El Comité cuestionó que “todas las respuestas del Estado Parte a las acciones urgentes hacen referencia a la negativa del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas a facilitar la información solicitada por la Fiscalía sobre las operaciones en las que, según se informa, se produjeron las presuntas desapariciones, con el argumento de que dicha información es ‘confidencial o reservada’”.

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Esta práctica -advierte el organismo- obstaculiza el esclarecimiento de los hechos y vulnera estándares internacionales, que prohíben negar información en casos que involucren violaciones de derechos humanos.

En este contexto, el organismo recomienda establecer un plan “ordenado, inmediato y verificable” para el retiro progresivo de los militares de funciones de seguridad ciudadana, limitando su intervención a situaciones excepcionales, temporales, subordinadas y complementarias, en los que se implementen “mecanismos de control civil y rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas”.

Registro nacional y subregistro de desapariciones

El Comité también identifica debilidades estructurales en el sistema de registro de personas desaparecidas. Aunque reconoce la existencia de plataformas como el sistema DAVIID, señala que Ecuador aún no cuenta con un registro único, interoperable y actualizado que permita dimensionar el fenómeno, especialmente en lo relativo a desapariciones

Entre 2022 y 2025, se registraron más de 30.000 personas desaparecidas bajo la categoría de “desaparición involuntaria”, pero el sistema actual no permite distinguir con claridad cuántos de estos casos podrían corresponder a desapariciones forzadas.

El organismo insta a consolidar un registro nacional exhaustivo que incluya información desagregada sobre identidad, contexto, estado de investigación y características de las víctimas, además de diferenciar entre desaparición y desaparición forzada. En el último delito intervienen agentes estatales. 

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Denuncias, impunidad y grupos afectados:

• El informe recoge denuncias sobre al menos 51 posibles víctimas de desaparición forzada entre 2024 y 2025, presuntamente en el contexto de operativos de seguridad. Estas afectaciones se concentran en provincias como Esmeraldas, Guayas y Los Ríos, y afectan de forma desproporcionada a poblaciones afroecuatorianas en situación de pobreza.
• Asimismo, advierte sobre prácticas como detenciones arbitrarias, incomunicación y demoras en el acceso a defensa, así como la existencia de obstáculos para presentar denuncias, incluyendo la negativa de agentes a receptarlas o la sugerencia de esperar días antes de activar búsquedas.
• El Comité también alerta sobre un posible subregistro de casos, vinculado a la desconfianza en las instituciones y al temor a represalias, especialmente en contextos de militarización.