Ministro de Defensa confirma proceso de separación de militar involucrado en presunto abuso sexual en una cárcel
El hecho quedó registrado en video y ocurrió en una cárcel de Guayaquil. El Ejército presentó una denuncia ante la Fiscalía y el ministro de Defensa anunció que se inició el proceso para separar al uniformado involucrado.

Fotografía referencial de militares en una cárcel de Ecuador.
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@EjercitoECU
Autor:
Redacción Primicias
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El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó el inicio del proceso de separación de un militar involucrado en un presunto caso de abuso sexual contra una interna de una cárcel de Guayaquil, en Guayas.
El hecho fue captado en video y difundido en redes sociales. En las imágenes se observa al uniformado tocando a una mujer por debajo de su camiseta.
La grabación habría sido realizada en la cárcel femenina Guayas 2, que forma parte del complejo penitenciario que agrupa otras cuatro prisiones, entre ellas la Penitenciaría del Litoral.
Tras la difusión del caso, el Ejército informó el 21 de septiembre de 2026 que presentó una denuncia ante las autoridades competentes “para el inicio de la investigación correspondiente”.
Se inició el proceso para separar al uniformado
En una entrevista con Pública FM, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló que, además de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, se inició el proceso de separación del militar implicado.
Loffredo agregó que también se dispuso el cambio del comandante a cargo del centro penitenciario, debido a que el personal militar masculino no debía tener contacto con las internas.
Además, se coordina el aumento de mujeres militares en las cárceles para evitar este tipo de incidentes, que el funcionario calificó como “hechos aislados”.
Sin embargo, el 22 de septiembre volvió a circular otro video que muestra a otro presunto militar junto a otra mujer privada de la libertad, aparentemente en condiciones de vulnerabilidad.
Estas imágenes motivaron la reacción de la Defensoría del Pueblo, que manifestó que activó mecanismos institucionales y de seguimiento para proteger los derechos de las mujeres privadas de libertad.
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