Plan de seguridad de Noboa mantiene a los militares al frente de las cárceles ecuatorianas hasta 2027

El Gobierno de Daniel Noboa expidió el Plan Nacional de Seguridad Integral para el período entre 2025 y 2029. La iniciativa consolida una reestructuración operativa para combatir a las distintas estructuras delincuenciales.

El documento fue aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) el 26 de marzo de 2026. El Plan se adapta a la realidad del conflicto armado interno, una figura que el Ejecutivo ha usado desde enero de 2024.

El Gobierno formalizó la declaración de este Plan como política pública vía decreto ejecutivo el 14 de julio de 2026. Con este paso, anula la planificación avalada durante la época de Lenín Moreno, cuya vigencia legal estaba pactada hasta 2030.

La reciente normativa afianza de manera evidente el accionar de las Fuerzas Armadas en todas las labores de seguridad interna. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional asume y centraliza el control administrativo, la evaluación técnica y el monitoreo de resultados.

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Rediseño de la seguridad

Tras la aprobación de este documento, entre 2025 y 2029, la seguridad integral ecuatoriana incorpora un "enfoque holístico" cimentado en el principio de "acción unificada". 

Este mecanismo táctico exige que todas las capacidades del Estado actúen sincronizadas, abandonando el trabajo individual. Bajo esta premisa, se instauran siete Objetivos Nacionales de Seguridad frente a las 99 estrategias del esquema anterior.

La nueva visión se fundamenta en defender siete "intereses nacionales" considerados vitales. Entre ellos figuran la soberanía, la vida digna, el patrimonio natural y la prosperidad en equidad. 

El objetivo primordial estatal es lograr una transición desde un nivel elevado de conflictividad armada hacia una normalidad social y netamente productiva para toda la población.

Para lograrlo, el Ejecutivo estableció un esquema de prioridades tácticas basado en fines, modos y medios. Los recursos principales ahora incluyen tanto las capacidades nacionales como la cooperación internacional. Esta última es vista no como un simple apoyo, sino como un mecanismo estratégico indispensable frente al crimen organizado transnacional.

Defensa a la cabeza

El derogado Plan de Seguridad de Lenín Moreno otorgaba responsabilidades de evaluación al antiguo Gabinete Sectorial de Seguridad junto con la desaparecida Senplades. 

Ahora, con base en el Decreto Ejecutivo 238 de abril de 2024, el Ministerio de Defensa centraliza por completo el diseño, el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de todas las políticas de este sector.

El aumento de influencia de las Fuerzas Armadas es un pilar del nuevo documento. Durante 2024, cerca de 31.000 militares fueron desplegados en distintas zonas internas del territorio nacional. Para 2025, el Gobierno envió 1.750 soldados adicionales hacia nueve jurisdicciones consideradas críticas por sus índices de criminalidad.

Además, el tercer Objetivo Nacional de Seguridad apunta a reconstruir el sistema penitenciario, considerado como un componente crítico de todo el Estado. 

De forma excepcional, como ha ocurrido desde enero de 2024, las Fuerzas Armadas mantienen el control temporal y estricto de las cárceles. La meta oficial es que para 2027 los militares devuelvan la administración al Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI).

Esta medida responde a una crisis estructural evidenciada en un grave hacinamiento carcelario que hoy alcanza el 29,06%. Las prisiones ecuatorianas albergan actualmente a 34.612 internos, desbordando la capacidad instalada y dificultando enormemente la provisión de servicios esenciales y los programas de rehabilitación.

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Operatividad conjunta

Una de las ofertas del documento radica en la interoperabilidad estatal de todas las bases de datos. Se prevé implementar una articulación técnica, semántica, organizacional y jurídica. El objetivo es que los sistemas y los expedientes dejen de manejarse dentro de cada institución de forma fragmentada.

En la práctica operativa, entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Aduanas compartirán información en tiempo real. Se espera que esta interconexión permita desmantelar el financiamiento ilícito, rastreando los capitales que alimentan a los grupos armados organizados.

Bajo esta lógica, con el nuevo Plan, el CNI adquiere además un protagonismo. Su misión actual consiste en anticipar intervenciones de actores estatales y foráneos que busquen desestabilizar a la nación. A su vez, deberá neutralizar de raíz cualquier estructura subversiva carcelaria.