Estos son los detalles de la versión de cuatro militares que complicarían a un subteniente en el caso de los cuatro de Las Malvinas

El nombre del subteniente John Henrry Z. E. se repite a la hora de señalar responsabilidades en la desaparición de los cuatro menores de edad originarios de Las Malvinas, desaparecidos y posteriormente asesinados tras una detención ilegal en el sur de Guayaquil.

Nuevas versiones señalan al oficial como uno de los hombres que más agredió a Steven Medina, de 11 años, a Josué Arroyo, 14, y a Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años. Además, se ensañó a correazos contra el más pequeño, según los testimonios.

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El subteniente también habría sido quien ordenó abandonar a los menores en una zona rural y apartada de Taura (Naranjal, Guayas), dos kilómetros al este de la cabecera parroquial, avanzada la noche del 8 de diciembre de 2024.

Al menos así se desprende de las nuevas versiones de cuatro de los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) involucrados en el caso Las Malvinas, quienes decidieron colaborar con la investigación bajo el mecanismo de cooperación eficaz y participaron entre la noche del domingo 27 y la madrugada del lunes 28 de abril de 2025 en una segunda reconstrucción de los hechos en el caso.

En la escenificación, los soldados responsabilizaron de las agresiones, principalmente, a cuatro de sus compañeros de armas: un subteniente, un sargento, un cabo y un soldado. Además, de una de las versiones se desprende que el traslado a Taura habría sido premeditado.

“Tranquilo, yo tengo una hueca”

Uno de los soldados que se acogió a la figura de colaboración relató que le preguntó al subteniente -a cargo de la escuadra de 16 militares- sobre dónde iban a dejar a los cuatro menores detenidos en el sur de Guayaquil, tras una supuesta alerta de robo.

Asegura que incluso le sugirió al oficial dejarlos en el mismo sector de Guayaquil. Pero la respuesta del joven subteniente le sorprendió: "No te preocupes, que yo tengo una hueca".

De ser cierta esta versión, los militares nunca habrían planeado entregar a los niños a la Policía, como correspondía en el procedimiento regular.

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Previamente los detenidos habían aducido que planeaban entregar a los cuatro detenidos en la unidad de Policía de la parroquia Virgen de Fátima (Yaguachi), cercana a su destacamento en la Base Aérea de Taura. Aunque la parroquia se ubica a más de 40 kilómetros del sitio de detención y en otro cantón.

Esto también compromete los testimonios previos de los 16 imputados principales -y hay un coronel vinculado por presunta complicidad- respecto a que las dos patrullas se desviaron a Taura por una alerta de supuestos desmanes en la vía de ingreso a esa parroquia rural de Naranjal.

"Todas estas versiones deben ser sometidas a un proceso de contraste con los demás elementos de convicción que forman parte del expediente de investigación".

Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas.

El rol de los señalados:

• El joven subteniente John Henrry Z. E., al mando de la escuadra de 16 militares, habría planeado desde un inicio llevar a los cuatro menores a un lugar apartado de Taura, según una de las versiones. Subteniente es el oficial de menor rango, grado con el que los militares se gradúan de la Academia.

• Al llegar a una zona rural, dos kilómetros al este de Taura, en un camino de tercer orden sin asfaltar (tipo muro carrozable) el subteniente ordenó descender de los dos vehículos, tendió a las víctimas y le disparó en el suelo, a pocos centímetros, al niño de 11 años. Luego le habría dado correazos.

• Además, una de las versiones ubica al subteniente prendiendo el flash de su teléfono celular en la oscuridad y pisando a las víctimas mientras la filmaba por unos segundos. En otro aparte el soldado mencionó que pisó a las víctimas en los pies, la espalda y el cuello. 

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• El subteniente habría ordenado a los menores de edad desnudarse. Una de los soldados dijo que el oficial envolvió el casquillo de la bala disparada en ropa de los menores y tiró las prendas a los bajos del camino, en el flanco sur de la vía, dejando a los cuatro chicos abandonados en el lugar.

• Los testimonios mencionan también como un cabo tiró violentamente del balde de la camioneta a dos víctimas, rompiéndole a una la cabeza en el peaje de la vía Durán-Tambo, para luego darles puñetazos. Están procesados cabos como Rodrigo Raúl N. P. y Ronald P. T.

• En el sitio donde los militares dicen haber abandonado a los niños se ubica además a un sargento, un cabo y un soldado golpeando a los menores. Como el más alto de las víctimas (15 años) se rehusaba a desnudarse, le dieron patadas. El sargento Wilmer Danny L. C. consta como detenido. 

Pruebas deben validar las nuevas versiones

Los 16 militares detenidos se encontraban desde inicios de año guardando prisión preventiva en la cárcel de Latacunga (Cotopaxi). Pero ahora, los cuatro que accedieron a colaborar fueron trasladados a Guayaquil para la diligencia.

La colaboración eficaz que pidieron al ampliar su versión de lo sucedido deberá ser validada por el juez del caso y está sujeta al aporte de información verificable.

Dos de los soldados ubicaron el lugar exacto donde abandonaron a los menores. Se trata de un punto en la trocha donde los implicados decían haber hallado un árbol caído, pero que en realidad era una rama que se podía retraer para que pasen vehículos.

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Allí se hallaron prendas de vestir, presumiblemente de las víctimas. Entre la ropa  se encontraba una pantaloneta azul y parte de una chompa, en apariencia quemada y podrida. Las prendas serán sometidas a un peritaje para que los padres de las víctimas reconozcan si pertenecían a los chicos.

Además, peritos de Criminalística buscaron con detectores de metal restos del proyectil de la bala presuntamente disparada en el suelo, junto al niño de 11 años, pero no la hallaron al borde de la vía.

También se ordenó la extracción de información de un celular de un familiar de uno de los implicados, en busca del video en el que el oficial se grabó pisando a las víctimas. 

En tanto, el abogado de las familias de las víctimas confirmó que cámaras de seguridad captaron imágenes relevantes de parte de los hechos ocurridos al pie del peaje de la vía Durán-Tambo. Esos registros serán analizados en audiencia reservada.

La instrucción fiscal por el presunto delito de desaparición forzada concluye el miércoles 30 de abril de 2025, luego de lo cual la Fiscalía prevé solicitar la convocatoria a la audiencia preparatoria de juicio.