Defensa de las familias de los cuatro de Guayaquil teme el desvío de responsabilidades hacia un “chivo expiatorio”

La defensa de las familias de los cuatro niños asesinados originarios de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, reaccionó ante la divulgación de versiones de testigos que apuntan a la presunta participación de miembros de una banda criminal en la muerte de los menores de edad. 

Desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, que acompaña y patrocina legalmente a las familias, consideran que estas nuevas revelaciones no deberían desviar la atención de la participación de miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en los hechos.

El papel de los miembros de las Fuerzas Armadas en el primer momento del caso, en el de la desaparición,  “está plenamente configurado”, según señala Billy Navarrete, director ejecutivo del CDH.

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“La desaparición forzada, que es un delito autónomo y gravísimo en materia de derechos humanos, compromete de forma categórica, explícita y evidente a elementos de la Fuerza Pública que detuvieron y ocultaron durante semanas información sobre el paradero de los chicos”, dijo a PRIMICIAS.

El relato de un testigo clave en el expediente del caso (Luigi V.) apunta a que un presunto asaltante de carreteras y cabecilla criminal de la zona rural de Guayas, conocido como alias 'Momo' (Bryan Vicente A.A.), habría ordenado la incineración de los cuerpos de los menores.

Mientras que otros sujetos conocidos como “Ofelio”, “Ñato”, “Ruco” y “Dany” habrían trasladado a los niños en un bote hacia los manglares, ejecutando el crimen, según esta versión. Fiscalía indaga la coartada de un grupo de motociclistas que salió de la Base Aérea de Taura.

Una posibilidad “latente”

Navarrete expresó sus temores respecto a que se busque impulsar un desvío en la narrativa del caso y establecer culpables entre civiles para diluir la responsabilidad de los 16 elementos de la Fuerza Pública involucrados, investigados por la desaparición forzada y quienes guardan prisión preventiva por ello.  

Desde la CDH piden diferenciar entre un primer momento en el que se produce la desaparición de los niños en medio de un procedimiento militar plagado de irregularidades y un segundo momento, cuando se produce el asesinato de las victimas, de entre 11 y 15 años de edad.

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La Fiscalía indaga el primer caso por el delito de desaparición forzada y el segundo por secuestro con resultado de muerte en sendas investigaciones que se desarrollan en paralelo, recordó.

Pero el director de la CDH reconoció que la posibilidad de que civiles vinculados al crimen organizado participaran en la muerte de los niños “siempre estuvo latente”.

“El testigo clave señaló al momento de llamar al papá de uno de los chicos que la mafia se los podía llevar. Esa posibilidad siempre ha estado presente”.

Billy Navarrete, CDH.

Pero explicó que se deben aclarar las relaciones entre los dos momentos. “La Fiscalía está desarrollando una investigación por el fallecimiento que tiene que corroborar estas versiones y esclarecer la relación entre los elementos de la Fuerza Aérea, que dicen haber abandonado a los chicos en la carretera, golpeados y desnudos en medianoche, con el otro momento del caso”.

Navarrete advirtió que la narrativa sobre la participación del crimen organizado en el caso, en la que se escuda la defensa de los 16 militares para intentar salvar responsabilidades, podría buscar crear “un chivo expiatorio” para desviar la atención. “Eso tememos”, dijo.

Las relaciones entre grupos de motociclistas

En el expediente del caso también constan grabaciones y una bitácora de la salida de motorizados de la Base Aérea de Taura, luego de que las patrullas que detuvieron a los niños y los dejaron supuestamente abandonados en la parroquia rural, regresaron a su centro de operaciones en esa misma zona.

Las versiones de los militares involucrados en el caso apuntan a que esos motociclistas salieron tras terminar su turno con destino al cantón Milagro (Guayas), a 17 kilómetros de la base área, donde residían algunos de los militares.

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De esa forma, los uniformados descartan que este grupo de motociclistas esté relacionado con los que un testigo clave del caso dice que rondaban el lugar desde donde las víctimas lograron llamar a uno de los padres. O con las “10 motos” de la “mafia” que finalmente se llevaron a los chicos.

PRIMICIAS conoció que la Fiscalía corrobora está coartada en el marco de la investigación a través de las grabaciones de las cámaras con las que cuenta los peajes del sector, además de la videovigilancia disponible del sistema de atención a emergencias ECU-911.

La ruta de los militares a Milagro deberá coincidir con el de las horas registradas en vídeo de los peajes. Mientras que uno de los grandes desafíos de la investigación es que en la parroquia rural de Taura, sitio clave, existen muy pocas cámaras de videovigilancia.

Los momentos claves del caso

Ismael (15 años) y Josué Arroyo Bustos (14 años), Steven Medina Lajones (11) y Nehemías Saul Arboleda Portocarrero (15), conocidos como los cuatro de Guayaquil, fueron vistos por última vez al ser retenidos por dos patrullas de la FAE el 8 de diciembre de 2024, a las 20:30, en el sur de Guayaquil.

A las 22:40 una de las familias recibió una llamada de un sujeto -testigo del caso- señalando que los chicos habían sido detenido y golpeados por militares, quienes lo habían abandonado en Taura.

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En la llamada uno de los menores mencionó que los militares los interceptaron en inmediaciones de la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, en Guayaquil y posteriormente los dejaron desnudos en el pueblo, una zona rural a casi 45 kilómetros del lugar de la detención. .

Pero poco después el mismo testigo aseguró a la familia que motorizados de la mafia se habían llevado a los menores de edad. Y sobre las 23:00 otro testigo dijo ver a las víctimas en un bar cuando supuestamente miembros de una banda criminal se los llevaban en un bote con destino al manglar. El 24 de diciembre unidades de la policía hallaron los cuerpos incinerados en una zona agreste de Taura.